Teresa Ribera trata de blindar la reforma de la tarifa regulada de luz, su siguiente gran reto legislativo -y quizá el último antes de la cita electoral de 2023-. La titular de Transición Ecológica ha salido a buscar apoyos en otros ministerios que amparen los cambios en el modelo de fijación de precios del recibo regulado que se empezarán a aplicar el próximo año. Ribera ha solicitado dos informes, uno al Ministerio de Hacienda que dirige María Jesús Montero y otro al departamento de Política Territorial, que lidera la ministra portavoz Isabel Rodríguez.
El calendario aprieta. El texto de reforma de esta tarifa, conocida como PVPC (Precio Voluntario del Pequeño Consumidor) en la jerga del sector, salió a consulta pública hace una semana, el 5 de octubre. El trámite se cerrará el 7 de noviembre. Ribera avanza con retraso respecto a los plazos apalabrados con la Comisión Europea. Bruselas exigió al Gobierno reformar la tarifa regulada como condición indispensable para dar luz verde al mecanismo ibérico del tope al gas. Ribera tenía previsto trasladar al Ejecutivo comunitario las líneas maestras de este ajuste antes de octubre, casi medio año después de arrancar el aval de los Veintisiete a la 'excepción ibérica'.
La vicepresidenta tercera no quiere contraindicaciones que empañen los próximos ajustes en una tarifa a la que están acogidos más de 10 millones de consumidores, alrededor de un 37% del total. El objetivo de la reforma es reducir la volatilidad del PVPC, ahora indexado al mercado mayorista de electricidad. En los últimos 30 días, el precio de la luz en el mercado ibérico ha llegado a fluctuar de forma puntual de un mínimo de 1,44 euros/MWh (25 de septiembre) hasta un máximo de 280 euros/MWh (4 de octubre).
El proyecto de real decreto que ha publicado el ministerio propone establecer una nueva referencia de precios para esta tarifa. En concreto, se indexará el recibo a una cesta de productos a plazo que incluirá señales mensuales, trimestrales y anuales. El peso de cada una de ellas en la ecuación final será del 10%, el 36% y el 54%, respectivamente. Un equilibrio entre indicadores de largo y corto plazo que persigue un doble objetivo: dotar de estabilidad al modelo sin perder de vista las necesidades del mercado a tiempo real.
En el marco de la consulta pública, Ribera ha solicitado también un informe a la CNMC que recogerá las aportaciones de las Comunidades Autónomas
Transición Ecológica apela a la Ley 50/1997 para justificar el requerimiento de informes a otras carteras. "El centro directivo competente recabará, además de los informes y dictámenes que resulten preceptivos, cuantos estudios y consultas se estimen convenientes para garantizar el acierto y la legalidad del texto", reza la norma. Sea como fuere, el hecho de que Ribera haya solicitado sendos documentos de apoyo es significativo, pues no ha seguido el mismo procedimiento en iniciativas de igual calado impulsadas por su departamento.
Fuentes de Transición Ecológica no han entrado a valorar los motivos en conversaciones con La Información, pero han señalado que estas aportaciones las solicita la Subdirección General Técnica en una fase posterior a la audiencia pública aunque esta vez se han incluido ya en la citada memoria "para ir marcando el procedimiento".
Además de los dos documentos ministeriales, Ribera ha solicitado un informe a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Se trata, este sí, de un movimiento habitual en los procedimientos normativos que ha liderado la cartera. El supervisor dará cuenta de su parecer sobre la citada reforma a través de su Consejo Consultivo de Electricidad, donde están representadas las CCAA.
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