Luis Bárcenas cumplió su promesa y tiró de la manta en el caso Púnica. El extesorero compareció poco más de dos horas y media ante los investigadores de este caso de corrupción para denunciar la existencia de una supuesta caja 'B' también en el PP madrileño. Su relato se centró en señalar a algunos supuestos donantes de la formación y a la entonces presidenta de Madrid, Esperanza Aguirre. De hecho, fue a la primera a la que incriminó nada más arrancar su testifical para recordar un episodio vivido en 2007. Según expuso, tanto él como Álvaro Lapuerta le entregaron un sobre con 60.000 euros que provenía del empresario Luis Gálvez en nombre de la constructora Ploder.
El extesorero, que compareció a petición propia tras conocerse su propuesta de colaborar con la Justicia, apuntó directamente a la exregidora de Madrid asegurando que tras recibir el dinero del presidente de Ploder (Luis Gálvez), bajaron a la primera planta de Génova para dárselo a ella en mano. Según expuso, se trata de una cuantía que iría destinada a la campaña electoral de 2007, la misma en la que, según la Guardia Civil, el Partido Popular habría gastado 2,5 millones de euros más de lo permitido por la Ley. De hecho, el extesorero dijo que tanto los gerentes de la formación como los altos cargos eran conocedores de los sobrecostes que existían para las campañas electorales. Y aunque quiso remontarse a 2003, año en que Aguirre obtuvo su primera victoria, los fiscales del caso le recordaron que solo se investigaban las de 2007, 2008 y 2011.
De hecho, según confirman a La Información fuentes presentes en la testifical, el tono de los fiscales que condujeron la declaración fue duro y se centró en conocer qué pruebas exactas atesora Bárcenas sobre la trama Púnica. Ahí fue cuando el también exsenador recordó otro de los capítulos que también investiga Manuel García Castellón relativo al robo de documentación comprometida del partido para el que trabajó más de tres décadas. No obstante, sorprendió al anunciar que atesora más de tres cajas de documentación que afectan de manera directa al partido durante la presidencia de Mariano Rajoy aunque no están directamente relacionadas con esta causa en la que también se investiga a Francisco Granados y los expresidentes madrileños Ignacio González y Cristina Cifuentes.
"Las donaciones no eran altruistas"
El abogado de Francisco Granados fue uno de los más incisivos en su turno de preguntas al cuestionarle si era cierto que atesoraba pruebas reales contra sus antiguos compañeros de filas. Incluso, al comienzo de la declaración, elevó el tono y pidió al juez que suspendiera la cita y le llamara como imputado tras confesar que él mismo bajó el sobre con el supuesto dinero en 'B' del constructor madrileño. El magistrado, no obstante, declinó la petición y siguió escuchando al que fuera responsable de finanzas del PP, el cual también dedicó parte de su intervención a recordar que existió un circuito de empresarios que habría financiado de manera oculta las campañas electorales ahora investigadas. "Las donaciones no eran altruistas", llegó a decir, en referencia a que, a cambio, eran beneficiados como licitaciones de obra pública.
En concreto se refirió a Juan Miguel Villar Mir. Dijo que el dueño de OHL fue uno de los donantes del partido a nivel regional y que le constaba que había muy buena relación entre su yerno Javier López Madrid y Francisco Granados. Al respecto cabe destacar que la Fiscalía Anticorrupción les sitúa en supuesto amaño de licitaciones como obras de metro ligero en Madrid y en el posterior reparto de dádivas. En concreto, apuntaron a un reparto de 6 millones de euros en comisiones. Así las cosas, también ha puesto en el foco a Ploder, por ser la empresa que habría efectuado la donación de 60.000 euros que terminó en las manos de Aguirre. La Fiscalía la incluyó en un cuadro de constructoras de centros de salud y hospitales de la Comunidad de Madrid que hizo pagos al partido. Destacó una entrega de 19.241 euros en relación con el centro de salud de San Martín de la Vega. Anticorrupción sostiene que las empresas que licitaron estas obras públicas tuvieron que pagar una cláusula del 1% en los pliegos de licitación de las obras si bien los principales imputados en esta causa negaron los hechos.
La otra incriminación
La incriminación de Bárcenas, y a la que ha reaccionado Aguirre anunciando la interposición de querella criminal, va en la línea de la apuntada en julio del pasado año por Guillermo Ortega. El que fuera alcalde de Majadahonda y edil en la época de Gobierno de Aguirre también declaró ante el magistrado Manuel García Castellón a petición de Anticorrupción. Ortega acudió como testigo de manera voluntaria y lo hizo junto con Isabel Jordán (exempleada de las empresas de Francisco Correa y también defendida por el letrado Gustavo Galán) y Arturo González Panero 'El Albondiguilla'. Todos ellos comparecieron tras enviar cartas a la Fiscalía en la que apuntaban a su conocimiento por este asunto. Sin embargo, el único que incriminó a Aguirre de manera directa fue Ortega, el cual suma una condena de 38 años y tres meses de cárcel por la trama Gürtel.
El exalcalde madrileño explicó también un episodio que dijo que se produjo en la sede de Génova cuando el ya fallecido Lapuerta le entregó a Aguirre un sobre con dinero de una constructora. "Yo estaba en el despacho de Francisco Granados, llamó la presidenta, bajó Álvaro Lapuerta y estuvo 5 o 6 minutos. Al rato volvió al despacho y me dijo que había sido una aportación de 60.000 euros que había sido una empresa constructora. A la salida fue lo que me dijo. Estaba Aguirre y creo recordar que también Beltrán Gutiérrez", dijo. Ortega, que insistió que en el partido no se hacía nada sin el consentimiento de Aguirre, implicó de este modo al exgerente de la formación regional. Se da la circunstancia de que la expresidenta también relegó en él cuando fue interrogada por estos hechos tras su imputación en la causa, si bien apuntó que "jamás" vio dinero en efectivo en el partido.
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