La adscripción al Expediente de Regulación de Empleo (ERE) de Telefónica avanza lentamente. La operadora ha comunicado hoy a la representación de los trabajadores que ha recibido 2.118 solicitudes, lo que supone apenas el 62% del total de salidas pactadas en el despido colectivo. Esto eleva la probabilidad de que existan prejubilaciones forzosas para legar a los 3.400 pactados. Estas salidas no voluntarias tendrían mayor incidencia en la población más veterana de la plantilla.
Según los datos compartidos por la dirección a las principales organizaciones sindicales, se han registrado 2.118 solicitudes (1.825 para la filial Telefónica de España y el resto para las otras dos sociedades). Esto representa apenas 640 más desde el lunes de la semana pasada. Pese a que, según explican fuentes sindicales, existe tradición de adscripción relevante en los planes anteriores durante la última semana, todo hace pensar que no se llegará al mínimo pactado. Las previsiones se situarían por debajo de la barrera de los 3.000.
El último día para la adscripción será el próximo 8 de febrero. A partir del día siguiente, la operadora tendrá que decidir si mantiene ese tope de 3.400 o lo modula en función de los voluntarios que es han presentado. Sería la primera vez que la compañía ejecuta centenares de salidas forzosas en la historia reciente. Según quedó reflejado en el acuerdo pactado con la representación social, se priorizarán para las prejubilaciones obligadas a los empleados de mayor edad -que habrían rechazado al menos uno de los planes de suspensiones de contratos de los últimos años-.
Las condiciones
Para las personas nacidas en 1968 (55 años), las rentas a percibir con la indemnización será del 68% del salario regulador (sueldo fijo dividido en doce mensualidades), lo que supone igualar el tope planteado en el Plan de Bajas. Pero con una salvedad, éste último era hasta la edad de jubilación y en el caso de este ERE se recorta un 38% desde los 63 a los 65 años.
Para los nacidos entre 1964 y 1967 se entregará un 62% del salario y un 34% en los dos últimos ejercicios. Para los más veteranos tendrá un 52% -muy por debajo de planes de suspensión anteriores-. Eso sí, este dinero se compatibiliza con la pensión de una prejubilación, lo que compensaría parcialmente el impacto La prima de voluntariedad pactada se sitúa en 10.000 euros.
Menor coste por empleado
Estas condiciones son sensiblemente inferiores a las de planes de reducción de plantilla anteriores. Y la prueba también está en el coste previsto por la empresa. En total se planteará previsiblemente una provisión de unos 1.300 millones de euros para cubrirlo. En caso de que finalmente sean los 3.411 pactados inicialmente los que se lleven a efecto, el gasto por trabajador se recortaría hasta los 380.000 euros frente a los cerca de 600.000 para el primer PSI y el resto de planes.
La cuenta atrás ya ha empezado. A partir del cierre del periodo voluntario, la empresa debe comunicar a cada empleado que haya solicitado su aceptación o rechazo de la petición, una vez evaluada la misma -hay capacidad de veto, especialmente en las áreas calificadas como críticas-. Esto se tendrá que formalizar antes del 14 de febrero de 2024, siendo la fecha de extinción del contrato en términos generales el 29 de febrero. Habrá la posibilidad de posponerla más allá estando la ventana abierta hasta el primer trimestre de 2025.
