El Gobierno sale al 'rescate' del sector de transportes con un plan de ayudas de 1.773 millones de euros al que hay que añadir 800 millones ya comprometidos en el 'fondo Covid' para compensar las pérdidas de las comunidades autónomas. El consejo de ministros de este martes acaba de aprobar un decreto especial articulado en torno a tres ejes: proteger salud trabajadores y viajeros, proporcionar liquidez a las empresas y reducir las cargas administrativas.
Los 1.773 millones se dividen en tres lotes: en primer lugar se ha aprobado un paquete de 663 millones destinados a las empresas privadas, una cuantía que incluye la reducción de las tasas aeroportuarias. Otros 1.000 millones para aumentar la capacidad de endeudamiento de Renfe para compensar así la caída de la demanda ferroviaria por el coronavirus.
Por último, una tercera partida de 110 millones irá para Seitsa, la sociedad estatal encargada de las infraestructuras de transportes. El dinero de esta última compañía irá destinado a atender sus compromisos de obras públicas.
El Gobierno considera que el transporte fue clave durante la pandemia para mantener el suministro de bienes y servicios de primera necesidad y ahora lo vuelve a ser en la recuperación. Así lo ha explicado el titular de Transportes, José Luis Ábalos en la rueda de prensa posterior al consejo de ministros.
Este real decreto, al que el propio Ábalos ha calificado de "denso", busca proteger la salud de trabajadores y viajeros, proporcionar liquidez a las empresas de este sector para asegurar su viabilidad, así como reducir las cargas administrativas, "simplificando los procedimientos y trámites, y agilizando el transporte de viajeros y mercancías", según informa EFE.
Medidas divididas por transportes
El Real Decreto-ley hace obligatorias en España las recomendaciones de la Agencia Europea de Seguridad Aérea (EASA) para la seguridad de pasajeros y tripulaciones de vuelo en el ámbito del Covid-19.Asimismo, incorpora medidas orientadas a facilitar la recuperación gradual y segura del sector, unos de los más afectados por la pandemia, como la flexibilización del arrendamiento de aeronaves, con o sin tripulación,para la extinción de incendios, búsqueda y salvamento; y la adaptación del concepto de aeronaves no tripuladas (drones) al de la normativa de la Unión Europea.
En cuanto al transporte marítimo, la nueva norma incluye medidas excepcionales y transitorias relativas, entre otras, a las tasas de ocupación, actividad y del buque, dirigidas a aliviar las dificultades económico-financieras que atraviesan tanto la comunidad portuaria como los navieros, para contribuir al sostenimiento del tejido empresarial que sustenta al sector portuario. Así, el Gobierno flexibiliza la normativa a fin de agilizar los trámites de emisión y renovación de certificados, mejorando su eficiencia y en apoyo a la competitividad de los buques de bandera española.
Además, se permite a las Autoridades Portuarias ampliar temporalmente la reducción de las cuotas de las tasas portuarias y de ocupación y se alarga el periodo para reducir la tasa de buque hasta el máximo permitido por la normativa europea.
Por su parte, en el sector del transporte por carretera,se adoptan también importantes medidas. Una de las principales se dirige a restablecer el equilibrio económico de los contratos de gestión de servicios de competencia estatal. En concreto, en este caso de los contratos de gestión de servicios públicos de transporte regular de viajeros por carretera de uso general, se trata de aliviar la necesidad de liquidez del operador para que puedan seguir prestando un servicio público esencial y, por tanto, garantizar una red de transporte capilar que facilita la movilidad de un importante número de ciudadanos.
Por otro lado, y añadida a la medida anterior,se posibilita una moratoria en el pago del principal de las cuotas de los contratos de préstamos, leasing y renting de vehículos dedicados al transporte público discrecional de viajeros en autobús y al transporte público de mercancías de más de 3,5 toneladas de masa máxima autorizada, en aquellos casos en que experimenten dificultades financieras como consecuencia de la emergencia sanitaria.
Esta medida permitiría un aplazamiento de hasta 250 millones de euros para el transporte discrecional de viajeros y de hasta 330 millones de euros en el caso del transporte de mercancías.
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