El espionaje a independentistas pone en jaque la agenda económica de Sánchez

Febrero de 2019. Esquerra Republicana, socio prioritario del primer Ejecutivo de Sánchez, decide tumbar los Presupuestos del Gobierno. Todas las miradas se centran en un presidente que, con solo 85 escaños, fue capaz de hacer efectiva la primera moción de censura de la Historia, pero que nueve meses después es incapaz de aprobar la ley más importante del año. El resultado de ello fue la convocatoria electoral. Desde entonces -y tras la entrada de Unidas Podemos dentro del Gobierno- ese episodio había quedado en un anécdota: las dos últimas cuentas públicas habían contado con el 'sí' del partido independentista y Sánchez había conseguido relanzar un diálogo "sin plazos" con la Generalitat tras su reunión con el president Aragonès el pasado septiembre.

Pero este escenario que arrojaba cierta estabilidad para acabar la legislatura sin grandes apuros, ha dado un giro de guión con la información publicada por el periódico norteamericano 'The New Yorker', que asegura que el Gobierno de España (entre 2017 y 2020) espió con el programa Pegasus (un sistema que solo pueden utilizar los gobiernos) a políticos independentistas. Una investigación que hace saltar por los aires la estrategia a medio plazo de poder aprobar en sede parlamentaria los diversos planes económicos, como el decreto contra los efectos de la guerra (este jueves y aún en el aire), el estatuto del becario, el proyecto de ley de startups, la futura ley Crea y Crece o la reforma de la ley concursal.

Ante esta situación, desde Moncloa han activado un plan para tratar de apagar el incendio creado. Así, el ministro de Presidencia, Felix Bolaños, ha comenzado a mover ficha para apaciguar a los independentistas -que no esconden su enfado- y a otras fuerzas parlamentarias que se han hecho eco del escándalo. El Gobierno, a través de la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, desbloqueó anoche la entrada de ERC y Bildu en la Comisión de Secretos Oficiales en el Congreso (no necesitará los tres quintos de la Cámara para que se convoque, sino una mayoría absoluta), una investigación dentro del CNI (que fueron los que presuntamente vigilaron a los políticos) y otra más en el seno del Defensor del Pueblo. 

Uno de los principales planes damnificados por este espionaje es el decreto ley que se votará el próximo jueves. Un plan de choque contra los efectos de la guerra en Ucrania, que pretende mover 16.000 millones, y que tendrá entre sus principales iniciativas el veto a los despidos en aquellas empresas que reciban ayudas públicas, la bonificación de 20 céntimos el litro de combustible para todos los ciudadanos y la creación de un límite del 2% a las revisiones de los alquileres durante los próximos tres meses. El Gobierno no cuenta con el apoyo de sus socios habituales y no descarta tener que recurrir a última hora al PP.

LORENA SOPENA - EUROPA PRESS

Por otro lado, la Ley Crea y Crece es una de las grandes apuestas de la legislatura de la vicepresidenta económica, Nadia Calviño. Así, y según afirman, permitirá simplificar la creación de empresas ya que estas se podrán constituir por solo un euro (en lugar de los 3.000 mínimos que se requieren para cualquier sociedad de responsabilidad limitada). Otro de los proyectos que La Moncloa ansía es la futura ley de Startups, con la que se pretende dar un impulso al emprendimiento innovador con el objetivo de "generar oportunidades para los jóvenes y en la atracción de inversión y talento". También, la reforma de la ley concursal, que "favorece la refinanciación de las empresas y los acuerdos preconcursales, y concilia la satisfacción de los acreedores con la recuperación de la situación de solvencia empresarial". Todas ellas son medidas que reducen las trabas burocráticas y que se consideran esenciales para un momento como el acutal.

Bolaños, consciente de la importancia que tiene la agenda económica para la recuperación, y a escasos días de que se debata el gran decreto, ya ha comenzado a presionar en público. "Hago un llamamiento a todas las fuerzas políticas para que convaliden este decreto porque tiene medidas económicas positivas. Todos los grupos deben recordar el jueves para qué les votaron los ciudadanos, para hacerles la vida más fácil. Quien vote en contra estará perjudicando a la ciudadanía". 

Pero los socios del Gobierno no se resignan. Quieren un gesto de mayor dimensión y apuntan a la ministra de Defensa, Margarita Robles, como la artífice del espionaje por su competencia sobre el CNI. Un episodio que no es nuevo en España. Hace más de un cuarto de siglo, el exvicepresidente del Gobierno, Narcís Serra, utilizó el Cesid (una antigua agencia de Inteligencia) para escuchar de forma ilegal a políticos, empresarios y periodistas. Unos actos que le costaron la dimisión. 

Los números para el decreto económico del jueves

De momento, el Ejecutivo cuenta con 162 escaños confirmados para validar el plan de choque contra los efectos de la guerra. Serían los 120 del PSOE, los 33 de Unidas Podemos (que ha perdido dos diputados por diferentes razones), lo 6 del PNV y los 3 de Más País y Compromís. El Gobierno todavía tiene margen para reagrupar un apoyo mayor, con otros partidos que ya consiguió convencer, sin ir más lejos, para tramitar la reforma laboral: PDeCAT(4), Partido Regionalista Cántabro (1), Nueva Canaria (1), Coalición Canaria (1) y Teruel Existe (1). En total, 8 diputados que sumarían 170 escaños. Una cifra que se quedaría a solo seis de la mayoría absoluta. Aunque en el decreto se aprueba con más síes que noes, un hipotético rechazo del resto de fuerzas del arco parlamentario podría tumbar el gran decreto económico.

Nueve partidos y cuatro diputados rebeldes. Una suma de hasta 179 diputados. De momento, se desconoce qué votarán. Aunque lo que está claro es que su apoyo a la propuesta no esta, ni mucho menos, decidido. Por el lado de la derecha, el PP pide una reunión con Sánchez antes del jueves para abordar la futura ley, el voto de Foro Asturias no distará mucho de lo que haga el PP, Vox ya criticó en su momento la medida y no parece que vaya a facilitar su aprobación y Ciudadanos exige incorporar el retraso al cierre nuclear y, según afirman fuentes del partido, su posición ahora está en el 'no'. Por último, la decisión de ERC, Junts, Bildu, la CUP y BNG es una incógnita, aunque hoy sus posturas están alejadas de un sí al gran decreto.