A la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) ha vuelto a echársele el tiempo encima en la búsqueda de un seguro que cubra a sus consejeros y a su alta dirección. El hólding estatal tiene menos de un mes para cerrar un acuerdo con una aseguradora que garantice la cobertura de responsabilidad civil y contable a los altos cargos de la institución por el plazo de un año, antes de que venza el contrato actualmente vigente. Se trata de un 'escudo' indispensable, más aún desde que la SEPI asumió la gestión los 10.000 millones del fondo de rescate a empresas estratégicas.
La SEPI ha optado por un procedimiento negociado en lugar de un trámite abierto. Esto limita, de entrada, la afluencia de postores, ya que permite a la sociedad que preside Belén Gualda reducir la participación a solo tres candidatos. Una precaución aparentemente innecesaria, teniendo en cuenta que el exceso de competencia nunca ha sido un escollo en el historial de convocatorias que ha lanzado el organismo estatal.
La última vez que el holding público sacó a concurso la cobertura civil anual de su cúpula, a principios de 2021, la licitación quedó desierta. Esto obligó a la SEPI a relanzar la convocatoria por más del doble del importe inicial, lo que revalorizó el contrato de cobertura desde hasta los 220.000 euros, frente a los 100.000 inicialmente previstos, como relató en su día La Información.
Es por ello que esta vez la SEPI ha preferido cubrirse las espaldas y ha valorado el nuevo contrato en 350.000 euros, un importe significativamente superior al de las convocatorias precedentes. De hecho, es el contrato de cobertura más caro desde que hay registros.
Con este movimiento, el hólding trata de evitar una situación como la que vivió entre finales de 2020 y principios de 2021, cuando sus directivos estuvieron desprotegidos durante varios meses ante las dificultades que sufrió el holding estatal para cerrar el relevo del gigante asegurador AIG (American International Group).
Este espacio en blanco tuvo lugar en el peor momento, justo en plena efervescencia del fondo de rescate que agudizaba "la necesidad de buscar, de manera externa, cobertura sobre todas las consecuencias económicas que puedan exigirles (a sus directivos) terceros por las posibles negligencias cometidas en el ejercicio de su cargo", objeto del citado contrato.
Algunos de los trámites llevados a cabo por el hólding en el marco del balón de oxígeno del bautizado como Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas han tenido consecuencias jurídicas para la SEPI. Fue el caso de la concesión de la ayuda estatal de 53 millones de euros a la aerolínea Plus Ultra, que llegó a los tribunales tras la acusación popular de Vox, el Partido Popular y Manos Limpias contra diversos miembros del consejo de administración del hólding, incluido su vicepresidente, Bartolomé Lora.
El organismo público ha elevado el importe del contrato al máximo desde que existen registros, a fin de evitar situaciones de desprotección
Mapfre fue la primera aseguradora de SEPI. El grupo asegurador que preside Antonio Huertas se ocupó de dar cobertura a los directivos de la empresa pública desde 1991 hasta 2018. Ese año, el holding estatal entendió que era conveniente revisar la prestación de este servicio, dada "la antigüedad de la póliza y los cambios operados en materia de contratación pública". El ente público inició un nuevo proceso de selección en el que AIG tomó el testigo.
La protección de la cúpula de la SEPI excede los trabajos propios del hólding. Buena parte de sus altos cargos se sientan en el consejo de administración de sociedades cotizadas y grandes empresas del país como vocales del organismo público. Desde Enagás hasta Indra o Air Europa. Esto agudiza la necesidad de protección ante posibles reclamaciones económicas que pudieran derivarse de la toma de decisiones propias de su actividad y que, como reconoce la SEPI, pueden "comprometer la responsabilidad y el patrimonio" de sus representantes.
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