El consejo de administración de Iberdrola se reunirá el próximo martes 29 de junio y ratificará su apoyo al presidente de la eléctrica, Ignacio Sánchez Galán. El máximo órgano de gobierno considera que la imputación de este miércoles del primer ejecutivo de la compañía y su número dos, Francisco Martínez Córcoles, en el 'caso Villarejo' (como se refiere al caso Tándem la energética) no supone motivo suficiente para alterar el voto de confianza y el respaldo oficializado que otorgaron todos los consejeros a la gestión de sus administradores el pasado 25 de mayo.
La Audiencia Nacional (AN) tardó apenas 24 horas en responder a la solicitud de la Fiscalía. Galán está citado a declarar en calidad de investigado el 7 de julio por presunto delito continuado de cohecho activo, contra la intimidad y falsedad en documento mercantil. La decisión del juez Manuel García-Castellón supone un cambio sustancial para la situación procesal de Galán, sobre el que hasta este miércoles solo pesaban las intenciones del Ministerio Público de pedir su imputación.
El giro de los acontecimientos no ha alterado la posición oficial del consejo que, según su reglamento interno, tiene en sus manos el futuro de Galán. Dada la evolución del proceso judicial, se cumple lo dispuesto en el artículo 21 del reglamento del consejo de Iberdrola, que obliga a los consejeros a poner su cargo a disposición del órgano de control "cuando por hechos o conductas imputables al consejero se hubiere ocasionado un daño grave al patrimonio social o a la reputación de la sociedad o surgiera riesgo de responsabilidad penal para la sociedad o alguna de las sociedades del grupo".
La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) publicó este martes un hecho relevante de Iberdrola cuyo contenido replicaba casi con exactitud el comunicado que la compañía trasladó al supervisor bursátil hace justo un mes, cuando trascendió la intención de la Fiscalía de solicitar la imputación de Galán y Córcoles, así como la del expresidente de Iberdrola España Fernando Becker y la del antiguo jefe de gabinete de Presidencia, Rafael Orbegozo. El texto confirmaba que la compañía ha descartado tomar medidas contra los imputados y se remite al contenido del 'forensic' elaborado por PwC.
"No se ha puesto de manifiesto la comisión de ningún tipo de ilegalidad o irregularidad ni de ninguna conducta inapropiada", repitió la energética este jueves empleando el 'teléfono rojo' de la CNMV con los inversores. Y es que el segundo comunicado ha respondido a la urgencia de Iberdrola por calmar a los mercados, después de que la noticia de la imputación de Galán llevase a Iberdrola a firmar su mayor batacazo en bolsa desde hacía 15 meses, cuando la incertidumbre del coronavirus puso en guardia al capital.
El primer grupo energético nacional ha encontrado en el calendario procesal un oportuno aliado. El impacto de la petición de la Fiscalía ante la Audiencia Nacional de imputar a los números uno y dos de la eléctrica impactó en la compañía cuatro días después del 'cara a cara' de Galán y el resto del consejo con sus accionistas en la Junta General del pasado 18 de junio. El encuentro se saldó con el respaldo mayoritario de los dueños del capital de Iberdrola al conjunto de los acuerdos propuestos en el orden del día de la junta, desde la gestión del consejo hasta la reelección como consejero ejecutivo de Córcoles. Previamente a la junta, los proxy advisor emitieron informes favorables a la ratificación en el cargo de este consejero y de su homólogo Ángel Acebes.
El máximo órgano de gobierno no quiere que su reunión sea motivo para echar más leña al fuego y da por resuelta su responsabilidad con las decisiones que adoptó hace ya un mes
La imputación no es motivo para la dimisión de un miembro del consejo, según el reglamento del consejo de la cotizada, pero sí obliga al afectado a informar al órgano de control de todos "los procedimientos judiciales, administrativos o de cualquier otra índole que se incoen contra él y que, por su importancia o características, pudieran incidir gravemente en la reputación de la sociedad".
El consejo del próximo martes tendrá lugar después de que Iberdrola haya garantizado el apoyo del órgano de control a la gestión de Galán, quien será ratificado menos de una semana después de conocerse su imputación en el 'caso Tándem'. El consejo de administración no tiene intención de echar más leña al fuego y dará por resuelta su responsabilidad sobre el caso Villarejo apelando a las decisiones que fueron adoptadas hace ya un mes.
La reunión del consejo ratificará la salida del hasta ahora secretario, Julián Martínez-Simancas, un hombre clave en el desarrollo empresarial del grupo durante casi los últimos veinte años. Martínez-Simancas se jubila en Iberdrola tras haber cumplido en enero los 70 años que se establecen como límite de edad para la permanencia en el máximo órgano de gobierno de la compañía eléctrica que preside Ignacio Galán.
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