El Gobierno ha abierto la mano con los funcionarios con un aumento salarial, ha dado luz verde a equiparar los retribuciones entre las fuerzas de seguridad del Estado. A nadie se le escapa que estas acciones tendrán sentido si hay presupuestos (más presión para Cs), aunque el Ejecutivo podría optar por decretazos para llevarlas a cabo (ningún grupo se atrevería a poner problemas). También ha captado el Gobierno la importancia de la manifestación del 8 de marzo tras sus dudas iniciales, y ha reservado dinero para paliar la brecha salarial. También la oferta de empleo público es un arma electoral consistente. Y el plan de vivienda para los jóvenes va en la misma dirección.
Pero los jubilados tendrán que esperar, por ahora. El fin del austericidio puede ser una realidad, pero no como para desviar el control de las cuentas con la amenaza de Bruselas sobre la cabeza del Ejecutivo. Así, el Gobierno ha comunicado al Congreso su veto a la tramitación parlamentaria de la proposición de ley de Unidos Podemos que plantea que las pensiones se revaloricen a inicios de año con el IPC previsto y que, en caso de no cumplirse ese dato, se abone la diferencia en un pago único. Tampoco quiere Rajoy que el tanto de mejorar la situación de los jubilados, su gran nicho electoral, se lo apunte... Podemos. No sería de extrañar que esta semana en el Congreso el Ejecutivo lance alguna propuesta alternativa para llevar la iniciativa también en este tema.
La Constitución otorga al Ejecutivo la prerrogativa de oponerse a la tramitación de aquellas iniciativas que suponen, a su juicio, una disminución de los ingresos o un aumento de los gastos presupuestarios.
En el escrito registrado por el Gobierno, el Ejecutivo considera que la aprobación de esta proposición generaría un aumento del gasto cuantificable en 2.175,28 millones de euros en 2018 por la paga adicional correspondiente a la variación del IPC en 2016 y 2017. Adicionalmente, estima un incremento del déficit publico en el periodo 2020-2025 por la supresión del Factor de Sostenibilidad y la aplicación del Índice de Revalorización de las Pensiones.
El veto -añade el Gobierno- tiene por objeto "evitar que las Cortes Generales invadan la competencia exclusiva del Gobierno para la iniciativa legislativa presupuestaria. Se garantizan así también los principios de unidad, integridad y anualidad, que se verían claramente perjudicados si pudieran tramitarse de forma aislada proposiciones de Ley que de forma indirecta obligaran a modificar los créditos presupuestarios autorizados por la Ley de Presupuestos Generales del Estado", destaca el escrito el Ejecutivo.
En un mensaje en Twitter, la portavoz de Unidos Podemos, Irene Montero, ha denunciado el veto del Gobierno a su iniciativa y ha hecho un llamamiento a seguir manifestándose en las calles en demanda de pensiones justas.
"Rajoy impide que se debatan soluciones para garantizar pensiones dignas. No se lo permitamos. Sigamos llenando las calles de dignidad", ha proclamado. La proposición de ley de Unidos Podemos proponía, además de la subida de las pensiones con el IPC, la derogación de la ley que se introdujo en 2013 y cuya aplicación ha implicado que la revalorización de las pensiones -un 0,25 por ciento este año- sea menor que la inflación, lo que "disminuye el poder adquisitivo de los pensionistas".
De este modo, proponía además que aquellos pensionistas afectados por la entrada en vigor de dicha modificación de ley de 2013 reciban una paga única, que "cubra la diferencia entre la pensión recibida y la que le hubiera correspondido" de aplicarse la revalorización del IPC de 2016 y 2017, unos años en los que la inflación fue superior a la revalorización de las pensiones.
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