El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, cede a la presión y anuncia la apertura de un control interno en el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), "a petición de este mismo organismo", para analizar el presunto espionaje a más de 60 líderes independentistas entre 2017 y 2020. La medida busca calmar a ERC, un socio clave en estos dos años de investidura, y en especial esta semana, cuando se vota el decreto ley con la batería de medidas para dar respuesta a la crisis desencadenada tras la invasión de Ucrania. El paquete contempla medidas por valor de unos 16.000 millones de euros entre ayudas, rebajas fiscales y línea de avales públicos, y para sacarlo adelante necesita tener amarrados los 13 escaños de Esquerra, dado que Vox votará previsiblemente en contra, Ciudadanos ha condicionado su 'sí' a la apuesta por la energía nuclear, y el respaldo del PP sigue en el aire después de que Feijóo presentara su propuesta económica centrada en una bajada generalizada de impuestos que no contempla el Ejecutivo.
El ministro ha viajado de urgencia este domingo a Barcelona para reunirse con la consellera de Presidencia, Laura Vilagrá, tras el aumento de la tensión en los últimos días por Pegasus, que llevó al president de la Generalitat, Pere Aragonès, a amenazar al Ejecutivo con votar en contra del citado plan anticrisis y le dió a modo de aviso una semana de plazo como máximo para recibir explicaciones. El tono incluso llegó a elevarse después de decir que "el Gobierno podría llegar a caer" si no depuraba responsabilidades. Tras una cita de dos horas y sin teléfonos móviles, en la rueda de prensa posterior al encuentro, el ministro ha anunciado cuatro mecanismos con el fin de esclarecer el caso Pegasus, en el que además del citado control interno del CNI, el centro de inteligencia estará a disposición del Defensor del Pueblo para esclarecer lo sucedido y ha anunciado la "plena colaboración" del Gobierno con la Justicia para "desclasificar información si fuese necesario". Por último, ha hecho un llamamiento a todos los partidos políticos para que la constitución de la Comisión de Secretos Oficiales del Congreso se active de forma inmediata.
Esta es una de las cuestiones clave, ya que en estos dos años de legislatura, el Gobierno no ha logrado activar dicha comisión, con PP, Cs y Vox en contra, y, por tanto, no ejerce el control parlamentario sobre el uso de fondos reservados y sobre las actividades de los servicios de inteligencia de España. Según el Reglamento de la Cámara Baja, para poder conocer materias clasificadas es necesario contar con la autorización del Pleno del Congreso obteniendo el respaldo de tres quintos de la Cámara, esto es de 210 votos, en una votación secreta mediante papeleta en urna. Los elegidos, uno por cada grupo del Congreso (generalmente el portavoz), pasan a formar parte automáticamente de la citada comisión, que dirige la presidenta de la Cámara, actualmente Meritxell Batet. Alcanzar esos 210 votos es complicado ya que requiere de apoyos entre los grupos parlamentarios, y el clima político no parece propicio. Así, para que los independentistas de ERC, Junts (como portavoz del Grupo Plural), EH Bildu e incluso la CUP (en representación del Grupo Mixto) puedan estar representados en la comisión es necesario que recaben votos de diputados del PP, Vox y Ciudadanos, que juntos ya suman 150 y, si todos ellos se niegan, nadie puede lograr ese mínimo de 210.
Con un tono conciliador, Bolaños asegura que desde Moncloa "no tienen nada que ocultar" y tienen la "conciencia tranquila". "Queremos garantizar a los afectados que vamos a esclarecer los hechos y vamos a dirigirnos a toda la ciudadanía. Nuestra voluntad es demostrar que España es un Estado de Derecho", ha remarcado. Una vez superada la división por el 'procès', el ministro ha aprovechado la ocasión para "superar viejos" enfrentamientos y ha querido dejar claro que la Cataluña de ahora, es diferente a la de 2017, ante la que ha destacado el papel que ha desempeñado el líder del Ejecutivo, Pedro Sánchez. "Cualquier dificultad que haya en el camino la solucionaremos con el diálogo", apostilla.
Por último, tras descartar dimisiones como piden desde Cataluña, ha puesto de relieve el rol que desempeña la región desde el punto de vista económico para España y recuerda que los últimos Presupuestos Generales del Estado (PGE), contemplan inversiones "nunca vistas" para esta CCAA. "Queremos mirar al futuro con esta nueva Cataluña", sentencia.
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