El presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, ha enviado un escrito al juez del caso Villarejo en el que carga contra la prueba principal en la que se fundamenta su imputación en el caso y pide al juez que investigue más en profundidad al que fuera controler de la compañía, José Antonio del Olmo, por considerar que el informe que elaboró no es un indicio suficiente como para mantener las acusaciones contra su persona. Iberdrola ya denunció ante un juzgado de Bilbao la posible falsedad de los documentos de Del Olmo que fueron depositados en una notaría de Madrid, una querella que ha sido asumida por el García Castellón en la Audiencia Nacional y que la Fiscalía recomendaba sobreseer en el auto en el que pide la imputación de Galán, algo a lo que los abogados de Galán se niegan en rotundidad ahora, en el primer escrito que envían al juez en defensa de su cliente.
Según el razonamiento del defensor de Galán, el letrado Carlos Domínguez, "si está en discusión la posible falsedad de un documento que ha servido de base para la atribución de la condición de investigado a diversas personas -entre ellas, mi representado-, parece razonable que lo primero a aclarar sea precisamente esto, es decir, la validez o falsedad de aquél", algo fundamental para que el informe tenga eficacia como prueba y no se produzca una "suerte" de indefensión del imputado.
Las dudas sobre la validez de ese informe, al que se añadían en el sobre de la notaría hasta nueve facturas supuestamente irregulares pagadas a una empresa de seguridad, pero que en realidad se referían a trabajos de la empresa de Villarejo, ya se plantearon hace ahora dos años en la querella que Iberdrola puso ante el juzgado de instrucción número 3 de Bilbao, admitida a trámite, y que ha sido asimilada en la causa de la Audiencia. El informe que la Fiscalía presentó ante el juez para fundamentar la imputación de Galán contenía la recomendación de sobreseimiento de esa querella, algo a lo que ahora se opone Galán, aunque solo sea por el hecho de que desde el juzgado de García Castellón no se ha practicado ni una sola diligencia para comprobar lo que ahí se denuncia.
"La verosimilitud de lo sostenido por el Sr. Del Olmo -explica el escrito de Galán-, apreciada por la Fiscalía primero y, después, por el instructor se basamenta en una serie de circunstancias (facturación entre las mercantiles Casesa y Cenyt, presunto incumplimiento de las normas internas de Iberdrola sobre tramitación de facturas sin pedido, inexistencia de soporte documental de los servicios referidos en las facturas depositadas notarialmente) que, por sí mismas, no permiten despejar la imputación de falsedad hecha en la querella". Es decir, los abogados insisten en que, de lo que contiene el documento de Del Olmo (que consideran falso) y las conversaciones grabadas al exdirector de seguridad, Antonio Asenjo, no se puede colegir que Galán fuera el que dio las órdenes directas de contratar a Villarejo y a su empresa, a sabiendas de que se trataba de un funcionario público con supuesta información privilegiada, un hecho que es la base del delito de cohecho activo que se le achaca.
El escrito recuerda al juez que ninguno de los directivos interrogados de Iberdrola y jefes directos de Del Olmo ha corroborado su versión de los hechos, de la misma manera que es manifiesta la animadversión contra el propio Galán del controler y su 'socio' a la hora de depositar los documentos ante notario, el exresposable de Seguridad Marcos Peña. Es más, hace hincapié en la calidad de coinvestigado de José Antonio del Olmo, un paso clave en el caso dado que , como tal, su "pretendido testimonio de referencia" debiera ser considerado una “prueba sospechosa”, que despierta una “desconfianza intrínseca” y que demanda un plus probatorio consistente en la necesidad de una corroboración, siquiera mínima, de la misma", según la jurisprudencia al uso en este tipo de casos. "No cabe considerar elementos de corroboración mínima la inexistencia de contradicciones o de enemistad manifiesta", advierten.
En la misma línea que ya se había advertido desde los servicios jurídicos de la eléctrica en otras ocasiones, el documento detalla los "sospechoso" de la forma de actuar de Del Olmo y quienes le acompañaron a Madrid al notario, con el agravante de que dicha notaría nunca comprobó la veracidad de los documentos que se introducían en los sobre que se le llevaron, al que a juicio de los letrados de Galán, contraviene las normas de actuación básicas de los fedatarios públicos.
Con todas estas alegaciones, los abogados de Galán exigen a García Castellón que indague más en la prueba principal en la que tanto él como la Fiscalía se basan para imputar al presidente de la eléctrica y reclaman que se llame a declarar en calidad de testigos al notario Luis Ramallo, a Marcos Peña y al otro acompañante que fue a la notaria, Ángel Zarabozo. De hecho, se recuerda que éste último advirtió ante el juez que lo que se depositó en la notaria era una copia, de forma que los letrados de la defensa exigen ahora al juez que Del Olmo "indique el archivo o ubicación exacta del original del documento en cuestión, o proceda a la aportación del mismo, si obrare en su poder".
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