La presunta caja 'b' del PP de Madrid ya está lista para juzgar. El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha seguido gran parte de la línea marcada por la Fiscalía Anticorrupción. El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 ha acordado exonerar a la expresidenta de los 'populares' madrileños Esperanza Aguirre de la pieza separada de la macrocausa 'Púnica' centrada en la presunta financiación irregular de la formación política regional, una de las de mayor trascendencia; así como al sucesor de ésta, Ignacio González, quienes han estado imputados algo más de tres años.
En un auto de pase de procedimiento abreviado a diligencias previas -la resolución que razona sobre qué investigados hay indicios de delito para ser juzgados y sobre quiénes no-, el magistrado instructor acoge los argumentos relativos a Aguirre y González y acuerda el archivo de la pieza separada número 9 de la 'Púnica' con respecto a 71 investigados, entre ellos los dos expresidentes madrileños y los empresarios Juan Miguel Villar Mir y Javier López Madrid. No obstante, propone juzgar al exsecretario general del PP de Madrid Francisco Granados -considerado el 'cabecilla' de esta trama de corrupción- y a otras siete personas, entre ellos el que fuera gerente del PP de Madrid Beltrán Gutiérrez, por la financiación irregular en las elecciones autonómicas de 2011 y contratos de posicionamiento online de altos cargos.
Las pesquisas arrancaron en 2014 tras una comisión rogatoria de Suiza por un posible delito de blanqueo de capitales en el que se investigaba a Granados y el hallazgo de una agenda del exsecretario general del PP de Madrid, en la que pueden leerse unas siglas, que corresponderían a supuestos donantes, junto a unas cantidades de dinero; pero fue tras el análisis de apuntes manuscritos de Gutiérrez cuando Anticorrupción solicitó incluir en la lista de investigados a Aguirre y González.
Ambos exmandatarios regionales fueron imputados en la macrocausa en septiembre de 2019, junto a la también expresidenta de la Comunidad de Madrid Cristina Cifuentes -cuya presunta responsabilidad se archivó en abril de 2021-, entre otros, por la presunta financiación ilegal de las campañas electorales de 2007, 2008 y 2011. Tras tres años de investigación, Anticorrupción envió el pasado mes de julio un informe al juez instructor en el que solicitó que Aguirre no fuera procesada. Aunque destacó que tenía el "control absoluto" del partido regional, consideró que ello no es suficiente para proponer que la sienten en el banquillo de los acusados, ya que no hay indicios que demuestren que era "conocedora" de que se estarían llevando a cabo actuaciones ilegales. A todo ello añadió que, en cualquier caso, los presuntos delitos electorales estarían prescritos.
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 ha asumido como línea maestra el informe de Anticorrupción, y afirma que "más allá de la prescripción de los delitos electorales asociados a las elecciones autonómicas del 2007 y del 2011, lo cierto es que no se han evidenciado indicios que permitan afirmar que la misma (Aguirre) era conocedora de los mismos". Tampoco hay suficientes pruebas que permitan acreditar que sabía que se contrataron los trabajos de reputación online, que llevaron a cabo las empresas del ahora procesado Alejandro de Pedro, "ni de su desarrollo, ni de cómo se abonaban los mismos", añade el juez.
"Más allá de la prescripción de los delitos electorales asociados a las elecciones autonómicas del 2007 y del 2011, lo cierto es que no se han evidenciado indicios que permitan afirmar que Aguirre era conocedora de los mismos"
En esta línea, al igual que hizo Anticorrupción, el magistrado de la Audiencia Nacional recoge una charla que la expresidenta mantuvo con Ignacio González sobre "la posibilidad de haber superado el límite del gasto electoral", si bien afirma que ello solo permite afirmar que la exlíder de los 'populares' madrileños podía "sospechar o intuir" que se había sobrepasado el 'tope', pero que "no tenía conocimiento de cómo" sucedió. "La aseveración que realiza en torno a la utilización de la Fundación Fundscam, descartando que fuese instrumento para ello cuando realmente lo era, es un indicio sólido de tal extremo", recalca el juez García Castellón.
En el caso de González -que tiene pendiente otras vistas orales como principal imputado del 'caso Lezo'-, ocurre lo mismo. El Ministerio Público subrayó que era claro el conocimiento que éste tenía sobre los modos de financiación del partido, ya sea por su cargo como responsable de campaña en 2007 o como vicepresidente, si bien solicitó el archivo por la prescripción de dicho delito. En cuanto a su participación en reuniones con empresarios en las que se habría hablado de cómo sanear las arcas madrileñas, Anticorrupción afirmó que tan solo se habría podido acreditar la existencia de esos encuentros pero no su contenido, ya que "no existen indicios de cambios en las adjudicaciones, ni intentos de desvío de fondos", por lo que también interesó su desimputación.
Las cuentas no eran "reales"
Con esta base, el juez García Castellón señala que lo único que se puede perseguir son los delitos presuntamente cometidos en relación a las elecciones autonómicas de 2011, ya que son los únicos que no están prescritos. Tras ello, a lo largo de 257 páginas, el magistrado se detiene a explicar la operativa desarrollada desde el comité de campaña del PP, encabezado por Granados, para ocultar los gastos reales de los comicios. En este sentido destaca que la contabilidad presentada ante la Cámara de Cuentas "no respondía a la realidad de lo sucedido", ya que se declaró unos costes de 2.986.624 euros, siendo en verdad los costes totales soportados por el PP de Madrid en las elecciones municipales y autonómicas (incluida la precampaña) de 6.878.275,04 euros.
Así, el auto por el que pone fin a la instrucción, el magistrado asegura que existen indicios que acreditan que la formación política se financió de manera irregular a través de "empresarios afines" que facturaran un servicio prestado bajo "otros conceptos". Un "plan" que se había ejecutado en periodos electorales previos, que han sido declarados prescritos. Asimismo, el juez apunta que "desde la perspectiva de los ingresos y gastos", era necesario las "fuentes de captación de recursos, bien opacas, bien alterando el destino declarado" y, por otro lado, "trasladar esos recursos a los prestadores de los servicios, bien en metálico, bien a través de las facturas alteradas".
La libreta negra de Granados
La principal fuente de captación eran las aportaciones de dinero en efectivo, señala la resolución, que eran entregadas, directa o indirectamente, a Granados. Tras su recepción, el exsecretario general del PP de Madrid procedía a anotar los pagos en "una libreta negra", y a descontar de dichas cantidades una cuantía que retenía para sí mismo o para terceras personas ajenas al partido, que posteriormente lo 'devolvían' a la sede regional. El resto -prosigue el auto-, lo hacía llegar al Beltrán Gutiérrez, que se encargaba de hacer los abonos en efectivo que no constaban en las cuentas entregadas a la Cámara de Cuentas.
De este modo, el juez subraya que la relación entre los que fueran 'número dos' del PP de Madrid y el gerente era de "plena confianza", pues era una labor que se venía desarrollando durante años entre los diferentes secretarios generales de la formación política regional y los diferentes directores de las campañas. Asimismo, destaca que otra fuente de financiación era la cuenta de la fundación Fundescam.
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