El dictamen del abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), Jean Richard de la Tour, ha abierto la puerta a la entrega del expresidente de la Generalitat de Cataluña Carles Puigdemont. Pero aún no hay una decisión firme. El propio tribunal tiene todavía que pronunciarse sobre el alcance de las euroórdenes emitidas por el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena, instructor del 'procés' independentista, lo que se espera para finales de este año. El criterio del abogado europeo no es vinculante, pero los magistrados suelen -existen excepciones- seguir el camino marcado. De ser así, la extradición del político catalán no tendrá lugar de manera inmediata, ya que el magistrado del Alto Tribunal español deberá decidir si mantiene la orden de detención, o emite una nueva con más documentación, lo que implica iniciar de nuevo el proceso, según explican fuentes jurídicas.
El informe del abogado general -que se ha dado a conocer este jueves- deja claro que la autoridad judicial de un país no puede rechazar la ejecución de una Orden Europea de Detención y Entrega (OEDE) bajo el pretexto de la posible vulneración de derechos fundamentales si no demuestra las posibles "deficiencias sistémicas o generalizadas" que supuestamente tiene el sistema judicial del país que reclama a un investigado. Así se refiere a Bruselas, que rechazó la entrega a España del exconsejero de Cultura de la Generalitat Lluis Puig en agosto de 2020 bajo este argumento y tras cuestionar la competencia del Tribunal Supremo para dirigir la investigación y posterior juicio contra los líderes independentistas. Para De la Tour esto tampoco tiene cabida.
Con todo ello, avaló que el Tribunal Supremo dicte nuevas euroórdenes dirigidas a Bélgica. El magistrado Llarena ya advirtió en marzo de 2021, con el planteamiento de la cuestión prejudicial sobre el alcance de las órdenes de detención, que lo haría tras conocer la opinión de los tribunales europeos. Así, en caso de que el TJUE ratifique el criterio del abogado general, la vía para el regreso del exconseller y de los otros procesados por los delitos de sedición, malversación de caudales públicos o desobediencia huidos de la Justicia española se abre al fijar la doctrina a seguir. No obstante, las fuentes jurídicas consultadas señalan que las autoridades judiciales deberán estudiar cada caso concreto.
En el caso de Puig es "más sencillo", ya que éste no goza de ningún tipo de inmunidad al no ser diputado del Parlamento Europeo, como sí lo son Carles Puigdemont o los exconsejeros Toni Comín y Clara Ponsatí -ésta última solo procesada por sedición-, desde las elecciones de mayo de 2019. Con respecto a los eurodiputados, cabe recordar que su inmunidad es provisional. El Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) aún tiene que resolver si los políticos catalanes huidos desde hace más de cuatro años pueden tener esta protección especial, después de que el Tribunal Supremo solicitara a la cámara parlamentaria el suplicatorio, la petición formal para proceder penalmente contra ellos y sentarles en el banquillo de los acusados.
En cualquier caso, hasta el momento y antes de la cuestión prejudicial, Bélgica solo ha estudiado (y denegado) la orden de entrega relativa a Puig. Las de Puigdemont y los otros ex 'consellers' estarán congeladas hasta que el TGUE aclare hasta dónde llega la inmunidad parlamentaria de los políticos catalanes encausados por el proceso independentista en Cataluña de otoño de 2017. Y ello, de acuerdo a las fuentes jurídicas consultadas, será un factor clave a tener en cuenta junto a las respuestas que, previsiblemente antes, dé el otro tribunal, el TJUE.
La vigencia de las euroórdenes
Las mismas fuentes subrayan que, una vez se conozcan las sentencias de ambos tribunales europeos -en el caso de Puig bastaría con la del TJUE-, y si suponiendo que son favorables para el Tribunal Supremo, el juez Llarena tiene la posibilidad de emitir nuevas OEDE, debido a que Bruselas ya rechazó la anterior, o insistir en la vigencia de las emitidas y aportar nueva documentación si lo considera necesario (como pueden ser las resoluciones), dando inicio de nuevo al proceso. Así, la Justicia belga tendrá que volver a analizar la situación, cumpliendo la doctrina de los tribunales superiores europeos, y valorar si se dan los requisitos para acceder a la entrega.
Cabe recordar que el juez Llarena decidió el 14 de octubre de 2019 reactivar todas las órdenes europeas de detención emitidas contra Puigdemont y los exconsejeros fugados, tras conocerse la sentencia del Tribunal Supremo. No obstante, con la detención del ex 'president' en septiembre de 2021 en Cerdeña (Italia) se abrió el debate sobre si éstas se encontraban suspendidas -debido a una comunicación de la Abogacía del Estado- hasta que el TJUE resuelva la cuestión prejudicial planteada por el instructor del 'procés'. Por ello, pese a que el magistrado instructor insistió en que las OEDE están vigentes, la Corte de Apelación de Sassari acordó dejar en libertad al expresidente catalán y aplazó la decisión sobre su entrega hasta que el tribunal con sede en Luxemburgo resuelva el asunto.
Revisión del Código Penal
La Decisión Marco del Consejo de la Unión Europea sobre la OEDE contempla un catálogo de delitos para los que la entrega se hará de manera automática. Entre ellos no se encuentra la sedición. El abogado general del TJUE destacó que en este mecanismo de cooperación jurídica entre miembros de la Unión Europea predominan los principios de "reconocimiento mutuo" y de "confianza mutua", que impide hacer un análisis en profundidad sobre los hechos investigados. No obstante, pese a que la norma comunitaria no reconoce lo que se denomina como "principio de doble incriminación", para estos casos concretos sí que señala que "la entrega podrá supeditarse al requisito de que los hechos que justifiquen la emisión de la orden de detención europea sean constitutivos de un delito respecto del Derecho del Estado miembro de ejecución, con independencia de los elementos constitutivos o la calificación del mismo".
Es decir, Bélgica tendrá que examinar si su Código Penal recoge una infracción similar a la sedición por la que han sido condenados (e indultados) en España nueve líderes independentistas juzgados, entre ellos el exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras. Según explican las fuentes consultadas, ello no debería suponer ningún obstáculo, pues el ordenamiento jurídico belga sí castiga conductas delictivas similares al delito español, aunque con penas de prisión muy distintas.
Por otro lado, aunque de momento habrá que esperar a que se resuelva la situación de Puigdemont, las mismas fuentes no aclaran si será Bélgica o Italia quien deba resolver la posible extradición del expresidente catalán. Ambas están pendientes. Uno por ser el país donde reside como eurodiputado, y el otro porque inició el procedimiento tras su desplazamiento a la isla de Cerdeña en el marco de un viaje de trabajo, al que fue acompañado por Comín y Ponsatí. Este segundo caso es algo distinto, ya que en ese momento (septiembre de 2021) la inmunidad sí que se encontraba suspendida -se la devolvieron de manera provisional el pasado mes de mayo-, si bien el tribunal de Sassari ya adelantó que la protección continuaba "intacta" al tratarse de una visita con motivo de un festival de cultura catalana.
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