La justicia sigue despejando las incógnitas en la batalla que Aena ha emprendido para llegar al Tribunal Constitucional y poder revocar la normativa de alquileres que aprobó el Congreso de los Diputados en octubre de 2021. A finales del pasado febrero, otra juez volvió a pronunciarse al respecto sobre esta posibilidad, con resultado desfavorable para el gestor aeroportuario. Se cierra así una nueva posibilidad para la compañía, que, sin embargo, guarda esperanza tras haber explorado esta posibilidad hasta en 26 recursos. Sin embargo, bastaría con uno solo para elevar la cuestión ante el gran órgano judicial.
En este último auto, la juez afirma textualmente que "no procede plantear la cuestión de inconstitucionalidad" pese a que Aena se apoye para su defensa en distintos principios constitucionales que, en su opinión, chocan con la norma. Tres de ellos son el de igualdad (artículo 14), el de la tutela judicial efectiva (artículo 24.1) y de la atribución exclusiva al Poder Judicial del ejercicio de la potestad jurisdiccional (artículo 117.3). Pero la juez zanja su análisis afirmando que "no considera que exista contradicción alguna" entre la nueva normativa y los artículos citados.
El auto emitido por el Juzgado de Primera Instancia número 50 de Madrid también razona que la posibilidad de interposición de la cuestión de inconstitucionalidad por parte de Aena se puede aplicar únicamente si la norma con rango de ley en cuestión es “aplicable al caso” y que de su validez “dependa el fallo” a dictar. La resolución no es firme y contra ella cabe recurso de reposición.
Se trata de un nuevo jarro de agua fría para Aena, que guarda esperanzas para el resto de procesos. La compañía semipública ha explorado esta opción hasta en 26 causas, según figura en la memoria anual de sus cuentas depositadas en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). La compañía indica ante el regulador bursátil que en su estrategia cualquier juez -o también una sala- puede considerar, de oficio o a instancia de parte, que la norma que salió del Congreso de los Diputados es contraria a la Carta Magna.
A diferencia del resto de vías judiciales, el camino al tribunal de garantías es arduo. Aena lo inició poniéndose en las manos del exministro socialista Tomás De la Quadra, un experto en Derecho Constitucional y un profesional de renombre -en nviembre de 2020 recibió el Premio Pelayo para Juristas de Reconocido Prestigio-. El contrato firmado con el jurista, firmado por la vía más rápida y sin publicidad, tiene una duración quinquenal y, según trasladaron fuentes cercanas al acuerdo, variará en función de las diversas actuaciones profesionales que puedan llevarse a cabo.
Cinco meses de nueva ley
La nueva decisión judicial llega tras casi medio año desde que el Congreso de los Diputados entrase en el conflicto de Aena con sus inquilinos y regulase los alquileres. ¿Cómo? Añadiendo una disposición adicional a la Ley de Ordenación de Transportes (LOTT) para que el pago de los alquileres estuviese ligado a la evolución del tráfico aéreo. Era la reclamación que repetían desde hace tiempo distintos restaurantes y comercios, que consideraban que la llegada de la pandemia cambiaba las reglas del juego tras haber reducido el número de pasajeros a cifras sin precedentes, desplomando así el nivel de ingresos.
Pese a la firmeza de la nueva norma, que fue apoyada en el Congreso por buena parte de la Cámara (PP, Vox, Esquerra Republicana, Ciudadanos, el PNV, el PDeCAT, Junts y Nueva Canarias), a excepción de los partidos del Gobierno (Unidas Podemos se abstuvo y el PSOE votó en contra), se han arrojado dudas sobre la voluntad del Ejecutivo para aplicarla. Así lo hizo Fernando Clavijo, senador de Coalición Canaria, quien señaló a finales del pasado octubre que no se estaba obligando a la compañía pública a acatar el cambio.
Los efectos de esta ley ya se notan en las cuentas de Aena. En sus últimos resultados presentados a inversores, la compañía presidida por Maurici Lucena se había apuntado contablemente más de 700 millones de euros de reducción de ingresos por este motivo entre las tiendas libres de impuestos (413 millones), restaurantes (216) y otras tiendas (97). Este efecto, que perdurará en el tiempo hasta el próximo 2025, se traducirá en un golpe total de aproximadamente 1.300 millones de euros, por debajo de lo previsto por los analistas que siguen a la compañía y por la propia Aena en una primera estimación.
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