Pedro Antonio Sánchez busca el archivo definitivo de su causa en el marco del procedimiento Púnica. Por ese motivo ha remitido un escrito a la Audiencia Nacional en el que acoge las tesis adoptadas por el magistrado al frente del caso, Manuel García Castellón, el cual archivó provisionalmente las actuaciones en su contra al entender que no hubo delito en su actuación respecto a los contratos de mejora de imagen con las empresas del 'conseguidor' de la red, Alejandro de Pedro.
En este documento, con fecha de 6 de mayo y al que ha tenido acceso La Información, el expresidente murciano impugna el recurso de la Fiscalía Anticorrupción contra el auto del magistrado Manuel García Castellón. De este modo, asegura que no puede prosperar su implicación en esta pieza número 3 de la trama en tanto existe "identidad de actuación y participación" en estos hechos con respecto a Pilar Barreiro y en su caso el Tribunal Supremo cerró la investigación por falta de pruebas. El exmandatario regional hace suyas las conclusiones del instructor que basó su decisión en que la actuación de Barreiro era "la piedra angular" alrededor de la cual giraban tanto los hechos del Ayuntamiento de Cartagena como los relativos a la Consejería de Educación de Murcia.
Al respecto Sánchez apunta en esta dirección y dice que "no pueden ser valorados de distinto modo en función del tribunal que los aprecie" y, por tanto, pide que se aplique en su caso la misma lógica que se ha seguido en el alto tribunal. Con la diferencia de que, si bien la Fiscalía del Tribunal Supremo pidió el archivo de las actuaciones para la que fuera alcaldesa de Cartagena, en este caso Anticorrupción ha recurrido la decisión del magistrado García Castellón. Las fiscales de la causa pedían la nulidad de su auto aduciendo a que no explica con detalle lo ocurrido en esta pieza en la que se acusó a Sánchez de pretender contratar campañas de mejora de imagen 'online' con dinero público de la Consejería de Educación.
La defensa de Sánchez, por su parte, considera que la explicación del instructor en torno al archivo es "exhaustiva y razonable" y, por tanto, no es necesario incluir un mayor relato de los hechos sino solo los motivos de por qué le levanta la imputación que le costó la presidencia de Murcia. Al respecto, García Castellón expuso que de los indicios recabados hasta el momento -y que se basan principalmente en las conversaciones telefónicas mantenidas entre los acusados- el supuesto fraude que se le atribuye "no pasa de la mera sospecha". Un extremo que se aplica tanto para Sánchez como para David Conesa, exasesor de una de las empresas de De Pedro y al que también se le han sobreseído las actuaciones de manera provisional.
El escrito es especialmente duro con la Fiscalía Anticorrupción, a quien se le acusa de mantener una "endeble e irrisoria fundamentación fáctica", y apunta que la "cuestión nuclear" de esta parte de la trama es la "inescindibildad de los hechos atribuidos". A su juicio esto es así porque tanto las pesquisas para Barreiro como para Sánchez han contado con el mismo material recopilado y, pese a ello, la Fiscalía "reconstruye un relato histórico mutilado para disimular", según dice, que las consideraciones que hace el Tribunal Supremo a Barreiro son extensibles a Pedro Antonio Sánchez.
Consciente de la situación
Anticorrupción siempre ha mantenido que el expolítico popular tenía "perfecta constancia y conocimiento" de que la intención era cargar a una partida de la consejería los trabajos de reputación en las redes sociales que se encargaron a De Pedro y a Conesa. El importe de estos encargos -que también efectuaron miembros de los equipos de Gobierno de Esperanza Aguirre y de Ignacio González- ascendía en el caso de Barreiro a 2.100 euros y en el de Sánchez a 4.600 euros y tenían una duración prevista de siete meses. El avance de la investigación en esta pieza concreta del caso Púnica ha permitido detectar que estas labores de posicionamiento en las redes sociales encargadas a las empresas Eico o Madiva se hacía en muchas ocasiones mediante perfiles falsos que recogían 'hashtags' para posicionar las informaciones difundidas.
Aunque el magistrado García Castellón haya sobreseído provisionalmente la causa para Conesa y Sánchez, sigue manteniendo la imputación a exconsejeros del Ejecutivo madrileño tales como Lucía Figar o Salvador Victoria. En su caso considera prematuro acordar el archivo porque habría pruebas que vendrían demostrar que se efectuaron pagos al informático desde las arcas públicas del Gobierno regional o desde empresas como Indra. De hecho, se investiga si se aprovecharon los contratos que estas compañías rubricaron con la agencia Informática de Madrid (ICM) para emitir facturas falsas desde las mismas y poder abonar los pagos a De Pedro.
Hemos bloqueado los comentarios de este contenido. Sólo se mostrarán los mensajes moderados hasta ahora, pero no se podrán redactar nuevos comentarios.
Consulta los casos en los que lainformacion.com restringirá la posibilidad de dejar comentarios