Se han necesitado 72 horas para acercar las posturas que estaban alejadas en el arranque de semana. Telefónica ha abrochado un 'acuerdo exprés' con los sindicatos para asegurarse la paz social antes de que se produzca la sacudida accionarial con la previsible llegada al consejo de la saudí STC y del Estado a través de la Sepi, cuya compra del 10% de los títulos arrancará ahora. La operadora, que afrontará un pago de cerca de 2.000 millones de euros para abordar las salidas que tendrá que ser provisionado en las cuentas de 2024, dio un 'empujón' importante a las condiciones del Expediente de Regulación de Empleo (ERE) y del convenio colectivo en las dos últimas reuniones. Esta actitud contrasta con la adoptada durante la pasada semana, cuando los representantes de los trabajadores alertaron en público de una posición excesivamente dura de la compañía.
"La actitud ha cambiado por completo desde el inicio de esta semana", aseguran fuentes sindicales a La Información. La empresa llegó a poner sobre la mesa algunas condiciones que estaban muy lejos de las fijadas en otras negociaciones sociales, como la movilidad geográfica forzosa o una indemnización tope para el ERE de apenas el 60% -muy lejos del 68% pactado en el despido colectivo de 2011 y de las condiciones de los últimos PSI-. Y con una cifra de afectación que se planteó en la constitución de las mesas de negociación del expediente de 5.100 puestos de trabajo, muy por encima de lo que se había barajado en un primer momento.
Esa constitución de las mesas del ERE, que marca el arranque de las conversaciones, se produjo el pasado 4 de diciembre. Pero realmente la negociación formal arrancó el martes 11. En diez días se ha finiquitado un acuerdo y UGT ha pasado de rechazar la propuesta con palabras especialmente gruesas a asegurar que el acuerdo alcanzado permite "blindar la estabilidad económica y el futuro acceso a la jubilación de los compañeros que se adscriban a la oferta de prejubilación, que es sin duda la mejor alcanzada en la historia de Telefónica y, posiblemente de España".
La elección del ERE tiene sus peculiaridades respecto a un plan de suspensión como es el PSI. Las indemnizaciones entregadas tienen ventajas fiscales (están exentos los primeros 180.000 euros) pero hay una desvinculación total de la empresa. Ese 68% que se ha logrado como tope es beneficioso para la plantilla, aseguran las fuentes sindicales. Hay una salvedad respecto a los programas de 2021 o 2019: entre los 63 y los 65 años, los empleados ven recortadas sus indemnizaciones. Pero, como apuntan desde las organizaciones sociales y corroboran fuentes internas, los trabajadores podrán prejubilarse y compensar el impacto en la pensión con ese 34% del salario para los más jóvenes y 38% para los veteranos.
La clave de esta negociación del despido colectivo iba a estar en las condiciones económicas, desde el momento en el que la operadora abrió una puerta que no se había abierto en los planes de bajas anteriores. La voluntariedad total se eliminó desde el minuto uno. Y los sindicatos han tenido que asumir el hecho de que hubiera forzosos, que se había fijado como 'línea roja'. Es una de las medidas que han aceptado a cambio de permitir que el centenar de vetados en el PSI de 2021 entren en este ERE o la posibilidad de abrir salidas también en áreas críticas donde no hay "excedente laboral".
Reto operativo
En cuanto a la afección total se ha recortado en 1.700 la cifra de empleados incluidos. Las consecuencias de esa reducción importante por parte de la empresa se verán en el calendario de salidas. Pese a que desde la empresa se había planteado la posibilidad de que fuera un plan plurianual hasta el año 2026 -año final del plan estratégico-, la realidad es que la mayor parte de las salidas se producirán a finales del próximo mes de febrero. Se dejará la ventana abierta hasta 2025, pero las salidas más tardías serán muy minoritarias. Esto será todo un reto operativo para la operadora, pues ya en 2021 y en 2019 lo fue con los planes de bajas.
En el convenio, la mesa de negociación ha mirado de reojo a lo que estaba sucediendo en el ERE. Los sindicatos sabían que su posición de fuerza crecía si vinculaban ambos pactos para blindar la paz social. Y la mejora de las condiciones en esta última semana ha sido ostensible, según explican desde los sindicatos. No sólo se ha eliminado la criticada movilidad forzosa, que vuelve a caerse del texto, sino que también se ha mejorado la subida salarial para calcarla a la que se ha tenido desde el año 2019 y con las prórrogas.
Antes de Sepi
Todo esto ha sucedido antes de que se produzca la sacudida accionarial que se vivirá en el año 2024. La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi) iniciará las compras de acciones con la empresa ya ajustada. Y los cambios que implicarán tanto su aterrizaje como el de STC se podrán abordar sin que el frente laboral en el principal mercado, que es el español, siga abierto. La compañía presidida por José María Álvarez-Pallete concentrará esfuerzos en la gobernanza y los juegos de equilibrios en la empresa y en la puesta en escena de un centenario para el que llevan trabajando más de dos años.
Ahora, con el pacto con los sindicatos ya firmado a falta de su confirmación en las diferentes asambleas, queda por ver cuál va a ser la actitud del Ministerio de Trabajo. Desde la última reforma de la ley, el organismo hoy dirigido por Yolanda Díaz no tiene voto pero sí voz, pues tiene la potestad de elaborar una memoria no vinculante sobre cualquier ERE. La también dirigente de Sumar advirtió que vigilaría de cerca las condiciones. Ahora quedan varias semanas de atar todos los flecos para estampar las firmas probablemente en la primera semana de enero.
