El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha vuelto a pedir al PP que reconsidere su postura para poder llegar cuanto antes a un acuerdo que permita la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y le ha recordado que las leyes se cumplen y, por tanto, no valen "chantajes". Tampoco vale ser "constitucionalista" a tiempo parcial, ha resaltado el ministro en su comparecencia en la Comisión de Justicia del Congreso para informar este miércoles del Plan Justicia 2030.
"Les pido reconsideración; sé que van a estar y espero que lo hagamos cuanto antes", ha enfatizo el titular de Justicia tras reconocer que la renovación del CGPJ está bloqueada y reiterar que tiene que cumplirse lo aprobado por las Cortes. Campo ha dicho que eso es "irrefutable". Durante su comparecencia, el ministro ha defendido la independencia de los jueces y ha sido tajante al asegurar que "ni hay politización de la justicia ni judicialización de la política".
Campo ha sido preguntado por las críticas de tres de las cuatro asociaciones de jueces y la carta que enviaron a la Comisión Europea advirtiendo del riesgo de violación del Estado de derecho en España por el cambio legal que impulsaron el PSOE y Podemos para rebajar los requisitos para renovar el Consejo General del Poder Judicial. El ministro ha recalcado que esa carta no la firmaron 2.500 jueces, como se dijo en su momento, sino tres asociaciones, y esa ley fue retirada a propuesta del presidente del Gobierno. La que sí se aprobó fue la que recorta las funciones del CGPJ estando en funciones y obtuvo el aval de la vicepresidenta de la Comisión Europea para Valores y Transparencia, Vera Jourová.
En otro orden de cosas, el ministro ha admitido que no le gustó que en la exposición de motivos de la ley en la que se incluyó la derogación del artículo 315.3 del Código Penal, que castigaba con hasta tres años de cárcel a los piquetes informativos que coaccionen en una huelga, se acusase al Partido Popular de aprovechar la crisis económica para desmantelar las libertades y ha pedido que ese tipo de situaciones no vuelvan a producirse. Sobre los indultos a los condenados del "procés", Campo ha indicado que los expedientes no han llegado al Tribunal Supremo y ha dejado claro que, sea cual sea la decisión, sea "positiva, negativa o medio pensionista", él irá al Congreso a explicarla.
El ministro ha comparecido a petición propia para exponer las iniciativas diseñadas dentro del Plan Justicia 2030, como los anteproyectos de eficiencia procesal, organizativa y digital, la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal o la futura ley del derecho de defensa. Ha destacado también los proyectos de modernización que se financiarán con los 410 millones de euros de los fondos europeos, que se destinarán a la administración de justicia hasta 2023.
La mayoría de los grupos han avalado la necesidad de modernizar la administración de justicia, su accesibilidad y su eficiencia, aunque han mostrado distintos grados de entusiasmo ante los proyectos expuestos por Campo, que Vox ha tachado de "humo" y "propaganda". Desde el PNV, Mikel Legarda ha confiado en que los proyectos, que ha calificado de "revolucionarios" y "ambiciosos", salgan adelante, mientras que los portavoces de ERC y JxCat han centrado su intervención en las reformas que consideran pendientes, como en el Código Penal los delitos de expresión, la despolitización de la justicia o la celebración de los juicios en las lenguas cooficiales sin traducción. El PP ha tendido su mano para llegar a un consenso en todas estas medidas, pero le ha recordado al ministro que el Gobierno también tiene que aceptar propuestas de la oposición si quiere llegar a acuerdos.
