El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha preguntado a la Fiscalía Anticorrupción si debe imputar a Iberdrola como persona jurídica en la pieza 17 del caso 'Tándem', o bien debe aceptar la solicitud de la compañía eléctrica de personarse como acusación particular en la causa para dirigirse contra el que fuera 'controller' de la empresa, el investigado José Antonio del Olmo, quien aseguró que alertó de irregularidades en la contratación del comisario jubilado José Manuel Villarejo entre 2004 y 2007. La cuestión llega tres días después de que citara a declarar como investigados al presidente de la compañía, Ignacio Sánchez Galán, a su 'número dos', Francisco Martínez Córcoles, al expresidente de Iberdrola España Fernando Becker y al ex jefe de Gabinete de Presidencia de la empresa Rafael Obergozo.
En un auto con fecha de este viernes, al que ha tenido acceso La Información, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 pone en conocimiento del Ministerio Público que puede existir "un posible conflicto de intereses ante la voluntad puesta de manifiesto por Iberdrola de actuar como acusación frente a quien podría ser uno de los testigos claves para sostener la acusación, el señor Del Olmo, y los indicios que podrían situar a esta misma mercantil en el círculo de responsables penales de esta pieza separada".
Todo ello, tras constatar que se han registrado distintos escritos entre los que se encuentra la petición de la cotizada de que se le considere parte de procedimiento y la posibilidad de ampliar la querella interpuesta en el Juzgado de Instrucción número 3 de Bilbao contra Del Olmo por su informe en el que denunciaba un sistema de facturas falsas y que el juez de la Audiencia Nacional aceptó acumular a la causa. Una postura que la apoyan los exidirectivos imputados Juan Carlos Rebollo Liceaga y José Luis San Pedro Guarenabarrena, que reclaman que la empresa tenga reconocido el mismo trato procesal que se otros querellantes personados.
Según recoge el auto, la defensa de Del Olmo se opone a esta ampliación de querella, alegando que se trata de una estrategia de "acoso y derribo" de Iberdrola contra él. Además, recuerda que en un juzgado de instrucción de Madrid y en otro de lo mercantil existen otras diligencias relacionadas con este asunto tramitándose. Por último, otra de las partes personas interesa que la compañía del Ibex 35 sea imputada como persona jurídica.
El juez García Castellón recuerda que la decisión de imputar al presidente de Iberdrola y los otros tres directivos descansa gran parte en la documentación de Del Olmo -que pasó de ser testigo a investigado-, cuyo informe hecho público en diciembre de 2019 señalaba que Sánchez Galán y su equipo estaban al tanto de los pagos a Villarejo por el 'proyecto Arrow'. Un trabajo que se desarrolló entre los años 2004 y 2006, con el objetivo de superar los obstáculos, tanto administrativos como motivados por la oposición de una parte de los ciudadanos de la zona, que estaban surgiendo en la construcción y puesta en marcha de una central de ciclo combinado en Arcos de la Frontera (Cádiz).
"Sospechas de actuaciones irregulares"
El juez concluyó que "aparentemente, ya en el año 2004 se pusieron de manifiesto las sospechas de actuaciones irregulares por parte de Iberdrola, y algunos de sus y algunos directivos", entre los que se encontrarían Ignacio Sánchez Galán, que en esa época era vicepresidente de la compañía, Fernando Becker, en aquella época era el director de Recursos Humanos y Servicios, y Francisco Martínez Córcoles, que entonces ocupaba el cargo de director de generación.
Con todo ello, el magistrado pide a Anticorrupción que en el plazo de 10 días informe sobre la "posición procesal que debe ostentar en la presente causa" la empresa, así como si se deben archivar los hechos objeto de la querella contra Del Olmo.
Fuentes jurídicas consultadas por La Información apuntan que en el caso de que el magistrado instructor acuerde otorgar la condición de investigada a una de las empresas de Grupo Iberdrola, tendría que ser a Iberdrola Renovables, ya que la empresa que preside Sánchez Galán se hizo cargo de las facturas abonadas justo antes de que se introdujera la responsabilidad penal de las personas jurídicas en el artículo 31 bis del Código Penal en el año 2010 y que entró en vigor en enero de 2011.
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