Más de un año después de que comenzara la instrucción de la causa del 'procés' y a la espera de conocer fecha de arranque del juicio, todavía no hay consenso entre las acusaciones acerca del monto total que el Govern desvió de los fondos públicos para financiar los hechos relacionados con la deriva independentista.
Así, en función de si la valoración proviene de la Abogacía del Estado, la Fiscalía o de la Guardia Civil, la cuantía oscila de los 1,9 a los 4 millones de euros. De esta forma, en su escrito de acusación remitido este viernes al Tribunal Supremo, los Servicios Jurídicos del Estado determinan que se gastaron un total de 1,97 millones de euros desglosado en seis partidas.
El Ministerio Público, por su parte, incluyó un conjunto de gastos superior a los 2,5 millones de euros en su escrito de conclusiones provisionales, mientras que la Guardia Civil, que investiga estos mismos hechos en la causa que todavía sigue abierta en el juzgado número 13 de Barcelona, asegura que la cifra asciende, hasta el momento, a los 4 millones de euros.
Pese a que la diferencia del dinero desfalcado alcanza el medio millón de euros en función de si las valoraciones provienen de la Abogacía o del Ministerio Fiscal, lo cierto es que sí obtienen conclusiones idénticas en algunas de las partidas que destinó el equipo de Carles Puigdemont para los preparativos del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017.
Ambas determinan que el gasto total del suministro de las más de 10 millones de papeletas repartidas para esa jornada y el censo electoral asciende a 979.661 euros. Igualmente coinciden en que la cuantía por la acción exterior que desarrollaron los acusados "en favor del proceso rebelde" suma un total de 344.4369 euros.
Más de 266.490 euros en la publicidad del 'procés'
Las dos acusaciones se hacen eco de las argucias que puso en marcha en 2015 el Govern para proyectar a escala internacional su deriva independentista. La cantidad reflejada fue a parar a la creación de hasta 17 delegaciones en el extranjero (lo que hizo que la partida pasara de 3 a 6,5 millones de euros) y llevó incluida una campaña de imagen que corrió a cargo del Consejo de Diplomacia Pública de Cataluña (Diplocat).
Desde este organismo salieron también los desgloses en concepto de honorarios a los observadores internacionales que participaron en la consulta ilegal (114.592 euros) y de gastos de alojamiento, viajes y otros (62.712 euros). En lo que respecta a publicidad institucional, que la Fiscalía atribuye a Jordi Turull en calidad de consejero de Presidencia, ambas concluyen que se desviaron más de 266.490 euros.
¿Dónde está por tanto la diferencia? Para los fiscales del caso hay que sumar 38.431 euros destinados a cartelería y cerca de un millón más, en concreto 900.906 euros, empleados para pagar el alquiler de más de 2.000 locales para el 1-O. La Abogacía también recoge en su escrito la cifra relativa a la utilización de estos centros de votación, pero no la suma al conjunto final.
A estas divergencias hay que añadir una tercera pata en el proceso que es la que constituyen los investigadores de la causa que instruye estos mismos hechos en Barcelona. En los informes que la Guardia Civil ha ido elaborando como resultado de sus pesquisas y que obran en el sumario de ese procedimiento, la cuantía malversada roza los cuatro millones de euros.
Esto es así porque de los 3,2 millones en los que valoró los gastos por el 1-O en junio, hay que sumar 759.390,58 euros más de fondos públicos, de acuerdo con un nuevo escrito del Instituto Armado. Según éste, se gastaron 6.287 euros en viajes al extranjero, y 753.102 euros en dos módulos informáticos destinados a "obtener unilateralmente información fiscal de los contribuyentes y a recaudar los impuestos de IRPF”. Se trata de la cifra más elevada y puede que no sea la definitiva teniendo en cuenta que esta instrucción sigue abierta.
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