LA OPOSICIÓN SUSCRIBE QUE LOS FISCALES INSTRUYAN, PERO SI SON INDEPENDIENTES DEL GOBIERNO

Los portavoces de los principales partidos de la oposición se mostraron este lunes de acuerdo con la intención del ministro de Justicia, Rafael Catalá, de encomendar a los fiscales la instrucción de los procesos judiciales, pero sólo si se garantiza la independencia del Ministerio Fiscal con respecto al Gobierno.
En su intervención en la comparecencia de Catalá en la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados, el portavoz del PSOE, Juan Carlos Campo, le recriminó que no había dado muchas pistas de lo que quería hacer, más allá de la subcomisión para la reforma de la justicia a la que parecía confiar su futuro como ministro, y le emplazó a desarrollar el consenso al que había apelado. Admitió sus buenos propósitos, pero lamentó que no hubiera bajado a los detalles.
Campo dijo que es “absolutamente necesario” que la instrucción pase del juez al fiscal, como había avanzado Catalá, pero que para ello “es necesario que se cam bie el estatuto del Ministerio Fiscal”. Coincidió también en la necesidad de acortar los plazos para la instrucción, de forma que el juicio oral comience de inmediato, pero avisó de que sin recursos eso podría venir aparejado de impunidad.
Respecto a las puertas giratorias, el portavoz socialista, también juez, matizó que no es cierto que no haya regulación de la posibilidad de pasar a la política y volver, recordando que la ley les impide pronunciarse sobre materias en las que pudieran tener conflicto de intereses y que existe la figura de la recusación. Y, en referencia a Ciudadanos, defendió la necesidad del CGPJ, distinguiendo la necesidad de mejorar este órgano de propugnar su eliminación.
Campo coincidió con el ministro en la necesidad de modernizar la justicia y hacerla más ágil, y avisó de que para ello haría falta más recursos, pues todo el mundo está de acuerdo en la digitalización de los expedientes. Finalmente, abogó por reformar las demarcaciones judiciales, con tribunales de instancia y no sólo partidos judiciales; rechazó la idea de que con mayores penas se disuadirá más de cometer delitos.
UNIDOS PODEMOS
Desde Unidos Podemos, Jaume Moya, insistió en las dudas “éticas” sobre José Manuel Maza como nuevo Fiscal General que ya expresó en la comparecencia de éste en la Comisión la semana pasada, dada su conexión con organizaciones “elitistas” y funcionarios implicados en la llamada ‘operación Cataluña’. También consideró “una quiebra en la separación de poderes” que se conceda la instrucción a la Fiscalía, un órgano al que el propio ministro reivindicó su capacidad de auspiciar y controlar.
Este portavoz responsabilizó de la saturación de la justicia a las grandes empresas, las mayores litigantes a su juicio y a quienes cree que hay que seguir gravando con tasas. Respecto a otro de los puntos que comentó con más énfasis Catalá, señaló como defectos de la digitalización del sistema judicial que se obligue a los jueces a duplicar sus tareas en formato papel y en digital, y que los datos judiciales queden en manos del Ministerio y no del poder judicial.
En materia de corrupción, desmintió que el Gobierno no haya indultado a ningún corrupto, y pidió mayor protección a los denunciantes de casos de esta materia, un tema sobre el que ya había mostrado Catalá interés en profundizar, y mostró todo el apoyo de Unidos Podemos para cualquier limitación de aforamientos. En cambio, rechazó que se aplique el nombre de puertas giratorias a los jueces que van a política y vuelven, pues el conflicto de intereses y peligro de corrupción es sólo cuando los políticos acaban en empresas.
Aprovechando la crítica a politizar la justicia esgrimida por Catalá, este portavoz criticó los procesos abiertos contra Artur Mas, Francesc Homs, Irene Rigau por la consulta del 9-N y luego contra la presidenta del Parlamento catalán, Carme Forcadell, por admitir a trámite propuestas independentistas. Y reclamó que la elección de la lengua en la que se ha de realizar el juicio corra a cuenta del ciudadano.
Moya también denunció la situación de los inmigrantes recluidos en CIEs, que son tratados como criminales cuando no lo son, pidió que su competencia quede bajo Justicia y no Interior, y exigió acabar con las devoluciones en caliente. También en la frontera entre ambos ministerios, criticó la Ley de Seguridad Ciudadana, que actualmente tiene en la cárcel a unos 300 manifestantes. Por último, pidió acabar con la prisión permanente revisable.
CIUDADANOS
El portavoz de Ciudadanos, Ignacio Prendes, reconoció que, si Catalá cumpliera lo que había anunciado, sería “un cambio significativo” de la justicia, y celebró que su programa recogiera parte del pacto de investidura entre el PP y Ciudadanos, como dar a los jueces protagonismo en los nombramientos del CGPJ y tribunales superiores; acabar con los indultos por corrupción y proteger a los denunciantes de casos de este tipo. Ahora bien, reconoció “ciertas prevenciones” sobre si todo se hará realidad y mostró algunas discrepancias.
La más importante, que la instrucción del fiscal tiene que venir precedida de un cambio del estatuto del Ministerio Fiscal, puesto que sólo puede instruir un cargo “con absolutas garantías de independencia” y que “en ningún caso esté condicoinado por el poder ejecutivo”. También rechazó que Catalá pusiera en cuestión la utilización de la figura de la acusación popular, puesto que ésta ha sido en algunos casos la “salvaguardia” de la justicia.
Otros apuntes que trasladó Prendes son que la justicia “no puede ser el pariente pobre de la administración” con sólo un 1% del presupuesto y que el PP no puede utilizar las urnas como “parapeto” de sus casos de corrupción, alegando que los votantes ya han juzgado su responsabilidad política.
NACIONALISTAS
La representante de ERC, Ester Capella, dudó de las buenas intenciones de Catalá, por cuanto que al principio de todas las legislaturas se dice lo mismo y nunca se reforma la justicia; no obstante, aseguró que la justicia está mejor de lo que se percibe de ella. Además, denostó el “escándalo de tamaño sideral” de las tasas judiciales y preguntó cuánto han engrosado el presupuesto del Ministerio, porque a Cataluña no ha llegado “ni un euro”.
En materia catalana, lamentó que sólo el 18% de las sentencias en dicha comunidad se promulgan en su lengua propia, pidió el traspaso completo de las competencias que preveía el Estatuto de 2006 y también reiteró la secular reivindicación de este partido de que se anule retrospectivamente el juicio contra el expresidente de la Generalitat de Cataluña Lluís Companys, dirigente de ERC ejecutado por el franquismo.
Como Capella, Mikel Legarda, portavoz del PNV en la comisión, cuestionó el supuesto mal estado de la justicia, recordando que el 75% de los ciudadanos no ha hecho uso de ella e insinuó que la percepción negativa tal vez se deba a los medios de comunicación, que resaltan precisamente lo excepcional.
Sí criticó lo que a su juicio es una inadecuada implantación territorial de la justicia, que se suspendan las leyes autonómicas en cuanto las recurre el Gobierno y el poco respeto a las lenguas cooficiales. Finalmente, advirtió de que las nuevas tecnologías van a cambiar todo el proceso penal, por lo que no tiene sentido mantener leyes decimonónicas (la de Enjuiciamiento Criminal) cuando las notificaciones ya son digitales.
Ya dentro del Grupo Mixto, en nombre del PdeCat, Lourdes Ciuró preguntó a Catalá si, ya que había criticado la politización de la justicia, qué iba a hacer en relación al conflicto nacionalista en Cataluña y qué le parecía que el conocimiento de las lenguas cooficiales no sea un requisito para ocupar plazas en juzgados de estas comunidades, y pidió explicaciones de por qué no se ha mantenido a Consuelo Madrigal como fiscal general del Estado cuando se la había alabado tanto. Finalmente, desde Compromís, Enric Bataller reclamó que los saharauis puedan recibir la nacionalidad española en dos años.