Viernes, 19.07.2019 - 08:35 h
Denuncian en bloque vulneración de sus derechos

Los acusados por malversación insisten: "No se asumió coste alguno por el 1-O"

En su batería de alegaciones, los abogados de los tres acusados por este delito se desvincularon del resto de defensas y de sus argumentaciones.

Juicio del procés
Coches de la Policía trasladando a los nueve presos a las dependencias del Supremo/ EFE

El primer día de juicio por el procés será recordado por la férrea denuncia que hicieron los abogados de los doce líderes independentistas por la vulneración de derechos que, según expusieron, han padecido sus clientes en el marco de este procedimiento judicial. Sin embargo, y aunque las principales defensas no hicieron mención alguna a las cuantías que se habrían desviado de las arcas públicas para llevar a cabo este cometido, hubo otros letrados que sí que pusieron este asunto en el eje central de su intervención negando haber asumido "coste alguno" desde la Generalitat.

En concreto, fueron las defensas de Meritxell Borràs, Carles Mundó y Santi Vila (quienes se enfrentan a la pena mínima de siete años de cárcel por el delito de desobediencia y malversación) quienes descartaron el extremo sobre el que se sustenta uno de los pilares básicos de la acusación que ejerce el Ministerio Público, la Abogacía del Estado y el partido político Vox"Ningún departamento de la Generalitat asumió coste alguno por la celebración del referéndum", expuso el letrado de Borràs, Mariano Bergués.

Conscientes de que su absolución pasa por demostrar que no se destinaron fondos públicos para fraguar la consulta reiteradamente prohibida por el Tribunal Constitucional, las defensas de estos tres exconsejeros del Gobierno de Carles Puigdemont insisten en que ese extremo no se produjo y acusan a la Policía Judicial de extenderse en sus conclusiones y no ceñirse a las pruebas que obran en el sumario. Sin embargo, y a falta de escuchar este martes a las acusaciones del macroprocedimiento, la conclusión de los investigadores es que se destinaron entre dos y cuatro millones de euros a sufragar la consulta del 1 de octubre de 2017.

"Como son traidores a la patria, no se les permite ni el diálogo"

Más sintonía hubo entre los prestigiosos abogados de los líderes independentistas en torno a la cuestión troncal de la causa y es la relativa a la comisión del delito de rebelión y sedición. "No es rebelión perseguir la secesión y tampoco lo es manifestarse en contra del sistema constitucional", expuso uno de los letrados en su turno de palabra. Algunos fueron más lejos y, no solo no negaron la intención de sus clientes de desvincularse del territorio catalán, sino que mostraron su descontento por cómo se les había tratado. "Como son traidores a la patria no se les permite ni el diálogo político", expuso, por su parte, Olga Arderiu, letrada de la expresidenta del Parlament catalán Carme Forcadell.

Precisamente la palabra 'política' fue una de las más pronunciadas por parte de los letrados de Oriol Junqueras y el resto de exconsejeros quienes se afanaron por dejar constancia de que, a todas luces, lo que se juzga en el alto tribunal es asunto con claro trasfondo político y es en este ámbito donde se tendría que haber resuelto y no en el judicial. Con todo, también mostraron su profundo rechazo al hecho de que el tribunal inadmitiera un gran número de testificales y documentales solicitadas por las defensas (como la del propio Carles Puigdemont o la del Rey Felipe VI).

La apelación a los derechos humanos y a la situación de prisión provisional en la que se encuentran nueve de los doce enjuiciados ha sido otra baza constante de la que han tirado los letrados para denunciar que no se produce un trato justo en el caso de sus clientes. Benet Salellas, que ejerce la defensa del presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, ha sido de los abogados más beligerantes al denunciar que el Ministerio Público ha actuado encubriendo la tortura. De esta forma se ha desmarcado de la línea más política para reivindicar que, en el caso del líder soberanista, se atenta contra la libertad de expresión y de reunión no solo suyo sino de toda una sociedad.

Con todo la nota discordante la ha puesto Pau Molins, abogado defensor del exconsejero de Empresa de la Generalitat Santi Vila. Ni motivos políticos ni humanitarios: en su caso debería estar, a todas luces, fuera de este procedimiento en tanto ni votó la Declaración Unilateral de Independencia (DUI) ni consintió la deriva independentista que urdió el entonces equipo de Gobierno, encabezado por el tándem Junqueras-Puigdemont. Es más, ha recordado que su dimisión, que estuvo envuelta de una gran polémica se produjo precisamente por su desvinculación de estos planes secesionistas.

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