Francisco Celma ha vuelto a apuntar a lo más alto de la excúpula de Bankia para argumentar los motivos concretos por los que incumplió la ley de auditoría -a la que se han aferrado los consejeros para responsabilizarle por el devenir de la entidad- y no dio el visto bueno a los estados anuales de 2011. El motivo, como ha reiterado en otras ocasiones, es que no se le entregó toda la documentación que Deloitte venía requiriendo, según ha expuesto en su declaración de este jueves en la que, además, ha hecho mención concreta a una conversación telefónica mantenida en abril de 2012 con el entonces presidente Rodrigo Rato en la que él le planteó que "movería hilos" para que la recibieran pero que "olvidara la dichosa documentación" puesto que le quería pedir otro informe relativo a la ampliación de capital de la entidad.
"Ya en abril mantuve una conversación con Rato el cual me preguntó que cómo iba la auditoría y yo le respondí: "Presidente, no va". Rato me respondió que movería hilos para que se la dieran pero también me comentó que iba a haber una inyección de capital de 7.000 millones de euros en Bankia y me pidió la opinión al respecto. "Presidente, insisto, me falta documentación", le dije, y él me respondió que me olvidara de la "dichosa documentación", ha expuesto el auditor en su segunda sesión de interrogatorio ante el tribunal de la Audiencia Nacional que juzga la salida a bolsa de Bankia.
Consciente de que esta es su oportunidad de eludir toda la responsabilidad que le han achacado los exmiembros de la entidad por no haber firmado dichos estados, Celma ha asegurado que en esta conversación telefónica el exvicepresidente del Gobierno se mostró más interesado en que Deloitte le diera el visto bueno a la inyección de capital público que planeaba la cúpula de la entidad entonces. La respuesta de Celma, siempre según su versión, fue que emitiría una "opinión" que plasmó por escrito y que envió a presidencia con copia al interventor de Bankia, Sergio Durá. "Este papel no es un borrador de auditoría porque está basado en dos hechos que no se produjeron nunca", ha apostillado.
Por ese motivo, ha seguido explicando que no lo remitió al comité de auditoría interno del banco y ello derivó en que finalmente las cuentas se presentaron 'in extremis' ante la CNMV sin auditar. De hecho, ha asegurado que toda la documentación requerida la comenzó a recibir tras la llegada a la entidad del actual presidente, Ignacio Goirigolzarri. De esta forma, Celma, que afronta cinco años de prisión por delito de falsedad en las cuentas, arremete contra los consejeros de Bankia que han declarado hasta el momento y que se ampararon en su confianza en la editora y en que desde la firma no se le comunicó en ningún momento acerca de la existencia de salvedades.
Sobre ese punto concreto también se ha referido el acusado al asegurar que a fecha de 23 de marzo de 2012, días antes de que tuvieran lugar los comités de auditoría para analizar la formulación de las cuentas, Deloitte carecía de información relativa a información crediticia y activos adjudicados, "que son los dos grandes epígrafes sobre los que hay que realizar estimaciones". "Tres días antes de ir al comité de auditoría no tengo el detalle de las refinanciaciones", ha apuntado al tiempo que ha recordado en diversas ocasiones del intenso interrogatorio al que le han sometido las partes que "entre las funciones del auditor no está la gestión de la entidad" así como tampoco "hacer juicios de valor" de los movimientos internos del banco.
"Jamás he hablado con nadie de Economía"
Otro de los puntos candentes en el juicio es el relacionado con el papel que jugó en la crisis de Bankia el Ministerio de Economía, dirigido entonces por Luis de Guindos, y cuyo nombre ha salido a relucir en diversas ocasiones del procedimiento señalado como el artífice de la salida de Rato en connivencia con otros tres grandes bancos del país. Aunque no se ha pronunciado sobre este capítulo concreto -al que sí hicieron alusión el propio Rato, Francisco Verdú o José Antonio Moral Santín- el auditor ha apuntado que "jamás" ha hablado con nadie del este departamento acerca de Bankia ni de ningún otro de sus clientes puesto que sus comunicaciones se ceñían al Banco de España y la CNMV.
Las cuestiones planteadas por las acusaciones han llevado al experto a echar la vista atrás hasta la creación del SIP que dio nacimiento a BFA y Bankia en 2010. Sobre este punto así como sobre la elaboración del folleto de salida a bolsa de la entidad y la fijación del precio de las acciones, ha eludido cualquier responsabilidad en el asunto. Aunque ayer ya rechazó cualquier vínculo con Bancaja -puesto que solo había sido auditor de Caja Madrid desde el año 2009- Celma ha vuelto a este extremo en su declaración para referirse a otro de los aspectos claves para Anticorrupción y es el papel de Banco de Valencia en este proceso. Al respecto se ha limitado a decir que no tuvo nada que ver con Bankia y que simplemente era una participada de BFA la cual quedó a cero después de que la matriz la saneara.
Ya en el turno del Ministerio Público, la fiscal Carmen Laúna ha preguntado a Celma por el contenido de un informe confidencial elaborado por PwC y aportado a la causa al arranque del juicio en el que la firma externa planteó unos ajustes más agresivos de los barajados inicialmente por el Banco de España en el plan de integración de las siete cajas en el SIP. En relación a este documento en el que PwC expuso una necesidad de ajustes de 11.500 millones, Celma ha defendido que se elaboró a iniciativa de Bankia porque en realidad ya contaban con los cálculos elaborados por el supervisor. Sea como fuere, para Laúna este documento es clave porque, según considera, vendría a probar que las cajas ocultaron su verdadera situación de cara a no frustrar el proceso de fusión fría.
En lo que sí ha coincidido con el resto de consejeros que han declarado hasta el momento ha sido en el terrible escenario macroeconómico de aquel momento. Celma ha dicho que si no se acotan las circunstancias se "tiraría horas" hablando de este contexto internacional en tanto afectó de manera directa a los bancos españoles puesto que eran los que tenían una mayor posición de endeudamiento para financiar el ladrillo. “Muchas veces se tiende a pensar que las cuentas de los bancos son lineales y eso no es así (…). Las circunstancias llevaron a unas pérdidas en Bankia de 3.000 millones de euros”, ha respondido, en referencia al ejercicio 2011.
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