La Audiencia Nacional sigue viendo una implicación directa de exdirectivos de Mercasa en el presunto desfalco de sus negocios en Angola. Medio año después de que el magistrado José de la Mata terminara la instrucción de este procedimiento por presuntos sobornos en el país africano, la Sala de lo Penal mantiene su criterio e insiste que hay indicios de sobra que apuntan a repartos de comisiones que rondan los 20 millones de euros a través de la firma de contratos ficticios en los que medió el conseguidor Guilherme Augusto de Oliveira Taveira.
Los magistrados de la Sala de lo Penal recuerdan en un auto al que ha tenido acceso La Información que el comisionista se apoyó para el desvío de estas cuantías en sociedades que controlaba directamente, entre ellas, Sonadi. Se trata de un 'modus operandi' muy similar al que siguió en el caso Defex, en donde también actuó de intermediador en un 'pelotazo' que dio la empresa pública con la venta de material policial en Angola. En este caso, sin embargo, los hechos giran en torno a la construcción de un mercado en Luanda. El consorcio que lideraba Mercasa cerró el acuerdo en 2006 por un total de 219 millones de dólares, pero de nuevo se trató de un contrato excesivamente inflado para repartir dádivas millonarias entre comisionistas y funcionarios angoleños.
Por todos estos motivos, la Sección Tercera de la Sala de lo Penal considera que no puede eximir a exaltos cargos de este presunto caso de corrupción, como ocurre con el que fuera presidente entre 2010 y 2012 del Consorcio Mercasa Incatema Consulting (CMIC), Álvaro Curiel. Su defensa recurrió el auto que dictó el magistrado De la Mata el pasado mes de noviembre. El magistrado que ha investigado los negocios de la empresa pública consideró entonces que había que acercar al banquillo a una veintena de personas, entre las que se encontraba, además de este directivo, José Herrero de Egaña (sobrino político de Dolores de Cospedal); la abogada del Estado María Jesús Prieto o el expresidente de Mercasa Eduardo Ameijide, entre otros.
El rastro de los correos
Curiel, que también fue adjunto al director financiero en Mercasa entre los años 2007 y 2012, alegó en su recurso que el contrato por el que la Audiencia Nacional ha actuado contra una veintena de personas se firmó un año antes de su incorporación a la empresa pública, en concreto en 2006. Además expuso que no había pruebas que le relacionaran con el presunto pago de sobornos a funcionarios angoleños a cambio de que el Ministerio de Comercio del país africano se decantara por la empresa controlada en un 51% por la SEPI y en un 49% por el Ministerio de Agricultura.
Sin embargo, el auto que firmado por los magistrados Alfonso Guevara, Carlos Fraile y Ana María Rubio rechaza sus argumentos. "Este Tribunal no puede compartir tal perspectiva", responden y precisan que el caso consta con documentación más que de sobra que probaría que existen indicios de pago de mordidas que salieron del monto total fijado para la construcción del mercado de Luanda. Además, se amparan en contratos firmados entre el consorcio que presidió y la propia Mercasa,-contra la que también actúa el magistrado- así como en correos electrónicos "de los que razonablemente cabe interferir que el recurrente estaba al corriente de los pagos de comisiones efectuados a través de Sonadi", reza el auto.
La Sala respalda de este modo la línea trazada por el instructor, el cual expuso al término de esta investigación que dicha sociedad del conseguidor Oliveira Taveira fue una de las empleadas por los acusados para canalizar el desvío de mordidas cercanas a los veinte millones de euros. Los hechos, constitutivos de delitos tales como organización criminal, falsedad documental o corrupción en las transacciones económicas internacionales, se habrían llevado a cabo siguiendo el patrón puesto en marcha en República Dominicana, Panamá o Argentina.
Destrozo de los discos duros
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 explicó que se concertaron con autoridades y funcionarios angoleños para modificar los contratos públicos a cambio de dádivas. Para canalizar todos estos sobornos, simularon acuerdos de consultoría con terceros que jamás llegaron a realizase. Estas cuantías desviadas fueron a parar a sociedades pantalla con cuentas en el extranjero. El juez resaltó entonces el papel que jugó el comisionista clave del caso, el cual está fugado de la Justicia, ya que fue el destinatario de las transferencias que efectuó el consorcio de Mercasa y que se repartieron a su vez, entre los implicados en la trama. De hecho, se quedó comisiones cercanas al 9% aunque desvió mordidas que oscilaban entre el 1 y el 8%.
Al igual que hiciera con el caso Defex, el instructor aprovechó el cierre de esta instrucción para denunciar la existencia de un "patrón delictivo" que se repitió al menos entre los años 2006 y 2016 "con absoluto desprecio al Derecho y a las más elementales normas legales y éticas". Igualmente, apeló al abundante material del que se ha ido nutriendo este procedimiento penal con especial hincapié en los correos que se intercambiaron entre ellos. Algunos incluso hicieron constar que cuando la UDEF pidió información al consorcio Mercasa Incatema, hubo órdenes de formatear los discos duros y donarlos a una ONG de Angola. Ahora, la Sala respalda su criterio de actuación y mantiene los indicios de comisión de delito en este trámite de resolución de recursos previo a que se dicte la apertura de juicio oral.
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