La crisis del coronavirus ha pillado en medio de sus vacaciones a miles de mayores que disfrutaban de los viajes subvencionados por el Imserso. Tras la decisión del Gobierno de cancelar todos los viajes previstos desde el 11 de marzo, la duda estaba en qué ocurriría con quienes ya estaban en su destino desde antes de que se publicara la orden ministerial que recogía las cancelaciones. Una situación que afecta a unas 60.000 personas, según explican fuentes de la Secretaría de Estado de Derechos Sociales, que depende de la vicepresidencia del mismo nombre. Y ante la que el departamento que lidera Pablo Iglesias ya se ha movilizado para garantizar la salud y el transcurso normal de las actividades que ya estaban en curso.
Por el momento, la decisión es que estos jubilados se mantengan en las ciudades a las que se desplazaron, como señalan las mismas fuentes del departamento que dirige Nacho Álvarez. Lo que se busca con esta medida es evitar que algunos de los participantes en los viajes regresen a ciudades con "pico de casos". Algo que afectaría a quienes vivan en la Comunidad de Madrid, La Rioja o País Vasco, que tiene como epicentro del brote las localidades de Vitoria y Labastida, además de los municipios burgaleses de Miranda de Ebro, Pancorbo y Condado de Treviño. Y que es un escenario que en el Ejecutivo han descartado para no poner en riesgo a los afectados.
El otro objetivo tiene un fin más lúdico. La idea de la vicepresidencia es no interrumpir las vacaciones de los 60.000 pensionistas que ya habían abandonado sus residencias habituales. "Es mejor que disfruten de sus vacaciones en la medida de lo posible", aseguran fuentes de la Secretaría de Estado de la que cuelga el Imserso. Este plan se enmarca dentro de la estrategia común del Ejecutivo que está coordinando el Ministerio de Sanidad, que es el encargado de liderar todos los movimientos que se realicen desde la Administración central contra la pandemia del Covid-19, que ya ha dejado casi 50 muertos en todo el país en menos de un mes. La mayoría de ellos, en Madrid y País Vasco.
La otra cuestión a destacar de este panorama excepcional es que todos los que están en un desplazamiento del Imserso están controlados por médicos. Algo que suele ser habitual, pero que en este caso se ha reforzado por el gran impacto que tiene el virus a la hora de contagiar a los más mayores. "Están acompañadas en todo momento por equipo médico", argumentan desde la vicepresidencia, que afronta su primera gran crisis por la pandemia apenas un par de meses de su creación tras el pacto de coalición entre PSOE y Unidas Podemos.
Pendientes del regreso... y las devoluciones de dinero
Lo que no está preparado por el momento es el escenario del regreso de esos turistas a sus municipios de residencia habitual. Esto dependerá del avance de la pandemia y de las decisiones que tenga que tomar Sanidad, ya que por el momento no están restringidos los movimientos de entrada a las comunidades más afectadas que han decretado el cierre educativo. De llevar a cabo estas limitaciones para acceder a regiones como Madrid, La Rioja o País Vasco, Derechos Sociales se enfrentaría a toda una problemática con los pensionistas que están a su cargo en los viajes. Y es que lo que quieren evitar es desentenderse de ellos, según explican fuentes de la Secretaría de Estado.
El otro tema pendiente que preocupa al equipo de Nacho Álvarez es cómo afrontar las devoluciones de lo pagado a los 200.000 afectados, que es la cifra aproximada de personas que han sufrido la cancelación del desplazamiento que tenían previsto desde este 11 de marzo. Por el momento no hay una solución planteada, pero la previsión es que se devuelvan todas las cantidades abonadas de los viajes que están afectados por las medidas para paliar el avance del virus. Aunque aún no hay cifras que puedan servir para aproximar a cuánto ascenderán los reintegros de los jubilados.
La situación de riesgo que viven los mayores por la evolución del coronavirus y sus contagios hacen que la preocupación sea máxima en los equipos de Iglesias y Álvarez. Todos los fallecimientos, 48 en España hasta ahora, son de personas mayores que de manera mayoritaria tenían patologías previas. El número de casos ya ha alcanzado los 2.200, localizándose casi la mitad de ellos en Madrid, que es la región que más está sufriendo el brote. Una situación que no solo tiene efectos sanitarios y sociales, sino también en la economía. Algo de lo que ya ha avisado el FMI, que ha pedido al Gobierno de Pedro Sánchez que impulse políticas para evitar que haya despidos y cierres de empresas ante la situación evidente de enfriamiento de la actividad económica.
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