Un primer jarro de agua fría antes de una posible victoria. El Tribunal Constitucional ha rechazado la cuestión de constitucionalidad sobre lo que se conoce como 'tasa RTVE', con la que las operadoras de telecomunicaciones financian anualmente la radiotelevisión española desde el 2009 aportando el 0,9% de sus ingresos anuales. Esta decisión se ha tomado antes de que el Gobierno aborde una revisión de esta figura impositiva como uno de los ‘guiños’ prometidos a Telefónica, Vodafone y Orange antes de la subasta de espectro radioeléctrico y el nuevo despliegue de las redes ultrarrápidas 5G.
Las compañías del sector llevan años clamando contra esta tasa, que califican como injusta. Después del ‘no’ del Tribunal Supremo, en el que hubo un intenso debate interno con un voto particular, acudieron a la Audiencia Nacional, reclamando todas las liquidaciones de esa tasa durante los primeros años. Este último tribunal optó por preguntar al Tribunal Superior de Justicia de la UE (TJUE) sobre su adaptación al ordenamiento europeo. Su respuesta: sí que respeta toda la regulación. Después fue al Tribunal Constitucional, para analizar si, como defienden las operadoras, es inconstitucional. La respuesta también ha sido negativa.
Tal y como queda reflejado en el informe anual de la principal filial de Telefónica en España, consultado por La Información, el Constitucional no ha admitido la cuestión de inconstitucionalidad planteada por la Audiencia Nacional “por motivos formales”, sin precisarlos. Ante esta circunstancia, aún no se ha hecho público si la Sala de lo Contencioso decide volver de nuevo a la carga, corrigiendo esos defectos de forma, o finalmente cierra la puerta y plantea un fallo definitivo contra las aspiraciones de estos grupos. Ya los tres magistrados de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo expresaron en su voto particular que la Ley de Financiación de RTVE podía ser contraria al principio de capacidad económica reconocida en la Constitución.
Se trata de un nuevo jarro de agua fría judicial para una de las grandes reivindicaciones fiscales que han puesto sobre la mesa las compañías de red durante los últimos años. "Es totalmente arbitraria y no encuentra ningún tipo de justificación al no ser las empresas de telecomunicaciones las principales beneficiarias de la no publicidad en la televisión pública", apuntaba la patronal del sector. La factura pagada por todas ellas asciende a más de 1.400 millones de euros. En el año 2019, último del que hay cuentas cerradas, se recaudó 190 millones por esta tasa. Las telecos aportan casi siete de cada diez euros.
Pero la tristeza podría durar poco en el lado de las telecos, si finalmente el Gobierno cumple con la promesa que hizo la propia vicepresidenta, Nadia Calviño, hace varias semanas a los primeros ejecutivos en un encuentro para tratar de acercar posturas de cara a la próxima subasta de espectro radioeléctrico de 700 'megahercios' para las redes 5G. Uno de los 'guiños' que planteó fue una revisión a la baja de esa tasa o, al menos, un reparto entre los nuevos actores del mercado audiovisual como las plataformas de streaming o tecnológicas como Twitch.
Netflix, HBO, Amazon Prime y otras compañías de vídeo no deben aportar parte de sus ingresos en España a ninguna de las tasas. Ni a la que sirve para financiar el cine europeo, algo que debería cambiar con la nueva ley audiovisual que impulsa el Ejecutivo de Pedro Sánchez, ni a esta de RTVE. Sus ingresos son una incógnita, pues hasta hace muy poco prácticamente todos han cobrado a sus clientes españoles desde Países Bajos, Suecia o Luxemburgo. Pero hay que tener en cuenta, según los datos de la propia CNMC, que casi la mitad de los hogares con acceso a internet ya tienen al menos una suscripción a este tipo de servicios.
¿Cambios en la ley audiovisual?
La duda reside en cómo se abordará el cambio legal necesario para reajustar esa 'tasa RTVE'. En un primer momento, el Gobierno dejó fuera de la reforma de la ley audiovisual este aspecto, alegando que toda la financiación de la radiotelevisión se regula a través de su propia ley, aprobada en el año 2009. Sin embargo, según explican varias fuentes conocedoras, desde Economía estarían analizando si hacer todas las modificaciones desde esa normativa audiovisual. Todos estos cambios contribuirían, precisamente, a un nuevo periodo de consultas sobre una nueva versión del anteproyecto, apuntado por La Información.
Más allá de cómo se aborde este reajuste de la tasa, la realidad es que el golpe que acaba de asestar el Tribunal Constitucional a las aspiraciones de las telecos se suma a una larga lista. Las compañías también han sufrido recientemente un varapalo en el Tribunal Supremo (y el TJUE) por las tasas municipales del 1,5% de sus ingresos, que fueron creadas por cientos de ayuntamientos tras la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y que han sido ratificadas. La primera sentencia, referida a un caso de Orange contra el Ayuntamiento de Pamplona, ha abierto la veda y en los dos últimos meses ha habido un aluvión de pronunciamientos en el mismo sentido contra la operadora francesa y el resto de rivales.
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