Desde que la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela citara el 2 de noviembre como investigados a todos los miembros del Gobierno catalán cesado por la aplicación del 155 de la Constitución tras la efímera declaración de la República Catalana, 13 exconsejeros de la Generalitat y excargos del Parlament han tenido que abonar fianzas para evitar la cárcel. En total, la cantidad satisfecha tanto en la Audiencia como en el Supremo asciende a los 960.000 euros. La suma podría rebasar el millón de euros si, finalmente, la Sala de lo Penal del alto tribunal acepta la petición del fiscal de liberar al exconsejero de Interior Joaquim Forn si consigna 100.000 euros.
El primer investigado en abonar una suma para liberarse de la cárcel fue el exconsejero de Empresa Santi Vila (PDeCAT). Vila, que dimitió la víspera de que la Generalitat sometiera a votación en el Parlament la declaración unilateral de independencia, hizo valer ante Lamela su oposición a la secesión que defendían el resto de sus compañeros. Su disidencia respecto al resto del Govern de Puigdemont y el hecho de que, a diferencia de ellos, decidiera declarar en lugar de guardar silencio en la Audiencia, le valió un trato mucho más favorable que el que obtuvieron de la juez el resto de los consejeros destituidos. Pasó una sola noche en prisión tras pagar 50.000 euros.
El siguiente hito judicial del ‘procés’ no se produjo en la Audiencia, sino en el Supremo. El instructor de la causa contra los cargos aforados del Parlament que permitieron la tramitación del ‘procés’ hasta su acto final, Pablo Llarena, citó a la expresidenta Carme Forcadell y a otros cinco cargos de la Mesa de la cámara autonómica el 9 de noviembre. Forcadell también pasó una sola noche en prisión, de la que salió tras abonar 150.000 euros. Evitó la prisión incondicional impuesta días antes a medio Gobierno catalán gracias a que, durante su interrogatorio, aseguró que la secesión unilateral fue meramente “simbólica” y que acataba la aplicación del 155 de la Constitución por el Gobierno central, que supuso la disolución del Parlament y el cese de todo el gabinete Puigdemont.
Ese mismo día comparecieron ante Llarena el exvicepresidente primero de la Mesa, Lluís Guinó, el también exvicepresidente Lluís Corominas, la ex secretaria primera Anna Simó y la ex secretaria cuarta Ramona Barrufet, que votaron de todos los actos parlamentarios del ‘procés’. Esta última aseguró que pretendía abandonar la política y los otros tres manifestaron que seguirían ejerciéndola pero desde el respeto a la Constitución. El magistrado les impuso una fianza a cada uno de ellos de 25.000 euros. El sexto miembro de la Mesa en declarar, Joan Josep Nuet (Catalunya Sí Que Es Pot) obtuvo del instructor la libertad provisional.
Tras el nuevo reparto de roles entre la Audiencia Nacional y el Supremo y la asunción por este último del caso contra el Govern y los dirigentes de la Asamblea Nacional Catalana, Jordi Sànchez, y Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, Llarena volvió a tomar declaración a todos ellos el 4 de diciembre. El instructor dejó en prisión incondicional al exvicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, al exconsejero de Interior, Joaquim Forn y a los 'Jordis'. A los exmiembros del Ejecutivo catalán Carles Mundó, Raül Romeva, Jordi Turull, Josep Rull, Dolors Bassa y Meritxell Borrás, les permitió abandonar la prisión si abonaban, cada uno, 100.000 euros. Ese mismo día pagaron sus cautelas y salieron de la cárcel.
La última tanda de declaraciones de imputados en el Supremo, el pasado febrero, dio lugar a una última fianza. Se trata de los 60.000 euros que tuvo que abonar la secretaria general de ERC Marta Rovira. El juez Llarena se la impuso al considerar que tuvo una “función decisoria en la concepción y ejecución” del proceso independentista en la que impulsó, supuestamente, “la intervención coordinada de distintos sectores políticos, sociales o de Gobierno”.
El papel de la ANC
910.000 de los 960.000 euros que hasta el momento se han satisfecho en fianzas habrían corrido de la cuenta de la Asamblea Nacional Catalana. Su ‘caja de solidaridad’ ha hecho frente a todas salvo a la del ‘exconseller’ Santi Vila que, según ha asegurado estos últimos días, reunió sus 50.000 euros gracias a las aportaciones de familiares y amigos. El pasado 22 de febrero se supo que la caja de la ANC había recaudado en 2017 5,7 millones de euros, de los que la asociación independentista pretendía destinar 3,8 a diversas causas judiciales.
Además de las fianzas de exconsejeros y exdiputados encausados, la ANC ha hecho frente a los 2,6 millones de euros de fianza impuestos por el Tribunal de Cuentas al expresidente de la Generalitat Artur Mas por la celebración de la consulta del 9 de noviembre de 2014. Está por ver si el organismo que tras la entrada en prisión de Jordi Sànchez dirige Agustí Alcoberro, paga también lo que Llarena disponga para Joaquim Forn.
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