Las investigaciones al Banco de Valencia no terminarán con el fin del juicio del caso Bankia. Pese a que la vista por la salida a bolsa del banco ha tocado a su fin, la Audiencia Nacional sigue con las pesquisas que arrancaron hace ahora seis años por presunta falsedad de los estados financieros de Banco de Valencia del ejercicio 2010. De hecho, una de las últimas diligencias acordadas en el procedimiento fue la declaración, en calidad de testigo, del socio auditor de Deloitte Francisco Celma, el cual expuso que emitieron un informe favorable a los estados financieros del banco tras obtener el visto bueno del Banco de España.
Fuentes presentes en la declaración, que tuvo lugar el pasado viernes, explican a este diario que Celma compareció en calidad de coordinador de las auditorías de la firma. El experto relató ante el magistrado Santiago Pedraz que el auditor que analizó las cuentas del banco valenciano, Miguel Monferrer, lo hizo después de que Banco de España autorizara la emisión del informe sin salvedades. También dio el visto bueno al reparto de dividendo entres los entonces miembros del consejo de administración imputados en la causa.
Se da la circunstancia de que la fiscal Anticorrupción al frente del procedimiento es Carmen Launa, la misma que ha dirigido la acusación en el caso Bankia. A su juicio, los estados financieros del ejercicio 2010 no reflejaban la verdadera imagen del banco y por eso ejerce acusación contra el que fuera su presidente, José Luis Olivas; el exconsejero delegado Domingo Parra; el consejo de administración y la auditora Deloitte. La representante del Ministerio Fiscal se apoya en las conclusiones del supervisor el cual plasmó que la entidad valenciana ocultó importantes deterioros que son los que derivaron en una posterior inyección de dinero público de 1.000 millones de euros.
Reflejo en el caso Bankia
De hecho, las cuentas de Banco de Valencia no solo están en el punto de mira en esta instrucción que se aproxima a su fin, sino que también han sido de crucial importancia para Anticorrupción en el juicio de Bankia. Y es que para la fiscal parte de la mala situación que presentaba Bancaja se debía principalmente a que tenía una elevada participación en el banco valenciano y ello acabó repercutiendo en los estados financieros de la matriz Bankia. El tribunal de la Audiencia Nacional, sin embargo, ha insistido en desligar el asunto de la salida a bolsa del banco que preside Ignacio Goirigolzarri con la mala situación de Banco de Valencia.
Los exdirectivos de la entidad que acabó comprando Caixabank por un euro se escudan en que el supervisor autorizó el reparto de dividendos entre la entonces cúpula y en que el FROB apuntó que los deterioros que tuvieron lugar en el banco eran de 2011 y no del ejercicio anterior. Pese a ello, existen informes en la causa que apuntan a la dirección contraria, como ocurre con la Intervención General del Estado. Las conclusiones alcanzadas ponen de manifiesto que estos deterioros aflorados en 2011 ya se encontraban latentes al cierre del ejercicio anterior.
Compra de acciones
Algunos de los directivos implicados en este procedimiento penal han entregado a lo largo de esta fase de instrucción documentos que acreditan que ostentaron acciones de Banco de Valencia como prueba de que creían en su solvencia. Es el caso del expresidente José Luis Olivas, el cual, en un poder notarial entregado al juzgado y recogido por este diario, expuso que adquirió junto con su mujer más de 50.000 títulos de la entidad de los cuáles se deshicieron en dos fases comprendidas entre noviembre de 2011 y principios del ejercicio siguiente.
Con todo, estas no son las únicas cuentas pendientes que tienen la excúpula de Banco de Valencia con la Justicia. El propio Domingo Parra fue acusado de causar un perjuicio a la entidad de 29 millones de euros con la compra de una piscifactoría del exministro del PSOE Antoni Asunción. Por estos hechos la Fiscalía solicitó cuatro años de prisión para el exconsejero delegado. Además, el exCeo fue condenado a cuatro años de cárcel por dar luz verde a tres operaciones urbanísticas que habrían dejado un 'roto' a la entidad adquirida por Caixabank de 198 millones de euros.
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