Gemma Alcalá ha quedado en libertad tras comparecer ante el juez del caso Villarejo. El instructor no ha atendido el criterio de la Fiscalía Anticorrupción, que pedía prisión para ella, y le ha dejado en libertad provisional con medidas cautelares. Lo hace tras tomarle declaración por su implicación en una nueva pieza del entramado, la número 28, en la que se investiga una presunta red de compraventa de documentos oficiales y policiales en poder del comisario jubilado. Los fiscales habían solicitado cárcel para la mujer del agente encubierto al apreciar alto riesgo de fuga puesto que ya está procesada en otras dos piezas del procedimiento, sin embargo el magistrado ha accedido a dejarle en libertad.
La petición se produce tres días después de su detención en una operación coordinada con la Fiscalía Anticorrupción. Agentes de Asuntos Internos detuvieron el viernes a un total de cinco personas, entre ellas Alcalá, por su presunta implicación en un entramado con el que se estaría intentando vender material oficial y, además, chantajear a personas salpicadas en la causa abierta por los espionajes de Villarejo. Todos estos hechos se investigan en la pieza número 28 la cual se mantiene bajo secreto de sumario. En su turno ante el magistrado instructor y preguntada por este asunto, Alcalá ha negado rotundamente su relación con el entramado, según informan las fuentes consultadas.
Esta red, desmantelada el viernes por la Policía, se habría urdido desde la prisión de Estremera, donde cumple prisión provisional Villarejo. En la misma habrían participado el abogado Alfonso Pazos, Ascensión Fernández (mujer de éste) y Javier Ruiz. Todos ellos fueron detenidos en el operativo del pasado viernes y han pasado hoy a disposición judicial. Tras su declaración, el juez les ha dejado en libertad con medidas cautelares (retirada pasaporte, comparecencias quincenales y prohibición de abandonar el país) excepto a Pazos, para quien ha decretado su ingreso en prisión incondicional. Pazos es un antiguo militar que ejerce de abogado y que cumplía condena en el mismo módulo que el comisario jubilado. Allí también estaba preso Javier Ruiz. Los tres pusieron en marcha una red consistente en intentar contactar con abogados e implicados en otras causas de corrupción como la red Gürtel o el caso Pujol para venderles documentos oficiales que atesoraba Villarejo.
Objetivo: obtener liquidez
La petición de los fiscales para Alcalá se ha formulado en la 'vistilla' celebrada después de su comparecencia ante el magistrado Manuel García Castellón. Se trata de la primera vez que se pide prisión para la mujer de Villarejo pero de su segunda detención. La Policía Judicial al frente del caso Tándem ya le arrestó tras el estallido de la causa en noviembre de 2017. En esa primera operación también se detuvo al comisario jubilado, su socio Rafael Redondo, y al que fuera comisario jefe de Barajas, Carlos Salamanca. En aquella ocasión fue puesta en libertad tras dos días retenida. No obstante, su implicación en los encargos de espionaje de su marido han provocado su procesamiento en dos de las cerca de 30 piezas que integran la causa.
En concreto, el magistrado le dejó a un paso del banquillo por en las piezas relativas al encargo del despacho Herrero y Asociados y de parte de la familia García Cereceda. En el primer caso se hizo pasar por una cazatalentos en una conversación telefónica con una mujer. El objetivo era ganarse su confianza ya que era empleada de un despacho de abogados al que Cenyt tenía que espiar. Su defensa letrada pidió que se archivara la causa asegurando que esa actuación fue "fruto de la fantasía" y que iba a ir a juicio únicamente por ser la mujer del agente encubierto. Solo por este encargo afronta una petición de 50 años de cárcel por parte de Anticorrupción.
Esta nueva red que se investiga en la pieza 28 de la causa tendría como finalidad la venta de material relacionado con la Policía con la finalidad de obtener liquidez. Entre el mismo se encontraban documentos vinculados con la operación Cataluña contra el independentismo catalán. De acuerdo con las fuentes consultadas, otra de las aristas del nuevo entramado sería el intento de chantaje a personas implicadas en el caso de espionaje que suma ya una treintena de piezas. Sin embargo, Alcalá ha negado ante el juez los hechos que se le atribuyen como ya hiciera en su declaración policial este fin de semana.
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