El primer preacuerdo fue ‘exprés’ en un cambio claro de estrategia de Telefónica para acercar posturas y acelerar el proceso lo máximo posible. Ahora, casi dos semanas después de celebrar ese primer hito, la dirección de la operadora de telecomunicaciones en España y las organizaciones sociales están citadas para firmar un pacto que blindaría la ‘paz social’ para los próximos años. En este contexto, CCOO es el único que aún no ha tomado una decisión. Celebra la mañana de este miércoles el consejo nacional que deberá decidir, con cierta división interna sobre la propuesta final del Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que afecta a 3.400 empleados de las tres principales filiales del país. Por la tarde, están citadas todas las partes para la rúbrica definitiva y arrancar el proceso de adhesiones con la plantilla en vilo.
Según explican diversas fuentes sindicales a La Información, existen voces críticas con el acuerdo del ERE en el seno de CCOO, tanto en la sección sindical de Telefónica, como en los órganos superiores. El sindicato firmó un 'preacuerdo' el pasado 21 de diciembre, pero la división interna se mantenía alrededor especialmente de la voluntariedad total. Esta era una de las líneas rojas que habían fijado los sindicatos, pero finalmente se aceptó que hubiera despidos forzosos en caso de que no se llegara a la cifra acordada.
La pasada semana, el sindicato volvió a dar luz verde a ese texto ya acordado, aunque supeditado a lo que dijera su propio consejo estatal de la operadora, donde están representados los delegados de todas las provincias. Este ha sido fijado para este miércoles por la mañana. Según explican las mismas fuentes, el debate interno se mantiene. Pese a todo, otras fuentes del comité de empresa de las tres filiales aseguran que, aunque no es imprescindible el voto favorable de la organización, se quedaría sola si opta por no estampar su firma pues UGT y Sumados-Fetico lo respaldan. El primero de ellos ya dio su beneplácito completo después de que su órgano consultivo ratificara por unanimidad el texto tanto del ERE como del nuevo convenio colectivo.
Bien es cierto que para la operadora lo mejor sería una unanimidad entre los principales representantes de los trabajadores para así blindar la 'paz social' al menos durante los tres próximos años. Durante la última década todos los acuerdos de este calado han sido firmados por todos los representantes. La decisión de no suscribir un ERE por parte de alguno de los sindicatos abre la puerta a una judicialización a través de la vía contencioso-administrativa.
Ya en el plan de bajas en forma de programa de suspensión (y no de ERE) de 2021, CCOO también vivió cierta división interna sobre la posición respecto a ese nuevo recorte laboral. En plenas conversaciones con la empresa se produjo la abrupta dimisión del secretario general de CCOO, José Ignacio Miñambres, mientras se avivaban las voces internas que señalaban esas diferencias. Desde la organización también fueron críticos en un principio con el ERE de 2011.
En ambos casos, tanto el ERE de 2011 como el PSI de 2021, se suscribieron los acuerdos. También mostraron dudas sobre si abrir un nuevo convenio colectivo en la operadora u optar por una prórroga para negociar un texto definitivo tras aclarar cómo queda el panorama tras las fusiones y operaciones corporativas. A la postre se adhirió a UGT y se unieron para reclamar un documento regulador nuevo para negociarlo en paralelo al ERE y así blindar su posición de fuerza ante la empresa.
La voluntariedad como clave
El despido colectivo se acordó inicialmente el pasado 21 de diciembre tras un cambio relevante de posición de Telefónica para acercar posturas tras una primera fase de la negociación con un perfil más duro. El ERE afecta a 3.411 -casi 2.960 correspondientes a Telefónica de España y el resto para Móviles y Soluciones-. Esto supone 1.700 menos respecto a la propuesta original. Las rentas a percibir con la indemnización serán del 68% del salario regulador para los nacidos en 1968 (55 años). Para los nacidos entre 1964 y 1967 se entregará un 62% del salario. En todos los casos hasta los 63 años.
Una de las claves más relevantes tiene que ver con la voluntariedad. Ya en el plan de bajas de 2021 se eliminó una de las condiciones históricas exigidas por los sindicatos en este tipo de reducciones de personal: la universalidad. Se instauraron los vetos y se impidió la salida de algo más de un centenar de empleados que se situaban en las áreas que la empresa consideraba como críticas. En este ERE se ha cruzado otro límite. La empresa prevé que haya un porcentaje de adhesiones suficiente para no recurrir a salidas forzosas, pero éstas están contempladas en el pacto en caso de no llegar a esos 3.411.
Fuentes sindicales consultadas aseguran que aún no hay previsiones certeras sobre cuál será el nivel de adhesión para este ERE. En 2021, en el último plan de suspensión, el 80% de los nacidos en 1967 (55 años) se presentaron voluntarios para salir. Para los mayores, el porcentaje fue de apenas el 26%. De los casi 3.000 potenciales beneficiarios se sumaron 2.420, aunque finalmente se aceptaron algo más de 2.300 debido a los vetos.
