Ha sido un rescate silencioso, como una de esas operaciones quirúrgicas en las que el operativo entra en territorio enemigo, cumple su cometido y vuelve a casa. También ha sido una misión de las que las Fuerzas Armadas llaman conjunta porque ha implicado a los Ejércitos (Tierra y Aire) y Armada. Y, finalmente, también acató lo que la Constitución determina para los militares en su artículo 8 en cuanto que protege la soberanía nacional y garantiza su independencia. Económica, en este caso.
En pleno verano, el Ministerio de Defensa ha ejecutado su particular salvamento de la industria nacional y ha cerrado acuerdos que se acercan a los 3.000 millones de euros iniciales pero que podrían duplicarse en un futuro no muy lejano (aunque los planes de armamento militares también se pagan de forma diferida en muchas anualidades presupuestarias). Pero lo más importante: todas las firmas involucran a empresas del sector nacionales o con fuerte presencia en el país: Navantia, Airbus, la antigua Santa Bárbara, Indra… Miles y miles de empleos protegidos que podrán salvar los meses más duros de la crisis actual en la que se ha adentrado España en su lucha contra la Covid.
Como es lógico, el Ministerio de Margarita Robles se centra en lo suyo, que es la industria de Defensa (para los problemas de la aeronáutica en general y las aerolíneas ya hay otros ministerios trabajando). Según la patronal del sector, Tedae, el sector genera más de 57.600 empleos directos (así como otros 150.000 indirectos), factura más de 13.000 millones de euros al año y suponen el 7,3% de todo PIB industrial nacional. Además, y por poner en perspectiva la importancia del rescate de casi 3.000 millones en apenas un mes, basta recordar que el polémico y salvador acuerdo para la construcción de cinco corbetas por parte de Navantia destinadas a Arabia Saudí se cifró en unos 1.800 millones de coste.
Esa cifra, de hecho, es muy similar al alcance del acuerdo que se ha producido esta semana… pese a no haber tenido apenas repercusión más allá de en las factorías que se van a beneficiar al fin de su rúbrica. El pasado martes, el Ministerio que dirige Robles anunció la firma definitiva con Tess-Defence para la tan esperada fabricación de los nuevos vehículos blindados del Ejército de Tierra. En la primera fase, según explicó el Departamento en un comunicado, se construirán 348 unidades del VCR (vehículos de combate sobre ruedas) 8x8 'Dragón' en los próximos diez años y se generarán con ello casi 9.000 empleos en Asturias, Madrid, País Vasco y Andalucía.
Tess-Defence es la sociedad creada 'ad hoc' que aglutina a cuatro empresas de diverso tamaño: Sapa Operaciones, Indra Sistemas, Escribano Mechanical & Engineering y Santa Bárbara Sistemas. Su unión, autorizada en mayo y cristalizada a principios de verano, ha sido indispensable para cerrar un acuerdo que llevaba años a la espera de la luz verde definitiva pero en el que España quería garantizarse al menos un 70% de participación de industria propia. Así ha sido finalmente en una firma que Robes ha tildado de "histórica".
Sin embargo, para dilucidar el verdadero impacto económico hay que recurrir a la información que proporcionó el mismo martes en su web General Dymanics European Land Systems (los propietarios de la vieja Santa Bárbara española desde su compra en 2001). Según sus datos, el acuerdo firmado asciende a 1.740 millones de euros, de los que ellos percibirán 733 millones de euros para adaptar su modelo ‘Piranha 5’ a las exigencias del Ministerio de Defensa español.
Eso, en lo que corresponde a los primeros 348 vehículos encargados, ya que la propia rama europea de la multinacional americana, adelanta que el compromiso alcanzado con Madrid podría extenderse hasta el millar de unidades fabricadas. Es decir, que los 1.740 millones iniciales podrían alcanzar en próximos años alrededor de 5.000 millones según se vayan ampliando los pedidos.
Tras General Dynamics, la otra gran empresa que ha explicado un poco más su participación en forma de cifras ha sido Indra (las otras dos, Sapa y Escribano, son firmas españolas de menor tamaño pero muy reconocidas en el sector). En concreto, y a cambio de unos 150 millones de euros en la primera fase del programa, dotará a los VCR de un sistema de misión de última generación y de la arquitectura electrónica. Además, aspira a ser parte de la solución para suministrar la torre del vehículo, a la que aportaría la tecnología optrónica y la dirección de tiro con sus calculadores balísticos. Según especifica la empresa que fuera pública, con esta decisión se aseguraría "la total soberanía nacional sobre la torre".
Ejército de Aire y Armada
De la tierra al aire, los movimientos del Gobierno para amparar a la industria nacional de la Defensa (y de la industria en general) vino después de una reunión del presidente, Pedro Sánchez, y el consejero delegado de Airbus, Guillaume Faury, el pasado 30 de julio. Justo en un momento en el que el gigante aeronáutico anunciaba hasta 1.600 despidos en España (sobre una plantilla de casi 13.000, según la propia compañía), llegaba el escudo protector sobre la división militar, que aglutina casi 8.000 de los empleos totales en nuestro país.
Vino en forma de largo acuerdo con múltiples variables, que incluyen las inyecciones vinculadas a las ayudas europeas por la crisis de la pandemia, a través de unos 185 millones en cuatro años que conformarán un Plan Tecnológico Aeronáutico. También terminarán en Airbus algunas de las APRs (ayudas parcialmente reembolsables) que podrían movilizar hasta otros 150 millones y España se compromete a iniciar la Fase II de desarrollo del programa NGWS/FCAS (Futuro Sistema de Combate Aéreo) y a anticipar varios pagos asociados a la participación española en el programa A400M.
Igualmente, se ampliará la participación de Airbus España en los programas espaciales como consecuencia del incremento en más de un 25% de la inversión de la Administración española en los programas de la ESA y por parte del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, se impulsará el programa de apoyo a la innovación de procesos en el sector aeronáutico para el periodo 2020-2025 con una dotación anual mínima de 15 millones de euros así como se constituirá un Fondo de Apoyo a la cadena de suministro dotado con un mínimo de 100 millones euros que permita su desarrollo y consolidación, con la cooperación de Airbus y el apoyo de Tedae.
Sin embargo, el grueso del acuerdo, lo que garantiza la carga de trabajo en las plantas españolas, es el compromiso de adquirir nuevos equipamientos no solo para las Fuerzas Armadas sino también para el Ministerio del Interior. Para empezar, se transformarán tres Aviones A330 en MRTT (avión multipropósito de reabastecimiento); y también se comprarán cuatro aviones C295 para Patrulla Marítima, se lanzará un programa conjunto entre milicia y policía para la adquisición de 36 helicópteros H135 en una primera fase de seis años, ampliable a 59 en una segunda fase y también desde Interior se comprarán cuatro helicópteros más H160 en los próximos seis años. Aunque los precios varían dependiendo de múltiples decisiones de cada contrato, el precio habitualmente pagado en el mercado por todas estas unidades roza los 400 millones de euros.
Finalmente, la mitad de ese esfuerzo, un máximo de 200 millones, es lo que el Ministerio de Hacienda autorizó en el último Consejo de Ministros de julio a la SEPI (y Navantia) para destinar a la construcción de un nuevo Buque de Acción Marítima de Intervención Subacuática (BAM-IS): 167 millones para su fabricación y el resto para el equipamiento tecnológico. Será el astillero de Puerto Real (Cádiz), que ha liderado estas semanas una dura protesta contra la falta de trabajo, el que se haga cargo del contrato con un impacto de 1.115 empleos entre directos e indirectos durante tres años y medio.
Con todo, el rescate del Gobierno de Navantia ni es nuevo ni se limita a este último buque de construcción inmediata. Son muchos los años que lleva Hacienda inyectando cantidades a la empresa pública para sostener su viabilidad económica y enjugar las pérdidas recurrentes en sus resultados anuales. De hecho, y como adelantó La Información, Navantia y SEPI (que es quien controla a la naval) han firmado un pacto con nuevas condiciones más favorables para la primera en la devolución pendiente de los 1.300 millones que la segunda le ha insuflado en el último lustro.
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