El BBVA ha aportado una batería de documentación para acreditar ante el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón que no ocultó los pagos al comisario jubilado José Manuel Villarejo durante los 13 años que éste prestó sus servicios de inteligencia al banco. Los servicios jurídicos de la entidad financiera hacen un repaso de la normativa de contabilidad interna para despejar cualquier duda acerca de si se siguieron dichas reglas a la hora de contabilizar las facturas del Grupo Cenyt, que entre 2004 y 2017 cobró más de 10,2 millones de euros por el desarrollo de diferentes trabajos de investigación. En este sentido, el banco asegura que todas ellas "se clasificaron de forma correcta".
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, Manuel García Castellón, requirió en julio de 2021 al banco que remitiera la normativa contable interna y que informara sobre las personas exactas que constan como autorizadores de varios pagos al grupo empresarial liderado por Villarejo. Asimismo, también pidió que un "responsable" de la entidad explicara en qué casos las facturas de un proveedor se pueden registrar en un tipo de cuentas y en qué caso se hace en otras. Todo ello después de que la Fiscalía Anticorrupción advirtiera que el banco habría escondido los abonos de los espionajes que realizó el agente encubierto. El Ministerio Público tiene esta sospecha porque, según indicó, ni BBVA ni el informe 'forensic' aportado por la entidad habían aclarado por qué algunas de las facturas giradas por Cenyt se contabilizaron en una cuenta de quebrantos frente a una cuenta de pago a proveedores o a un centro de coste, tal y como "las nociones básicas de contabilidad dicen que debería haberse hecho".
En respuesta a este requerimiento, BBVA puso a disposición del magistrado instructor a un "técnico en materia" para aclarar estas dudas. Así, el pasado 22 de abril prestó declaración como testigo Gregorio Egea, un empleado del Departamento Financiero del banco, que aunque no pudo dar mucho detalle sobre la facturación concreta a Villarejo, sí explicó que la diferencia entre contabilizar un pago en una cuenta o en otra es si el trabajo realizado corresponde a un servicio ordinario o no. Ante la insistencia del fiscal en saber qué categoría o 'estatus' se le dio a los contratos firmados con el comisario jubilado, la entidad que preside Carlos Torres se comprometió a entregar toda la documentación sobre este asunto.
En este contexto, BBVA ha presentado este jueves varios documentos sobre la contabilización de los trabajos del polémico policía y un escrito en el que se explica cómo y por qué se hizo de una determinada manera. Tras hacer una "distinción entre contabilidad financiera y centro de costes", el banco recalca que las facturas de Cenyt "no generaban una contabilización automática", ya que "estos servicios no formaban parte de la actividad ordinaria del negocio del banco". Ello significaba que, a efectos regulatorios, la cuenta de pérdidas y ganancias en la que debían figurar los pagos era la de "otros gastos de explotación", pues los trabajos desarrollados "no se podían considerar gastos de administración".
No obstante, esta no era la única forma de contabilizar una factura, debido a que BBVA tenía un plan contable interno, lo cual es totalmente legal y habitual para la gestión interna de las compañías. Según el escrito y la documental entregada al juez de la Audiencia Nacional, a la que ha tenido acceso La Información, cada "operador contable" tiene un cierto "margen de discrecionalidad" para decidir en qué cuenta concreta debe clasificar las peticiones de pago. En el caso relativo a Villarejo, los abogados de BBVA señalan que, aunque desconocen "cuál fue el proceso que se siguió en cada factura", lo más apropiado sería que lo hiciera en la que "agrupa gastos de proveedores que no tienen acomodo en otra de las cuentas".
Otros gastos de explotación
Bajo esta premisa, el equipo jurídico del banco considera que la contabilización de dichas facturas en la cuenta de "quebrantos", que es la que más interés ha generado al Ministerio Fiscal, se hizo de manera adecuada, ya que "no correspondían a gastos de ninguna de las otras partidas del modelo oficial". En esta línea añade que la explicación ofrecida en la Circular 4/2004 y Circular 4/2017 del Banco de España sobre otros gastos de explotación "demuestra que la contabilización de las facturas de Cenyt que se clasificaron de esa forma fue correcta".
Por otro lado, BBVA también analiza los centros de coste y subraya que "están separados de la contabilidad financiera", pues en realidad "son una herramienta de gestión que permite asignar costes a unidades concretas o contrastarlos con los diferentes presupuestos". Por ello, los abogados del banco hacen hincapié en que un mismo tipo de gasto puede aparecer en varios centros -que pueden corresponder a una sucursal, a un departamento concreto, a una determinada actividad como la Junta General de Accionistas o un proyecto concreto- al haberse generado "para dar servicio a distintas unidades simultáneamente, e incluso al banco en su conjunto".
Así, tras hacer un repaso de todas las facturas halladas en las distintas cuentas relacionadas con al menos siete contratos, BBVA se para en unas que fueron emitidas en los años 2005 y 2006, en las que Anticorrupción también ha centrado su atención al no estar localizadas físicamente. El banco trata de rebajar las dudas sobre la veracidad de estos documentos y afirma que el hecho de que las mismas se encuentren "contabilizadas en los sistemas internos, permite tener la evidencia de su existencia y el trámite que se le dio hace 17 años". Y es que, según la entidad presidida por Torres, los sistemas informáticos en los que se encuentran registradas "ya recogen información relevante de las facturas".
Hemos bloqueado los comentarios de este contenido. Sólo se mostrarán los mensajes moderados hasta ahora, pero no se podrán redactar nuevos comentarios.
Consulta los casos en los que lainformacion.com restringirá la posibilidad de dejar comentarios