Dos reuniones en tiempo récord y apenas 48 horas por delante para fijar un acuerdo. María Jesús Montero encara una contrarreloj para convencer al lobby petrolero de la fórmula de reparto de costes que el Gobierno ha ideado para dividir el peso de las ayudas directas al gasóleo profesional. En la madrugada de este viernes, el Gobierno llegó a un acuerdo con el Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC), tras más de una semana de paros que han puesto en jaque al país y una jornada maratoniana de negociaciones. El pacto incluye una bonificación para los profesionales del sector de 20 céntimos por litro de combustible, de los que las petroleras deberán costear 5 céntimos y el resto correrá a cargo de las arcas públicas.de ese bono al crudo, según el desglose que ha publicado el Ejecutivo.
Al cierre del jueves, el lobby petrolero aún no conocía cuál sería la fórmula de reparto, según distintas fuentes del sector. Tampoco el importe total de la bonificación, que asciende a 600 millones de euros para el conjunto del sector. La medida estará vigente desde el 1 de abril hasta el 30 de junio con opción a prórroga. La ministra de Hacienda está decidida a llegar al Consejo de Ministros del próximo martes con las cuentas claras. Cueste lo que cueste. Con este objetivo, Montero ha convocado de urgencia a Repsol, Cepsa y BP a extender una ronda de contactos para convencer 'in extremis' a los gigantes del sector del acuerdo para distribuir, entre el Estado y el sector privado, el coste de las ayudas.
Las posiciones de ambos flancos son distantes y a Montero se le acaba el tiempo. El eje del debate es la cuota que debe asumir cada parte para contribuir a zanjar la protesta de los transportistas, cuyos efectos empiezan a dibujar un panorama de emergencia nacional. "Aún no hay acuerdo y es complicado que lo haya", trasladaron fuentes próximas a las conversaciones a La Información al cierre del jueves. En los 'cara a cara' que el Gobierno y el lobby petrolero han mantenido esta semana, dos en 48 horas, las compañías se han mostrado poco inclinadas a 'rascarse el bolsillo', al menos, hasta que el Ejecutivo aclare el criterio que adoptará para repartir, compañía por compañía, la factura de este macrobono sectorial para el carburante.
La urgencia es palpable. Montero y la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, se reunieron con los primeros espadas del sector petrolero por primera vez este martes en el Palacio de la Moncloa. El cónclave arrancó a las 19:30 de la tarde, horas después de que la vicepresidenta tercera y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se vieran las caras con los máximos ejecutivos de las principales eléctricas del país.
Al cónclave con las petroleras faltó Sánchez, siendo Montero quien se sentó junto a Ribera. Al otro lado de la mesa se encontraban el consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, y el nuevo CEO de Cepsa, Maarten Wetselaar. También fueron convocados el presidente de BP España, Andrés Guevara de la Vega, y los presidentes de las patronales AOP, José Antonio Carrillo, y UPI, José María Gordo. En este primer asalto, el foco del debate fue la protesta de los transportistas, que acumulan doce días de paros a raíz de la meteórica escalada de los precios del combustible.
Los primeros espadas de la industria de los hidrocarburos llegaron la tarde del martes a Moncloa con información suficiente para encarar la reunión. La jornada precedente, la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, había propuesto una inyección de 500 millones de euros para bonificar el gasóleo profesional, en el marco del 'tira y afloja' que el Gobierno mantiene con los portavoces de los transportistas. Finalmente, el paquete acordado este viernes de madrugada asciende a 1.050 millones de euros e incluye ayudas directas al sector por importe de 450 millones.
Los máximos ejecutivos de Repsol, Cepsa y BP se mostraron reticentes a asumir según qué porcentaje de ese importe y pusieron en valor la iniciativa privada, más acorde a la sugerencia de "arrimar el hombro" que Sánchez y Ribera habían lanzado horas antes a los presidentes de Iberdrola, Endesa, EDP, Naturgy y Acciona en una reunión en la que se evitó cualquier alusión a una tasa específica para las eléctricas, propuesta que defiende Unidas Podemos. En esta línea, la compañía que dirige Josu Jon Imaz ha optado por una huida hacia adelante y, ayer, anunció que aplicará un descuento de 10 céntimos por litro a todos los profesionales del transporte, hasta el 30 de junio, en su red de gasolineras, un descuento que este colectivo puede sumar a las rebajas que ya les aplica la compañía que preside Antonio Brufau.
Los colosos del petróleo fueron citados a un segundo encuentro el miércoles en la sede de Transición Ecológica. El cónclave se desarrolló en un clima de alta tensión, según fuentes cercanas. El fuego cruzado al que se han lanzado eléctricas y petroleras calentó el encuentro. En este cruce de acusaciones, Iberdrola vuelve a llevar la voz cantante. El grupo que preside Ignacio Galán ha acusado abiertamente a gasistas y petroleras de ser las únicas que se benefician de los windfall profits, los beneficios extra generados por el alza de los derechos de CO2. Literalmente, está sorberretribución la perciben aquellas centrales que no emiten CO2, lo que, por su naturaleza, deja fuera de la ecuación a las tecnologías que no entran dentro de la taxonomía verde.
En plena ronda de contactos con el Gobierno, el gigante Repsol ha iniciado una huida hacia adelante al anunciar ofertas específicas para los transportistas
La perspectiva de una nueva batería de medidas excepcionales para frenar la crisis energética ha puesto en guardia al sector, sobre todo por temor a una nueva ofensiva contra sus beneficios. El Gobierno está decidido a financiar el nuevo plan de choque con la aportación de todos los agentes implicados. "Consumidores, empresas y Estado deben arrimar el hombro", repiten incesantemente todos los miembros del Ejecutivo. En la parte que le toca a las petroleras, fuentes de Hacienda aseguran que no solo esperan la colaboración de 'las grandes'. Esto abre el foco a operadores independientes como DISA, Axoil y firmas low cost, como Ballenoil, Petroprix y Plenoil que también se han lanzado a pescar en río revuelto con sus particulares estrategias comerciales.
Salvo sorpresa de última hora, el día 29 el Gobierno pondrá al fin negro sobre blanco la batería de medidas excepcionales para paliar la crisis energética, en el marco del plan nacional de respuesta al impacto de la invasión de Ucrania. El Ejecutivo aprobará el paquete de medidas una vez desvelada la hoja de ruta antiguerra del Consejo Europeo, que aún debe decidir el margen de maniobra con que contarán los Estados miembros a la hora de atajar la escalada de precios en el mercado energético. Se prevé que el debate de los 27 se alargue hasta este sábado.
María Jesús Montero quiere llegar al Consejo de Ministros del martes con las cuentas hechas, lo que exige articular un modelo de financiación conjunta que incorpore a las petroleras. Este es, por ahora, el frente prioritario. El Gobierno no quiere filtraciones que puedan enturbiar la negociación con las energéticas, proceso del que Moncloa ha excluido a los ministros de la formación 'morada'. Tanto Ribera y Sánchez como la titular de Hacienda han prohibido a los gigantes del sector "destripar" el contenido de estas reuniones, según han trasladado diversas fuentes empresariales a este medio.
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