CCOO critica la "fallida" implantación de las nuevas tecnologías en la administración judicial

La Sección Sindical de Justicia de CCOO ha criticado el "incumplimiento grave" de la ley por parte del Ministerio de Justicia y de las comunidades autónomas con competencias transferidas al no haber dotado de los medios tecnológicos suficientes a la inmensa mayoría de los juzgados, tribunales y a ninguna de las fiscalías, tras anunciar que este jueves vence el plazo legal para la implantación obligatoria del expediente judicial electrónico.

En un comunicado, el sindicato ha matizado que en la provincia de Sevilla "ningún órgano judicial ni fiscal está preparado para tramitar los asuntos judiciales exclusivamente en soporte digital, a pesar de que ley así lo obliga desde hoy".

Según los datos de CCOO, de las comunidades autónomas con competencias transferidas, solo Cantabria y Navarra podrán utilizar el expediente judicial electrónico en todos los órganos judiciales (salvo en los juzgados de paz) en la fecha legal señalada. Andalucía, junto a La Rioja, Aragón y Cataluña, lo harán solo parcialmente, y en la Comunidad Valenciana, Galicia, Canarias, Madrid, Asturias y Euskadi no se van a tramitar por ahora los procedimientos judiciales con soporte digital, encontrándose en diferentes grados de implantación que podrá demorarse durante años en algunos casos.

Solo 25 de los 113 partidos judiciales del territorio gestionado directamente por el Ministerio de Justicia (Murcia, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Baleares, Extremadura y las ciudades de Ceuta y Melilla) tienen instalado el programa 'Minerva Digital', que permite la digitalización de los procesos judiciales.

Según la Sección Sindical de Justicia de CCOO de Sevilla, "ninguno de los 1.166 juzgados y agrupaciones de juzgados de paz de toda España con personal al servicio de la Administración de Justicia dispone de los medios tecnológicos necesarios". Entre ellos, están incluidos los 38 de la provincia de Sevilla, en poblaciones tan populosas como Mairena del Aljarafe, Tomares, San Juan de Aznalfarache, El Viso del Alcor, Mairena del Alcor o Camas, tal y como aclara el comunicado.

"Salvo Cantabria y Navarra, en ninguna de las otras 48 audiencias provinciales, entre ellas las de Sevilla, ni en ninguno de los otros 15 tribunales superiores de justicia, como por ejemplo las salas del Tribunal Andaluz en Sevilla, se ha podido poner en marcha el expediente judicial electrónico", agrega.

En cuanto a los órganos centrales gestionados también por el Ministerio de Justicia, solo los juzgados y salas de lo contencioso-administrativo y de lo social de la Audiencia Nacional "utilizan desde hace años el mal llamado papel cero", mientras que el resto de la Audiencia Nacional y todas las salas del Tribunal Supremo "quedan por ahora excluidos de la digitalización".

Desde la Sección Sindical de Justicia de CCOO de Sevilla aseguran que en la provincia "ningún órgano judicial ni fiscal está preparado para tramitar los asuntos judiciales exclusivamente en soporte digital, a pesar de que la ley así lo obliga desde hoy".

"En siete de los 15 partidos judiciales de la provincia (Lebrija, Alcalá de Guadaíra, Lora del Río, Estepa, Sanlúcar la Mayor, Marchena, Écija, Marchena, Coria del Río y Dos Hermanas) ni tan siquiera está implantada la firma digital de Jueces y Letrados de la Administración de Justicia".

"LAMENTABLE E ILEGAL"

Para CCOO, esta "lamentable e ilegal" situación se ha debido, además de "a la desidia" del propio Ministerio de Justicia y de las comunidades autónomas con competencias, como la de Andalucía, al "empecinamiento" del ministro de Justicia, Rafael Catalá, que ya, en la precampaña electoral de las elecciones del 20D "anunció el papel cero" en los juzgados a partir del 1 de enero de 2016 en una actuación "puramente propagandística que ocultó, incluso, que lo único que debía entrar en vigor en esa fecha era el sistema de comunicaciones telemáticas entre juzgados y profesionales".

Para esto, el sindicato se basa en la disposición adicional segunda de la Ley 18/11 de 5 julio reguladora del uso de las tecnologías de la comunicación y la información en la Administración de Justicia, que "estableció el 7 de julio de 2016 como fecha tope para la implantación del expediente judicial electrónico".

Así, el propio ministro del ramo, Rafael Catalá, el 29 de diciembre de 2016, pasadas las elecciones, "no tuvo más remedio que reconocer" que en algunas comunidades autónomas como Valencia, Cataluña, Euskadi, Andalucía o Madrid, "no se cumplirían los plazos de implantación".

Desde entonces, el Ministerio de Justicia ha seguido ocultando que la implantación de las nuevas tecnologías en la Administración de Justicia "no es generalizada", que se están "produciendo graves fallos de funcionamiento" en el sistema Lexnet de comunicaciones y que el expediente judicial electrónico "solo estaría listo para ponerse en marcha en los plazos legales" en una parte muy minoritaria de los juzgados y tribunales y en ninguna fiscalía.

Desde el mes de enero de 2016, CCOO ha venido solicitando "la moratoria" de los plazos de implantación, propuesta a la que "se han sumado" diversas asociaciones de jueces y fiscales, jueces decanos, Fiscalía General del Estado, varios colegios y asociaciones de abogados y procuradores y un sinfín de operadores jurídicos junto a gobiernos autonómicos con competencias como el andaluz.

MESAS DE NEGOCIACIÓN

También desde el sindicato se ha solicitado reiteradamente la convocatoria de las mesas de negociación para evaluar y negociar las necesidades de incrementos de plantilla, de planes de formación específicos y generales, de las nuevas funciones de los trabajadores derivados de los nuevos sistemas de trabajo y del resto de condiciones de trabajo sustancialmente modificadas.

A ambas solicitudes de moratoria y negociación "ha hecho caso omiso el Ministerio de Justicia que se niega a reconocer que la implantación de las nuevas tecnologías en la administración de justicia en los plazos legales establecidos ha resultado fallida", una camino que también sigue la Consejería de Justicia andaluza "al negar la información, la negociación y planes de formación suficientes".

CCOO ha vuelto a manifestar su "decidida apuesta por la modernización de la justicia", pero exige "que se haga de forma pausada, consensuada con los operadores jurídicos, negociada con los representantes de los trabajadores y con dotación presupuestaria expresa para los medios personales y materiales necesarios y con formación profesional exhaustiva para el personal usuario de las nuevas tecnologías".