La Fiscalía Anticorrupción ya ha puesto en marcha toda la maquinaria para investigar el contrato que salpica a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, para la adquisición de mascarillas en abril de 2020. El departamento que dirige Alejando Luzón ha acordado este martes abrir diligencias para analizar si con dicha adjudicación se cometieron delitos de tráfico de influencias o de malversación de fondos públicos, por lo que se abre la puerta a la reclamación de todo tipo de documentación para esclarecer los hechos, como la supuesta comisión que recibió Tomás Díaz Ayuso, el hermano de la mandataria regional.
En este sentido, el Ministerio Público tiene encima de la mesa la posibilidad de pedir todas las facturas que se hayan emitido en relación al contrato por el importe de 1,5 millones de euros que se adjudicó a Priviet Sportive SL, sociedad administrada por Daniel Alcázar Barranco, residente en Sotillo de la Adrada (Ávila), pueblo en el que veranea la familia de la presidenta regional, y en el que intermedió el hermano de la presidenta madrileña, según han indicado fuentes jurídicas consultadas por este diario. Asimismo, Anticorrupción también puede reclamar información a la Intervención General para comprobar que, tal y como afirmó la propia Díaz Ayuso, el contrato se encuentra fiscalizado. A ello se pueden sumar los movimientos bancarios de personas físicas y jurídicas (empresas) para verificar que todos los pagos se hicieron por el cauce legal.
No obstante, una de las principales dudas que alberga este asunto es la cantidad que cobró Tomás Díaz Ayuso por su intervención en la adquisición de mascarillas FPP2 y FPP3 en abril de 2020, momento crucial de la pandemia en el que la población llevaba varias semanas confinada. Desde la Dirección Nacional del PP, liderado por Pablo Casado, se apunta a que el hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid habría percibido unos 280.000 euros de comisión. Una cantidad que ha sido desmentida por la propia mandataria regional, que admitió que su familiar giró el 30 de junio del 2020 una factura de 55.850 euros más IVA a Priviet Sportive SL por las gestiones realizadas para conseguir el material sanitario en China y su traslado a Madrid. "No es una comisión por obtener el contrato de la Administración (...) es una contraprestación por su trabajo", enfatizó.
Sin embargo, Díaz Ayuso eludió hablar de otros tres pagos que la empresa de Daniel Alcázar Barranco hizo a su hermano vinculados al mismo contrato. "Del resto no tengo que dar cuenta porque no tienen relación con la Comunidad de Madrid y mi hermano tiene derecho a su privacidad", zanjó la presidenta madrileña. Ante las sospechas de presuntas irregularidades, los partidos de la oposición en la Asamblea de Madrid (PSOE, Unidas Podemos y Más Madrid) presentaron el pasado viernes sendas ante la Fiscalía instando a la apertura de una investigación, si bien ya han anunciado que ampliarán sus escritos incorporando nuevos datos sobre otros contratos.
Posible trascendencia penal
Así, para poder recabar toda esta documentación, incluso poder tomar declaración a personas implicadas o conocedoras del asunto, es necesario la incoación de unas diligencias. Y en este sentido ha justificado el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, la apertura de dicha investigación preliminar con el fin de "confirmar o descartar la trascendencia penal de los hechos", ya que las denuncias no son del todo "concretas", pero sí "expresan claras reservas sobre la legalidad de la adjudicación". Eso sí, las pesquisas aún no se dirigen "contra personas físicas o jurídicas", añade el decreto.
Con todo ello, Anticorrupción podrá valorar si existen indicios de delito antes de decidir si presenta de una querella ante el tribunal competente. Fuentes fiscales subrayan que las pesquisas -que tienen una duración máxima de seis meses y son susceptibles de prórrogas- están dirigidas a dilucidar unos "hechos concretos con posible trascendencia penal", pues "no es función de la Fiscalía, ni del proceso penal, revisar las actuaciones administrativas a la búsqueda de irregularidades".
Requisitos de urgencia
En este sentido, se examinará si el contrato adjudicado directamente a la empresa del amigo de la familia de la presidenta de la Comunidad de Madrid cumplía los requisitos de urgencia por los que se tramitó, que permite eludir la convocatoria de un concurso público, y si los pagos realizados a Tomás Díaz Ayuso son totalmente legales. De hecho, Luzón destaca en su decreto la "indiscutible trascendencia social del contexto en el que tienen lugar los hechos descritos en las denuncias, que se refieren a la, sin duda, necesaria y urgente compra de mascarillas en un momento singularmente difícil para la población madrileña". Asimismo, sobre el cobro de una comisión, distintos juristas consultados por este medio apostillaron que este pago en sí no es ilegal, siempre y cuando esté declarado a Hacienda o no se hayan recibido mediante conductas ilícitas como es "inflar contratos para obtener más beneficios".
En cuanto a la presunta responsabilidad de la presidenta madrileña en dicha adjudicación, las mismas fuentes jurídicas indicaron que la clave está en si ésta dio instrucciones directas para que la empresa con la que trabajó su hermano fuera la adjudicataria del contrato para la adquisición de mascarillas y si con ello Díaz Ayuso tenía la intención de favorecer a su hermano o sabía que el objetivo de éste era supuestamente beneficiarse. Por el momento, Luzón ha afirmado que los partidos denunciantes solo plantean "hipótesis" de su eventual participación en los hechos, por lo que ha descartado trasladar el asunto a la Fiscalía del Tribunal Supremo, ante la que se encuentra aforada, al no ver "indicios razonablemente verosímiles" contra ella.
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