El Estado español ya controla más del 24% de Indra tras comprar a Corporación Financiera Alba, el 'holding' de la familia March, el 3,2% que aún poseía en la compañía. Un movimiento estratégico con el que logra su objetivo de superar el 23% necesario para nombrar un tercer consejero. La operación se ha cerrado a un precio de 11 euros por acción, lo que eleva el montante de la misma por encima de los 62 millones de euros, según ha comunicado el 'holding' a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) este viernes.
En concreto, la SEPI cuenta con un 24,023% del capital social de Indra tras la compra de esta participación, según datos proporcionados por la compañía a Europa Press. Por parte del 'holding', esta operación supone una plusvalía antes de impuestos superior a los ocho millones de euros y el fin de la trayectoria de Corporación Financiera Alba como accionista de Indra, compañía en la que entró hace más de una década. Los 11 euros pagados por acción, suponen una prima del 3% respecto a la cotización actual de la tecnológica y un precio un 4% superior al paquete del 5% del grupo que vendió anteriormente Alba al grupo de defensa vasco SAPA el pasado diciembre.
Tal y como avanzó La Información, SEPI arrancó hace varias semanas la compra de acciones de manera selectiva para no influir en el precio de los títulos. El pasado viernes comunicó un incremento de su posición en 1,4 puntos porcentuales desde el 18,7% al 20,1%, según ha reflejado en la comunicación a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
SEPI cuenta con una autorización del Gobierno para alcanzar un 28% de capital en Indra y consolidarse como su accionista de referencia. En caso de que se cierre la operación antes del martes, el ente público podría añadir al orden del día de la junta de accionistas del próximo 23 de junio el nombramiento de un tercer consejero. SEPI comenzó con sus compras el 9 de abril, cuando la acción abría a 9,4 euros. Desde entonces, y pese a las incertidumbres bursátiles, el valor de la acción ha crecido un 13,2%.
La empresa pública reconoció por primera vez en la convocatoria de la junta de accionistas su voluntad de sumar un tercer consejero en la compañía que se una al exministro de Industria, Miguel San Sebastián, y al exdiputado Antonio Cuevas. Hace algo más de un año, la entidad promovió un relevo al frente de la compañía que desembocó en la salida de Fernando Abril Martorell como presidente ejecutivo y un nuevo modelo de gobernanza con Marc Murtra como presidente no ejecutivo y dos consejeros delegados.
Con estos movimientos persigue demostrar la fuerza del organismo público, que busca tener una influencia mucho mayor en el futuro de la compañía en un contexto de más gasto público de Defensa y de mayor peso de los programas europeos. Ya dejaron claro que la decisión respondía al "propósito de dotar a Indra de una estabilidad accionarial y un apoyo eficaz para que pueda llevar a cabo con éxito los compromisos asumidos”. Después de esa declaración, y sin que se hubiera ejecutado una compra masiva de títulos, se produjeron dos dimisiones muy relevantes: la del responsable financiero, Javier Lázaro, y la de la consejera delegada del área tecnológica (Minsait), Cristina Ruiz.
La salida que no se ha producido aún es la de Ignacio Mataix, único consejero delegado y con poderes ejecutivos, pese a que se ha incrementado la presión interna para que suceda. La ministra de Industria, Reyes Maroto, lo dejó 'fuera de juego' la semana pasada después de insistir en no descartar a ninguna empresa, ni tampoco a Indra, para la entrada en el consorcio español de ITP Aero. El ejecutivo había defendido ante los analistas hasta en dos ocasiones que era una transacción que "no estaba sobre la mesa".
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