A Jaume Roures se le acumulan los pleitos con las ligas europeas a cuenta de los derechos del fútbol y las cuantiosas alianzas firmadas con las patronales de clubes para su explotación. Después de varios problemas surgidos en Francia, ante el impago del segundo plazo tras el estallido del coronavirus, Mediapro afronta una batalla legal contra la Serie A italiana por la rescisión del contrato ante la falta de garantías. La compañía española desvela que ha reclamado los 52 millones de euros anticipados con la firma en el año 2018 y 210 millones de euros 'extra' por la indemnización ante los daños y perjuicios generados.
Fue en marzo del año 2018 cuando se formalizó el contrato por el que Mediapro se quedaba con los derechos de la primera división de la liga italiana por 1.050 millones de euros cada una de las tres temporadas siguientes. Su papel, como el que asumió hace años en España, era el de intermediario: posteriormente revendería los derechos a otros operadores de televisión. Este movimiento despertó las críticas de otros competidores en esa puja, como el canal Sky. Dos meses después, la patronal transalpina decidió rescindir el contrato al no haber presentado la garantía necesaria con la que respaldar los millonarios pagos y arrancó un nuevo concurso. Para cerrar el círculo, acudió a los tribunales de Milán para lograr el respaldo legal a esta decisión y además exigir una indemnización, que no sería inferior a 194 millones.
En un primer momento se fijó una vista para el juicio a mediados del año 2019. Ambas partes decidieron posponerla en varias ocasiones después de iniciar conversaciones para llegar a un acuerdo. Hubo un último aplazamiento y se fijó la fecha para el 28 de abril. Mediapro contestó a la demanda y pasó al ataque, al exigir a la Lega Natzionale la devolución de los 52 millones de euros adelantados, a cuenta del contrato, además de una indemnización en unos 210 millones, según desvela en la memoria anual recién publicada.
Pese a los riesgos significativos, los asesores de la filial italiana de Mediapro son proclives, dado la fase inicial en la que se encuentra estaba batalla legal, a no provisionar nada. Entienden que hay argumentos "serios" para defenderse y, en caso de prosperar, "es altamente probable que la liga sea condenada a devolver el anticipo". "Aun en el peor escenario, es bastante remoto que se puedan conceder los daños en la extensión solicitada por la liga", aseguran.
Esta pelea podría suponer un nuevo problema para las cuentas del conglomerado de Roures, hoy controlado por el grupo chino Orient Hontai Capital -tras pagar algo más de 1.000 millones de euros por el 53% precisamente ese año 2018-. Se suma a la que se ha iniciado en la Liga de Fútbol Profesional de Francia (LFP), después de que la española haya decidido no abonar el segundo plazo de octubre de los derechos de retransmisión, que supondría más de 170 millones de euros. Tras este primer movimiento, se ha iniciado un procedimiento de conciliación para tratar de llegar a un acuerdo. El empresario catalán busca recortar el precio pactado por la situación generada por el coronavirus en la industria del fútbol: "No se puede esperar que las cosas continúen como antes; también somos víctimas de la situación".
Fin a litigios con Prisa y Telefónica
Donde sí que ha ido cerrando algunas batallas iniciadas en años anteriores es en España. Con Grupo Prisa (Audiovisual Sport) mantenía un enfrentamiento histórico por lo que vino a denominarse la guerra del fútbol. En septiembre del pasado año ambas partes suscribieron un acuerdo por el que el grupo de medios dueño de El País abonó 51 millones de euros de indemnización, lo que puso fin al procedimiento y a los dos litigios adicionales que ambas partes mantenían.
Por otra parte, Roures también tenía una 'herida' abierta con Telefónica por desistir a la oferta hecha por la teleco para los canales 'Abono Fútbol' para la temporada 2015-2016. A mediados del año pasado, según desvela ahora Mediapro, se dictó sentencia desestimatoria de la demanda interpuesta por la operadora. Tras ello, ambos llegaron a un pacto por el que la productora abonó parte de la cantidad reclamada por la teleco y ésta desistió de apelar la sentencia en instancias superiores. Posteriormente se llegó a un acuerdo por el que el grupo con sede en Barcelona llevaría a cabo producciones para los próximos seis años.
Por si fuera poco, Hacienda también ha golpeado a la compañía con una nueva inspección. En febrero del año 2019 se inició una investigación por las retenciones a cuenta del Impuesto sobre la Renta de no Residentes entre 2014 y 2017. Se inicia como consecuencia de la solicitud de ingresos indebidos que Mediapro presentó con el objetivo de recuperar aquellas retenciones soportadas como mayor precio por adquisición de derechos de retransmisión de las competiciones deportivas a operadores internacionales. "La sociedad entiende que no pueden ser calificadas como 'obras literarias, artísticas o científicas' y, por lo tanto, no protegidos por los derechos de autor como obra audiovisual según el convenio para evitar la doble imposición", explica. Hacienda ha levantado un acta, que la empresa no cifra en la memoria, que previsiblemente va a ser pleitada.
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