Que un consumidor tenga que gastar un dinero extra para llamar por teléfono a una empresa de la que es cliente puede estar cerca de acabarse. El Ministerio de Consumo va a promover una reforma para prohibir que las empresas utilicen prefijos como el 902, que implican un coste adicional, en los teléfonos destinados al servicio de atención al cliente, como han confirmado a La Información fuentes del departamento que lidera Alberto Garzón. Una medida con la que quieren poner fin a lo que consideran un "abuso generalizado" que, según señalan, se ha acentuado aún más durante la pandemia de coronavirus.
La ley marca que todas las compañías deben tener un teléfono para atender a sus clientes para facilitarles la comunicación, y cuyo coste no debe superar el de una tarifa básica. Según el ministerio, las "discrepancias" sobre esa figura es lo que ha motivado que proliferasen los teléfonos 902, ya que "muchas empresas lo aprovechan para poner un número que supone un coste para quien llama". Teléfonos con "un coste muy alto" y que suponen un "elevado sobrecargo" en las facturas telefónicas de los hogares, argumentan desde Consumo. Un departamento gubernamental que considera que este prefijo está "obsoleto", ya que estuvo pensado para cuando las llamadas interprovinciales tenían costes extra y hoy en día todas las compañías telefónicas ofrecen tarifas planas.
El argumento principal para hacer este cambio es una la sentencia de 2017 del Tribunal de Justicia Europeo (TJUE), que determinó que la "tarifa básica" es aquella que en la que "el coste de una llamada a una línea telefónica de asistencia operada por un comerciante, en relación con un contrato celebrado, no puede exceder del coste de una llamada a una línea telefónica fija geográfica o móvil estándar". El motivo político es que Consumo estima que los accesos a esta vía de contacto con las firmas "no pueden estar condicionados por los recursos económicos del consumidor y estos no se pueden ver reducidos o perjudicados como consecuencia del ejercicio de un derecho básico".
La cartera de Alberto Garzón actuará contra estos 902 a través de una modificación del artículo 21.2 de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, donde ya se establece que "el uso de tal línea no podrá suponer para el consumidor y usuario un coste superior a la tarifa básica". Una redacción que será acotada para dejar claro que estos prefijos no están dentro de ese modelo, y así "evitar que las compañías puedan aplicar a las llamadas a sus servicios de atención al cliente precios que excedan el precio de llamada a una línea telefónica geográfica", defienden desde Consumo.
En el entorno del ministro Garzón aseguran que esta es una medida necesaria por las dificultades a la que se enfrentan muchos consumidores, que a veces descartan el contacto telefónico por el alto coste que les supondría. Lo que limita que ejerzan ese derecho que les corresponde. Además, la enmarcan dentro de sus políticas de justicia social, ya que lo que ocurría hasta ahora era un "abuso" que penalizaba a quienes menos tienen. Algo que se ha notado mucho más durante los meses del confinamiento por la pandemia de Covid-19, debido a las "restricciones de aforo, movilidad y presencialidad" que provocaban que el teléfono e internet fueran las únicas vías para hacer reclamaciones.
Para que esta prohibición sea una realidad, Consumo hará una consulta pública de la reforma para recibir aportaciones de quien lo considere. También llamarán a mesas de trabajo a las asociaciones de consumidores. Una manera de proceder que ya utilizaron con la ley para la reforma de la publicidad del juego online, que ya ha superado el trámite de pasar por la Comisión Europea (ya que afectaba a los servicios de información, que son competencia europea). Esta norma es la que prohibirá los anuncios de apuestas en los grandes eventos deportivos e impedirá que las camisetas de los equipos de fútbol publiciten casas de juego.
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