Atrápame si puedes: los intentos del juez Llarena de capturar a Puigdemont

En un momento de la película ‘Atrápame si puedes’, Tom Hanks, en la piel del agente del FBI Carl Hanratty, ríe con satisfacción pensando que por fin había cazado a uno de los delincuentes que llevaba tiempo buscando, Frank W. Abagnale, un joven falsificador de cheques, protagonizado por Leonardo DiCaprio. Pero el policía no tardaba mucho en darse cuenta que había tenido delante a su enemigo y una vez más se había escapado. Esta es la sensación amarga que seguramente experimente el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena cada vez que el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont consigue librarse de que le extraditen a España para poder ser juzgado por el ‘procés’ independentista en Cataluña.

Pablo Llarena, conocido por su anterior etapa como presidente de la asociación de jueces con más afiliados, la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), llegó a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo en enero 2016. Pero su nombre no comenzó a popularizarse hasta casi dos años después. El 31 de octubre de 2017, la Sala de Admisiones del Alto Tribunal admitía a trámite la querella por rebelión, sedición y malversación de caudales públicos que presentó la Fiscalía contra los ex miembros de la Mesa del Parlament, presidida por Carme Forcadell, por participar en el ‘procés’, desobedecer al Tribunal Constitucional y aprobar las 'leyes de desconexión' y la Declaración Unilateral de Independencia (DUI), que quedó en suspenso. Ese día, cambiaba la vida del magistrado, ya que, por el turno de reparto establecido, le tocaba ser el instructor de la causa especial 3/20907/2017, el procedimiento (quizá de los más mediáticos) contra los líderes independentistas.

Mira también

Puigdemont podrá salir de Cerdeña y comparecerá ante el juez el 4 de octubre

Tras tomar las primeras declaraciones adoptó una de las decisiones más decisivas del caso: investigar en un único procedimiento a todos los impulsores del ‘procés’. Por ello, reclamó a la entonces juez instructora de la Audiencia Nacional Carmen Lamela -ahora compañera de Sala en el Supremo- que le enviara las diligencias abiertas por los mismos hechos contra los exconsejeros del Gobierno de Puigdemont, entre ellos el exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras, y contra Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, los líderes de las asociaciones que movilizaron a miles de personas para participar en concentraciones multitudinarias, como la que tuvo lugar el 20 y 21 de septiembre de 2017 a las puertas de la Consejería de Economía de la Generalitat para dificultar el registro de dicha sede institucional; o el propio 1 de octubre de 2017, día del referéndum ilegal.

Todo lo que hacía o dejaba de hacer el instructor del ‘procés’, que investigó hasta a 28 personas, llegó a ser muy criticado, en especial por los sectores más radicales del independentismo. Nunca acordó la libertad provisional de Junqueras, el exconsejero Joaquim Forn, o los conocidos como ‘los Jordis’. No obstante fue a partir de finales de marzo de 2018, cuando comunicó a 12 de estos investigados que serían juzgados y acordó que volvieran a prisión los exmiembros del Govern Jordi Turull, Josep Rull, Raül Romeva, Dolors Bassa y la expresidenta de la Cámara parlamentaria catalana Carme Forcadell, cuando la tensión empezó a aumentar. El magistrado del Supremo pasó a ser objeto de escraches, pintadas y amenazas en redes sociales, por lo que el Ministerio del Interior tuvo que reforzar su seguridad con la dotación de varios escoltas.

Llarena pasó a un segundo plano tras la sentencia

Ese mismo día que procesó a los hoy líderes independentistas indultados, hizo lo mismo con Puigdemont y los exconsejeros fugados junto a él. Y, además, reactivó la Orden Europea de Detención y Entrega (OEDE) que la Audiencia Nacional había puesto en marcha tras su fuga. Esto provocó que dos días después, Puigdemont -que había establecido su residencia en la localidad belga de Waterloo- fuera detenido en el norte de Alemania, donde estuvo 12 días encarcelado. En ese momento se intensificó la batalla legal en distintos tribunales europeos, ante los que el equipo de defensa del ex 'president' ha sacado toda su artillería para desacreditar al Tribunal Supremo, alegando que está siendo objeto de una persecución política. El primer 'round' lo ganó el líder independentista unos meses después de su detención, cuando el tribunal de Schleswig-Holstein accedió a devolverle a España pero sólo por malversación de caudales públicos y no por el de rebelión. El juez Llarena, decepcionado con la Justicia alemana, rechazó la extradición al tratarse de un delito menor y retiró la euroorden. El ‘film’ de Steven Spielberg traspasaba la ficción para convertirse en algo de realidad.

Así las cosas, el magistrado, que ya había finalizado su trabajo como instructor del 'procés', volvió a pasar a un segundo plano y a dedicarse a los otros numerosos asuntos de suma importancia que entran en alto tribunal. Pero le quedaba un tema pendiente: la captura de Carles Puigdemont. La orden de detención se quedó sin vigencia algo más de un año, hasta que la Sala de lo Penal del Supremo dictó, el 14 de octubre de 2019, la sentencia que determinó que los acontecimientos que tuvieron lugar en el otoño de 2017 encajaban en un delito de sedición y malversación de fondos públicos. Fue entonces cuando Llarena reactivó la OEDE por estos mismo delitos para evitar que el sucesor de Artur Mas en la Presidencia de Cataluña, tras conocer las condenas de sus compañeros de proyecto, pudiera refugiarse en un país fuera de la Unión Europea que impidiera su entrega. 

Retirada de la inmunidad

Sin embargo, durante esos meses de espera, Puigdemont buscó la manera de conseguir una 'protección', algo que logró en mayo de 2019 al conseguir un escaño como eurodiputado, que directamente le otorgó una inmunidad. Cierto es que el Parlamento Europeo le retiró este privilegio el pasado mes de marzo tras aprobar el suplicatorio solicitado por el Tribunal Supremo. Sin embargo, el expresidente catalán ha seguido haciendo su ‘tournée’ por Europa, aferrándose a que el Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) señaló el pasado 30 de julio que no necesitaba dicha inmunidad porque no había riesgo de detención. A esa conclusión llegó el vicepresidente de esta institución, en cuyo auto plasmó que la Abogacía del Estado española le había comunicado que la euroorden se encuentra congelada hasta que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) resuelva la cuestión prejudicial que el propio Llarena planteó sobre el alcance de esta medida de cooperación judicial, después de que Bélgica rechazara también entregar a otro de los huidos, el exconsejero Lluís Puig.

Aún con ese amparo, el pasado 28 de septiembre, Puigdemont fue detenido en el aeropuerto de Alghero, en Cerdeña (Italia), en virtud de la Orden Europea de Detención y Entrega que pesa sobre él. No obstante, este procedimiento tambalea desde el principio. Tras pasar a disposición de la Corte de Apelación de Sassari un día después, el líder independentista quedó en libertad sin prohibición de salir de la isla, al entender que la inmunidad continúa “intacta” en esos viajes como diputado del Parlamento Europeo.

Así, ante el temor de que la extradición vuelva a resultar un intento fallido y suba un punto más en el marcador de la defensa del líder independentista, el juez Llarena ha salido otra vez al primer plano para aclarar a las autoridades judiciales italianas que la orden de busca y captura lleva activa desde octubre de 2019 y que el procedimiento abierto en el TJUE no perjudica en nada a una posible entrega, corrigiendo así el criterio manifestado al TGUE por los servicios jurídicos del Estado. De momento, este lunes, 4 de octubre, Puigdemont debe comparecer ante la juez italiana, competente para estudiar si finalmente será entregado a España.