La reciente irrupción de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en el culebrón de la crisis energética ha roto la tregua entre el Gobierno y las eléctricas, un armisticio que la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, había logrado recomponer tras varios meses de esfuerzo diplomático. Díaz lanzó un aviso a navegantes este miércoles en el Congreso de los Diputados, al revelar que el Ejecutivo está analizando fórmulas para que las "tres grandes eléctricas" amortigüen con sus beneficios el impacto de la subida de la luz en el bolsillo de los consumidores. El anuncio, ampliado este jueves con otra novedad: un impuesto extraordinario a estas compañías, no solo ha soliviantado a los gigantes del sector, también ha puesto negro sobre blanco la estrategia de Moncloa frente al 'estado de alarma' energético en el país.
El riesgo de una batalla en los tribunales llevó a Ribera a recular el hachazo incluido en el real decreto 17/2021, en vigor desde el pasado septiembre, que incorporaba medidas como la minoración de los windfall profits que perciben las centrales no emisoras de CO2 por el alto coste de los derechos de emisión. El Gobierno trabaja ahora en un nuevo plan de choque que se apoyará en el paquete de herramientas de la Comisión Europea (toolbox en la jerga), el más reciente y todavía provisional, fue presentado hace una semana y apoya el uso de los 'beneficios caídos del cielo' de las compañías del sector para financiar las medidas excepcionales que tomen los Estados miembros para aplacar el desbarajuste de precios en el mercado eléctrico.
Moncloa respalda la ofensiva de Yolanda Díaz contra los ingresos extra de las tres 'grandes', según fuentes próximas al gabinete presidencial consultadas por La Información, pero la primicia de la ministra de Trabajo ha puesto en guardia al sector antes de lo previsto. Según fuentes jurídicas, algunas de estas compañías han reactivado su artillería legal en previsión a eventuales medidas confiscatorias que, de acuerdo con las fuentes consultadas, tendrían un corto recorrido judicial y podrían abocar al Gobierno a un batacazo en los tribunales.
El documento de la Comisión Europea es claro. "Las medidas excepcionales adoptadas por los países de la Unión no podrán tener carácter retroactivo". Frente a esta línea roja de Bruselas, la vicepresidenta segunda hizo referencia en el Congreso a los "grandes beneficios" obtenidos por los principales grupos energéticos el año pasado. Las cifras que aportó la ministra de Trabajo hablan de más de 10.000 millones de resultado antes de impuestos obtenidos por las 'tres grandes'. La suma del beneficio neto de 2021 de Iberdrola, Endesa y Naturgy, líderes del sector en España, está por debajo de este umbral. Los cálculos de Díaz tampoco desglosan los ingresos obtenidos por estas empresas en las distintas geografías en las que operan.
Dos altos directivos del sector avisan de que cualquier medida de minoración adoptada contra los resultados del año pasado sería entendida por los accionistas como un mecanismo expropiatorio del Gobierno. La mayor parte del capital de los grupos energéticos está en manos de grandes inversores internacionales. Las mismas fuentes advierten de que, ante este escenario, los colosos del sector recurrirán a los tribunales, como ya se plantearon el pasado otoño antes de que el Ejecutivo diese marcha atrás para matizar el polémico real decreto del 14 de septiembre hasta dejarlo prácticamente sin efecto. La citada norma provocó una tormenta bursátil que se llevó por delante alrededor de 8.000 millones de capitalización en el conjunto del sector eléctrico.
Los gigantes eléctricos están decididos a recurrir en los tribunales eventuales medidas confiscatorias que mermen los beneficios obtenidos el año pasado
El calendario de Bruselas ha llevado al equipo de Ribera a trabajar con la máxima discreción en el diseño de un nuevo paquete de medidas para aplacar la desbocada escalada del mercado eléctrico que se ha visto agravada por la ofensiva militar de Rusia en Ucrania. "Transición Ecológica ha extremado las precauciones para evitar filtraciones", traslada el portavoz de una de las patronales del sector que departe regularmente con la ministra.
El Gobierno incluirá todas estas medidas en un nuevo real decreto que Moncloa tiene previsto aprobar el próximo 29 de marzo, después de que el Consejo Europeo, cuyo próximo cónclave está agendado los días 24 y 25 de marzo, salvo sorpresa de última hora. Hasta entonces, tanto Ribera como el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, habían optado por excluir los detalles de sus píldoras informativas acerca de los planes del Ejecutivo, limitándose a deslizar que se apostará por "socializar el esfuerzo" entre todos los afectados por el descontrol de precios de la energía.
Desde uno de los despachos de cabecera de los gigantes del sector, apuntan a que el Gobierno priorizará la celebración de nuevas subastas que obliguen a las grandes eléctricas a vender a plazo parte de la energía que producen a un precio menor al que marca el mercado mayorista (pool en el argot). "Los grandes grupos energéticos adoptarían una posición menos beligerante ante esta medida, mientras que un mordisco directo a sus ingresos levantaría en armas al sector". En cualquier caso, la declaración de intenciones de Yolanda Díaz ha servido para agitar el actual estado de 'calma chicha' que vive el país, a la espera de que Bruselas ponga todas las cartas sobre la mesa la próxima semana.
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