La entente ibérica para poder topar el gas sufre una vía de agua significativa que amenaza con naufragio. España se juega mucho más que Portugal con esta decisión que se está negociando al más alto nivel durante estos días en Bruselas y ello ha provocado distintas velocidades a la hora de implicarse en las conversaciones con la Comisión Europea. El Gobierno de Pedro Sánchez fía a esta excepcionalidad la rebaja de factura la luz, lo que sería a su vez decisivo para atajar la escalada de precios; pero en el país vecino el Ejecutivo luso no comparte esta visión. La unidad ibérica se resquebraja en el momento decisivo.
Son, en efecto, horas clave. La vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, se ausenta este martes del Consejo de Ministros para viajar a Bruselas a reunirse con Margrethe Vestager, comisaria de Competencia. La cita ofrece una idea de la problemática de la cuestión: a la responsable para la Transición Ecológica no le recibe la responsable de Energía, Kadri Simson, sino la encargada de velar por el correcto funcionamiento del mercado comunitario. En el sector se habla de cita de urgencia pero en el Gobierno aseguran que el encuentro llevaba previsto varios días. Y es que el tope ibérico se ha complicado especialmente en las últimas semanas. Lo asumen fuentes gubernamentales consultadas por La Información este lunes.
La opinión de Portugal, que participará en la reunión con Vestager representado por el homólogo de Ribera, José Duarte, es que el tope ibérico no es tan trascendental para ellos como sí lo es para el Gobierno español. Acuden a la cumbre, por tanto, con diferente ambición. Sánchez y Ribera, que se han quedado sin el apoyo férreo de Costa en el plan ibérico, se juegan la posibilidad de contener buena parte de la inflación con esta medida. Todo, desde el complicado pacto de rentas hasta posibles medidas adicionales en un segundo paquete por la guerra, dependen de esta decisión que se ha complicado en Bruselas por los movimientos soterrados, adelantados en estas páginas, del sector energético, de una parte del Ibex liderada por la banca y de un grupo de países capitaneados por Alemania, Países Bajos y los nórdicos que no quieren reglas excepcionales, aunque sean temporales, para una parte del territorio comunitario.
El Gobierno portugués camina, por tanto, por un terreno diferente y ha asumido las tesis de las eléctricas de su país que, lideradas por EDP, también han presionado transmitiendo que un tope ibérico sería más favorable para los consumidores -particulares y empresas- españoles que lusos. Para Lisboa, en definitiva, el tope ibérico no es tan decisivo en su política económica. Incluso, en el país vecino contemplan la posibilidad de que algunos afectados por este tope al gas puedan llegar a pagar una factura superior, por lo que han bajado el ritmo y se han desmarcado de la ambición con la que está jugando esta partida el equipo de Sánchez y Ribera.
El mercado eléctrico español es muy diferente al portugués y es en esos matices donde está la clave de este alejamiento. Por varias razones. En primer lugar, según explican fuentes implicadas en este procedimiento, porque en el país vecino el 97% de los clientes tiene contratos a precio fijo y sólo el 3% restante tiene tarifa regulada, a los que afectaría el tope al gas. En España la situación es muy diferente: un 60% cuenta con tarifa plana y un 40% con tarifa regulada (conocida en nuestro país como PVPC). Es lógico, por tanto, que a Sánchez le interesa más que a Costa obtener el visto bueno a la excepción. Fuentes del sector aseguran, de hecho, que el líder portugués apoyó a Sánchez por "pura solidaridad ideológica y geográfica", más que por convencimiento.
Además, la regulación actual en España y Portugal hace que el problema de los altos precios del gas no sea de igual magnitud. Los lusos no trasladan directamente el precio del pool a la tarifa regulada, como sí sucede en España. Por eso, por la diferente normativa a uno y otro lado de la frontera, se pone de manifiesto que Costa no necesite de forma tan perentoria una medida como el price cap al gas que puede generarle internamente más perjuicios que beneficios. Es la misma visión que tienen algunos de los estados críticos con España: "Por qué no hacen [en Moncloa] como otros estados miembros de la UE y dejan de trasladar directamente el precio del pool a la tarifa regulada". Promueven, por tanto, un cambio legislativo a nivel nacional antes que una excepción que de un calado histórico en la UE.
El 'caballo de Troya' portugués
Ribera y Sánchez se han topado, además, con un 'caballo de Troya' en su cruzada por sacar adelante la limitación a las ofertas de gas en el pool. Se trata de la Autoridad da Concorrência (AdC), la autoridad de competencia portuguesa. Según fuentes cercanas al organismo supervisor luso, la AdC se opone en firme a la idea de intervenir los precios de las ofertas de gas y así se lo ha expresado en diferentes ocasiones la Agencia de Cooperación de Reguladores de la Energía (ACER), que aglutina a los supervisores sectoriales de los Estados miembros.
La campaña de oposición de la AdC podría hacer descarrilar el plan ibérico, dado que ACER todavía debe publicar su informe sobre el mercado comunitario de electricidad, un documento que se está elaborando a instancias de la propia Comisión Europea. Se trata de una propuesta clave pues, a diferencia de lo que ocurre con otras autoridades de supervisión, en determinadas circunstancias las indicaciones de ACER pueden tener carácter vinculante. De hecho, Bruselas se comprometió a retocar en mayo su último paquete de medidas, precisamente, para alinear su reforma a las conclusiones del regulador.
Los antecedentes son desalentadores y demuestran que el dictamen de ACER es el próximo gran obstáculo para la viabilidad del cap que abanderan Sánchez y Ribera. El último informe de ACER data del pasado noviembre. En este documento el regulador sectorial defendió con contundencia el actual mecanismo de formación de precios en el pool, así como la conveniencia de mantener la libertad de la oferta y la demanda. Aunque la guerra en Ucrania ha dado un vuelco al tablero, elevando la urgencia de adoptar medidas contundentes, fuentes del sector prevén que ACER hará pocas concesiones. En este contexto, la resistencia de la CNMC portuguesa podría asestar el golpe de gracia a la excepción ibérica.
Dos cartas para presionar
La presión para que el tope al gas no sea aprobado viene de diversos frentes y ha quedado reflejada, incluso, negro sobre blanco. En varias cartas. La primera data del 8 de abril, fue remitida a la Comisión Europea y está firmada por destacados representantes del sector eléctrico: José Bogas, presidente de Endesa; Ángeles Santamaría, consejera delegada de Iberdrola España; Miguel Stilwell de Andrade, presidente de EDP; Elecnor y Aelec. En esa misiva alertan de las consecuencias que podría tener una decisión que rompería el mercado europeo. "¿Queremos más Europa o no?", se pregunta un destacado empresario español.
El segundo escrito está fechado el 22 de abril, el pasado viernes, y está dirigido a las secretarías de Estado de Energía de España y Portugal, así como a los supervisores bursátiles de cada país (CNMV y CMVM) y al comité Técnico del MIBEL (CNMC/ERSE/CNMV/CMVM). En ella, el sector en general alerta de "la potencial intervención del mercado no alineada con el resto de la UE originará un fuerte riesgo regulatorio, comprometiendo la necesaria credibilidad del proceso de formación de precios".
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