La Audiencia Nacional se divide por la ‘tasa RTVE’. Dos magistrados de la Sala de lo Contencioso se han desmarcado de la mayoría emitiendo en las últimas semanas sendos votos contrarios a la decisión de tumbar los recursos presentados por las operadoras de telecomunicaciones contra una figura impositiva que se aprobó hace más de una década y que ha implicado el pago de más de 1.500 millones de euros para financiar la radiotelevisión pública. Telefónica, Orange y Vodafone llevan años pleiteando contra esta tasa, que será sustituida parcialmente con la nueva ley audiovisual que ahora se tramita en el Congreso de los Diputados.
El Tribunal Constitucional ya rechazó pronunciarse sobre ese potencial incumplimiento de la Carta Magna con esta tasa que grava el 0,9% de los ingresos anuales de los grupos de este sector. Lo hizo a mediados del año pasado después de que la Audiencia Nacional formalizara una cuestión prejudicial. Por “motivos formales” fue rechazada, tal y como avanzaba Telefónica en sus informes anuales. A partir de aquí, la Sala de lo Contencioso de la Audiencia ha vivido una cierta fractura interna entre los magistrados sobre la posición del tribunal, al igual que se vivió también en el Tribunal Supremo.
En las últimas semanas, en pronunciamientos sobre los recursos presentados contra las liquidaciones de esta tasa ejecutadas por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), los magistrados de la Audiencia Helmuth Moya Meyer y Javier Eugenio López Candela han mostrado su disconformidad. El primero ha repetido su posición en varias de las sentencias emitidas desde comienzos de año, tal y como queda reflejado en los votos particulares consultados por La Información. No entiende por qué no se ha vuelto a tocar a la puerta del TC de nuevo corrigiendo los “graves defectos” contenidos en esa petición. Admite que la cuestión habría tenido “pocas posibilidades de prosperar” dada la jurisprudencia previa, pero cree que se tendría que haber llegado hasta el final. Argumenta que es una "mera conjetura" el argumento para justificar esta tasa de que la renuncia de RTVE a emitir publicidad incrementará los ingresos de todos lo operadores.
En ese voto particular, que se ha repetido de manera idéntica en las diferentes sentencias, el magistrado trata de desentrañar si realmente la retirada de los anuncios comerciales en la televisión pública generó un beneficio al resto. "La mera expresión de 'renuncia' a emitir publicidad, como si los anunciantes fueran patrimonio de la entidad, refleja una posición ideológica alejada de la realidad", apunta. Y señala que en la elaboración de la ley de financiación se desconoce que la crisis de los medios audiovisuales generalistas es la que está generando la pérdida de audiencias y la consiguiente reducción de ingresos. "No hay siquiera un reflejo de esta justificación en la estructura de la exacción", apostilla. La base imponible no se determina de acuerdo con el incremento de los ingresos publicitarios producido a partir de la renuncia de RTVE sino sobre el volumen de facturación bruto.
En una liquidación recurrida por Telefónica, Javier Eugenio López Candela también incide en que el rechazo de la cuestión prejudicial del Constitucional fue basado en "razones estrictamente formales". Resalta como "un acierto" la estrategia de la operadora presidida por José María Álvarez-Pallete, al equiparar la situación jurídica causada por este caso con la del impuesto a la plusvalía, que finalmente fue tumbado por el Tribunal Constitucional. Pone sobre la mesa un argumento: la obligación de demostrar la existencia de riqueza 'extra' -obtenida como consecuencia de la aplicación de la ley de financiación de RTVE- recae en el organismo liquidador, que es la CNMC, y no en las empresas o en el propio tribunal. Y, según él, no se ha hecho patente, por lo que entiende que se deberían anular las liquidaciones y abonar los intereses.
Los votos contrarios de los dos magistrados dudan de que se haya demostrado que las telecos se 'enriquecieran' con la retirada de la publicidad en RTVE desde 2009
Estos dos votos particulares han cambiado el paso de la mayoría de la Sala de lo Contencioso que lleva más de un año sacando adelante sentencias en las que no les da la razón a Telefónica, Vodafone y Orange en sus pretensiones de echar atrás las liquidaciones de esta tasa. Defienden que no existe esa potencial inconstitucionalidad. Con esta mayoría, se mantiene el 'statu quo' de una tasa contra la que han peleado de manera intensa las operadoras en la última década.
Una 'tasa' hasta 2023
Ante este creciente malestar y en pleno arranque del despliegue de las redes ultrarrápidas de quinta generación (5G), el Gobierno prometió el año pasado que les eximiría de pagar este 0,9% sobre sus ingresos brutos. Sin embargo, la disposición última del proyecto de la nueva ley audiovisual que se debate en el Congreso de los Diputados contemplaba que se prorrogaba esta obligación hasta el año 2023. No sólo deberán seguir pagando los más de 130 millones de euros, sino que además los gigantes del streaming como Netflix o HBO no tendrán que hacerlo.
La llamada 'tasa RTVE' se aprobó en el año 2009. Después de un intenso debate, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero saca adelante en el Congreso la ley de financiación de la Corporación. Elimina de un plumazo la publicidad privada y decide que, como en otros mercados europeos, sean las televisiones privadas las que paguen buena parte del presupuesto. Pero introduce un nuevo actor: las operadoras de telecomunicaciones. Éstas debían abonar el 0,9% de todos sus ingresos brutos no audiovisuales. La entonces patronal del sector Aetic, que representaba a Telefónica, Vodafone y Orange, puso el grito en el cielo: "Pagan los que ganan dinero y no los que pierden". Desde su creación ha implicado el pago de más de 1.500 millones.
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