El que fuera dueño de la constructora Ploder, Luis Gálvez, ha comparecido ante el magistrado del caso Púnica después de que Luis Bárcenas le implicara en el circuito de pagos en 'B' que habría canalizado el partido de donantes de la formación. Como ya hiciera en su declaración en sede judicial en 2014, Gálvez ha desmentido al extesorero de la formación y ha dicho que nunca llegó a pisar la sede de Génova del PP, negando tajantemente que se produjera aquella reunión en la que les habría entregado a él y a Álvaro Lapuerta un sobre con 60.000 euros en metálico para la campaña electoral de Esperanza Aguirre.
Según confirman fuentes jurídicas a La Información, la declaración del empresario apenas se ha alargado media hora ya que ha decidido contestar únicamente a la Fiscalía Anticorrupción, al magistrado y a su defensa letrada. Gálvez, que figura en la lista de supuestos donantes del PP a cambio de adjudicaciones de obra pública, ha insistido en que no dio pago alguno en negro ni al Partido Popular ni a ninguna otra formación política. En lo que respecta a Aguirre ha rechazado que financiara de manera irregular su campaña electoral del año 2007 y ha recalcado que apenas coincidió con ella en algún que otro acto.
El magistrado Manuel García Castellón le imputó en esta pieza de la trama después de que declarara en calidad de testigo Luis Bárcenas desvelando este episodio que se habría producido en los meses previos a los comicios electorales de mayo de ese año. En su comparecencia, el exgerente del PP relató un episodio que apuntalaría la acusación contra Esperanza Aguirre en un momento en que la instrucción de la causa está muy cerca de su fin. Según dijo, Gálvez les entregó un sobre con 60.000 euros en metálico que no anotó en sus famosos papeles porque el constructor les trasladó su deseo de que se aportaran de inmediato a la campaña de Aguirre. Acto seguido, según su relato, bajó a la planta del PP de Madrid y entregó a la mandataria regional el sobre en presencia de Francisco Granados.
La cláusula del 1%
Tanto Aguirre como Granados negaron la mayor e incluso la primera de ella anunció acciones legales contra el extesorero interponiendo una querella criminal. Francisco Granados, por su parte, respondió rechazando la existencia de ese encuentro y le acusó de mentir para intentar buscar beneficios penitenciarios tras su condena por Gürtel época I. De hecho, y tal y como adelantó este diario, su defensa solicitó al magistrado que diera luz verde a un careo para poder desmontar lo que a su juicio es un relato inventado. Además, expuso que no contaba con pruebas empíricas que demostraran que lo que decía era cierto ya que la nueva documental que dijo atesorar no implicaba al PP madrileño sino al nacional.
En su comparecencia de este jueves, Gálvez ha insistido en que no conoció a los extesoreros y ha explicado que la constructora apenas fue adjudicataria de obra pública en la Comunidad de Madrid. Al respecto ha confirmado que su empresa integró una UTE que se adjudicó la construcción del Hospital Infanta Leonor. Con todo, la Fiscalía Anticorrupción le incluyó en un listado de empresas, en su mayoría constructoras, que habrían abonado una cláusula del 1% para construir en la Comunidad de Madrid. Sobre este punto Gálvez ha dicho que en todos los contratos de la Administración existía este porcentaje restando importancia al asunto. En lo que respecta a Ploder, ha especificado que pidió el concurso en 2008 y se liquidó cuatro años después.
Aguirre, por su parte, expuso en su escrito al juez que estas acusaciones en su contra no eran más que una "venganza personal" por haberle reprochado en el pasado que ocultara un gran patrimonio en Suiza. Además, pidió al instructor que incorporara a la causa la declaración que prestó Gálvez en 2014 en el marco de la causa abierta por la caja 'B' y que también se investiga en otro juzgado de la Audiencia Nacional. Con todo, se trata de la segunda gran incriminación contra la presidenta del PP madrileño desde que fuera imputada en esta causa en septiembre de 2019. La primera se produjo el pasado mes de julio cuando Guillermo Ortega y Arturo Gonzalez Panero (exediles de Majadahonda y Boadilla del Monte) declararon junto con Isabel Jordán en contra de Aguirre.
Todos ellos apuntaron al poder que tenía en el partido regional e insinuaron que Aguirre no solo estaba al corriente de los pagos de constructoras sino que encargó a los ediles de los consistorios populares a 'agradecer' a esos donantes su contribuciones a las campañas. Con todo fue Ortega el que dio un paso más relatando el mismo episodio al que se refirió Bárcenas meses después. Según dijo, fue testigo en primera persona de la entrega del sobre con los 60.000 euros que provendrían de un donante en un encuentro en el que también situó al entonces gerente Beltrán Gutiérrez. Hoy, este empresario ha negado por completo las acusaciones.
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