La investigación sobre la quiebra del Banco Popular, una de las que más esfuerzos concentra en la Audiencia Nacional, continuará, al menos, otros seis meses, hasta el próximo 29 de julio. Así lo ha acordado el juez instructor José Luis Calama con el objetivo de poder profundizar en la financiación de clientes para la ampliación de capital por 2.500 millones de euros del año 2016. De este modo, la causa se acercará a cumplir su quinto aniversario, ya que se inició en octubre de 2017, solo cuatro meses después de que el organismo europeo JUR acordara la resolución, tras la admisión de varias querellas contra los dos expresidentes Ángel Ron y Emilio Saracho y miembros del consejo de Administración.
A lo largo de los más de cuatro años de pesquisas, los investigadores han recopilado numerosas pruebas documentales, incluso testimonios de relevantes testigos, como el de la presidenta de la JUR Elke König; el expresidente del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) Jaime Ponce; o el exministro de Economía Luis de Guindos; además de las declaraciones de los exdirectivos investigados. Por ello, fuentes jurídicas cercanas a la causa entendían que la instrucción estaba llegando a su fin, lo que podría haberse producido a finales de este mes de enero cuando expiraba la última prórroga concedida. Simplemente a la espera de que lleguen los últimos informes periciales y se practiquen las comparecencias de peritos ya acordadas para decidir si existen indicios de delito para llevar a los investigados a juicio o, por lo contrario, archivar la causa.
Sin embargo, uno de los últimos informes que aportaron los peritos del Banco de España habría sembrado nuevas dudas en el juez, que le ha llevado a querer profundizar sobre el asunto. En dicho documento, los funcionarios del supervisor bancario afirman que desde 2012 el banco extinto tenía pendiente de provisionar 521 millones de euros en relación a las operaciones de refinanciación a empresas con problemas financieros a través del fondo Thesan Capital. Por ello, el magistrado Calama solicitó al Banco Santander -que compró Popular por la cifra simbólica de un euro- más documentación sobre este asunto para aclarar la gestión de riesgos que hizo la entidad resuelta para llevar a cabo esta operativa, de la que se sospecha que sirvió para ocultar pérdidas y alterar sus cuentas.
Así, a la espera de que llegue esta documentación "de indudable valor" y de cuyo estudio "es posible determinar y concretar las diligencias necesarias que de ella puedan derivar, ya se trate de ampliar las periciales acordadas, de aportar nuevos documentos que la complementen o de recabar el testimonio de las personas que hayan intervenido en los hechos investigados", el titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional ha acordado extender las pesquisas seis meses más, según un auto, al que ha tenido acceso La Información.
Ratificar informes periciales
En dicha resolución, el magistrado instructor, que sigue el criterio de la Fiscalía Anticorrupción, que advirtió de las complicaciones que está teniendo Santander para encontrar toda la documentación reclamada, también señala que está pendiente que los peritos del Banco de España ratifiquen en comparecencia judicial el informe aportado sobre las operaciones de Thesan, así como otro entregado sobre la corrección de las valoraciones de los activos adjudicados al Banco Popular. Pero el magistrado también recalca que aún queda un importante fleco en el que profundizar: la posible financiación a clientes que participaron en la ampliación de capital en 2016.
Cabe recordar que hace casi un año, en febrero de 2021, el juez pidió a Santander tres ficheros con documentación para investigar si el Banco Popular otorgó financiación a clientes para la ampliación de capital y si "de forma deliberada no la restó del capital regulatorio". Esta operación no supone una práctica irregular en sí misma, pero sí lo es contabilizar el dinero en las ratios de solvencia puesto que hay que deducirlo del capital.
El instructor sospecha que el exaltos cargos de la entidad financiera resuelta, como los directores generales de Banca Minorista, Antonio Pujol, y de Negocio de Clientes, José Ramón Alonso, fueron los que "lideraron dicha financiación, alentando a la red comercial -a través de los directores territoriales y regionales- para que ofertaran financiación a determinada clientela de Banco Popular a fin de participar en la referida ampliación de capital". Además, en el auto por el que pidió colaboración al banco 'heredero' presidido por Ana Patricia Botín, el magistrado resaltó las dudas que le generaba que el departamento de Auditoría Interna no hubiera abierto "una amplia investigación" sobre estos hechos.
Declaraciones pendientes
Por otro lado, el auto que acuerda la nueva prórroga destaca también que entre las diligencias pendientes de practicar se encuentran las declaraciones de los inspectores del Banco de España y del Banco Central Europeo (BCE) que supervisaron e inspeccionaron 'in situ' al Banco Popular antes de su resolución. Sus declaraciones se han programado para los próximo 24 de febrero y 3 de marzo y, según explica el juez Calama, sus testimonios son importantes para esclarecer "aspectos relevantes relacionados con una probable infradotación de provisiones en el balance" del banco extinto.
Asimismo, recuerda que el que fuera director de los servicios jurídicos, Tomás Pereira, a quien se le atribuye el "diseño jurídico" del entramado de sociedades instrumentales para llevar a cabo la presunta refinanciación irregular de clientes en Luxemburgo, aún no ha declarado como imputado, pese a que estuviera previsto para el pasado mes de junio, si bien la comparecencia se suspendió hasta que se conociese el reciente informe de los peritos del Banco de España. Por todo ello, por el "carácter extraordinariamente complejo de los hechos investigados", el juez considera que es "absolutamente lógico y razonable" ampliar la instrucción.
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