Golpe sorpresa a Iberdrola y Endesa. El Gobierno ha decidido endurecer el hachazo a los beneficios caídos del cielo de las eléctricas, una medida que los representantes del Ejecutivo han mantenido fuera de las últimas reuniones con los primeros espadas de los principales grupos energéticos del país. Así lo ha anunciado este martes Teresa Ribera, tras la reunión del Consejo de Ministros en a que se ha aprobado el plan nacional contra el impacto de la guerra, quien ha confirmado que el Gobierno recortará los beneficios de los nuevos acuerdos de venta de energía a plazo (PPAs en el argot) que se firmen a un precio superior a 67 o 70 euros/MWh.
Moncloa no había desechado la idea de minorar la sobrerretribución de los gigantes del sector públicamente, pero había evitado 'mentar la bicha' en sus últimos contactos con los pesos pesados del negocio eléctrico. Este mismo lunes, durante la puesta de largo del plan antiguerra, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, desgranó punto por punto la batería de medidas que el Ejecutivo ha aprobado este martes contra el actual estado de alarma energético. En presencia del consejero delegado de Endesa, José Bogas, que acudió al acto de presentación a respaldar a Sánchez, el inquilino de la Moncloa prefirió pasar por alto el nuevo rejón a los windfall profits que se ha anunciado este martes.
La medida que plantea el Ejecutivo no es más que una adaptación del decreto 17/2021, donde ya se incluyó una minoración a la retribución extra que, a ojos del Gobierno, reciben las eléctricas al internalizar los altos precios del gas en sus operaciones de venta de energía. Pero el Ejecutivo se vio obligado a excluir de la medida, en vigor desde el pasado otoño, todos los contratos bilaterales, por la presión del lobby eléctrico y dada la confusión que generó la norma a causa de su deficiente redacción.
En otoño, el Gobierno excluyó del recorte, incluso, los contratos intragrupo, aquellos PPAs que firman las generadoras y comercializadoras bajo el mismo paraguas corporativo y que, por esta razón, están sujetos a un control externo muy limitado. Dado que las eléctricas informaron que la casi la totalidad de su energía está bilateralizada, la medida quedó prácticamente en papel mojado.
Ahora la situación es otra. El Gobierno cuenta con el respaldo de Bruselas, después de que la Comisión y el Consejo Europeo hayan incluido en su ecuación contra la crisis energética, los windfall profits de estas compañías, unos beneficios que desde la UE han puesto en el foco al determinar que los Estados miembros pueden hacer uso de ellos para costear las medidas excepcionales contra el caos de precios. Moncloa no ha tardado en aprovechar esta vía.
Fuentes próximas al ministerio que pilota Ribera aseguran a La Información que el Gobierno podría haber dado este paso hace semanas, cuando Bruselas abrió esta puerta a principios de marzo, a través del Toolbox II, solo con modificar ligeramente el real decreto 17/2021. El Gobierno, sin embargo, ha preferido ampliar la citada norma y definir un nuevo marco para la minoración que ha quedado recogido en el decretazo aprobado este martes.
El Ejecutivo ha marcado en entre 67 y 70 euros/MWh el importe extra máximo que las eléctricas pueden computar en sus contratos al calor de la escalada del gas. Aquellos PPAs que sobrepasen este límite serán objeto del recorte. Lo recaudado se destinará a costear la bajada de la factura de los consumidores, aunque el Gobierno aún no ha especificado cómo. En cualquier caso, el golpe del Ejecutivo se limitará a los nuevos contratos, en línea con la restricción que impuso Bruselas en el citado 'toolbox' al prohibir cualquier medida de minoración con carácter retroactivo.
Un jarro de agua fría para Endesa, Iberdrola y EDP
La medida supone un jarro de agua fría para gigantes como Endesa, Iberdrola o EDP, que serán las más perjudicadas por la medida. Hasta el momento, el Gobierno se había limitado a pedir al lobby eléctrico que "arrimase el hombro" para bajar sus tarifas, bajo la amenaza velada de que, si no lo hacían, vendrían males mayores. Y así ha sido. Está por ver, no obstante, la reacción de las grandes eléctricas, que ante los tambores de un nuevo recorte, que Unidas Podemos sacó a colación hace unos días, volvieron a amenazar con un frente en los tribunales.
El Ejecutivo estrecha así el cerco sobre las eléctricas tras hacer lo propio con las petroleras. Estas últimas tendrán que financiar 5 de los 20 céntimos de rebaja al combustible que el Gobierno ha extendido para todos los consumidores (inicialmente la medida se limitaba al transporte profesional). Colosos como Repsol, Cepsa o BP, se anticiparon a la imposición y aplican desde hace días rebajas que, en algunos casos, superan los 5 céntimos a los que obliga el Gobierno.
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