La Fiscalía Anticorrupción ha dado un paso más contra las empresas que contrataron al comisario jubilado José Manuel Villarejo. Este miércoles se daba a conocer la petición del Ministerio Público de imputar como personas jurídicas, por un lado, a Repsol y Caixabank, y por otro lado, a Iberdrola Renovables Energía, por saltarse sus respectivas normas internas a la hora de abonar los servicios de espionaje encargados al agente encubierto. Los indicios sobre el fraccionamiento de facturas en el caso de la compañía energética o de manipulación de los conceptos de las mismas para esconder los verdaderos trabajos del expolicía en el caso de la eléctrica, han puesto bajo sospecha a las entidades sobre las que ahora tiene que decidir el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, Manuel García Castellón.
La cuestión de extender la responsabilidad de contratar al expolicía a las tres empresas no ha causado sorpresa en ninguna de ellas, pues es algo que ya se lleva un tiempo esperando, según han señalado fuentes empresariales a La Información. Aunque el juez instructor ha solicitado recientemente a Anticorrupción que informe sobre qué condición debe tener cada una de ellas en las respectivas piezas separadas del caso 'Tándem', en las que ya están siendo investigados sus altos cargos e incluso sus presidentes, se trata de un asunto que lleva analizándose desde hace tiempo.
De hecho, en el marco de la pieza 21 de la macrocausa, sobre Repsol y Caixabank, el magistrado ha escuchado a seis testigos para conocer cómo se gestionó internamente la contratación del Grupo Cenyt en los años 2011 y 2012 para "salvaguardar los intereses" tras conocer el pacto entre Sacyr Vallehermoso y la mexicana Pemex con el objetivo de controlar el consejo de administración de la energética española. Por este trabajo, bautizado por Villarejo como 'proyecto Wine', el agente encubierto recibió 413.600 euros, de los cuáles 218.900 euros se hizo cargo la empresa de Antonio Brufau y de los 194.700 euros restantes los abonó el banco.
Para conocer los detalles de los controles internos que se siguieron antes del abono de estas facturas, el juez citó, entre otros, a los responsables de las áreas de Auditoría de la energética y del banco. Ambos directivos aseguraron en sus declaraciones que se cumplieron todos los procedimientos tanto para pagar como para adjudicar directamente un servicio al proveedor, que en este caso era Villarejo, según fuentes jurídicas presentes en la declaración.
Sin embargo, estas testificales no han hecho cambiar el criterio del Ministerio Público, que dos semanas después de escuchar a los jefes de auditoría solicita la imputación de ambas empresas del Ibex 35. Ya en el escrito en el que se pidió la práctica de estas declaraciones, los fiscales apuntaron que Repsol y Caixabank se habrían "apartado" de sus propios protocolos y normas internas. Tanto es así, que sostienen que las distintas facturas pagadas por la empresa de Brufau no respondían a sucesivos encargos, sino que en verdad era el 'troceo' de un mismo servicio, lo que permitió al que fuera jefe de Seguridad, Rafael Araujo, autorizar de forma unilateral el gasto. En el caso de la entidad financiera, Anticorrupción suma que el responsable de Auditoría advirtió de que la contratación de Villarejo presentó algunas irregularidades como "la ausencia de contrato escrito" o que "los conceptos de las facturas no describieron, en contra de las normas internas, las operaciones efectivamente recibidas".
Sin escuchar al 'compliance'
La Fiscalía pidió las declaraciones de estos trabajadores días después de que pasaran por la Audiencia Nacional -el pasado 7 de mayo- Brufau y Fainé como imputados por el delito de cohecho activo. De acuerdo a las fuentes jurídicas que estuvieron presentes estas comparecencias judiciales, el presidente de Fundación La Caixa se desligó por completo de los encargos realizados al comisario jubilado; mientras que el máximo responsable de Repsol admitió que trasladó a Fainé su intención de que las áreas de inteligencia corporativa de ambos entes abordaran la amenaza que suponía la alianza de Sacyr y Pemex. No obstante, precisó que no conocía los pormenores de cómo se llevó a cabo la tarea encomendada ya que lo dejó todo en manos de Araujo.
Fuentes cercanas a Repsol señalan que les parece "sorprendente" que Anticorrupción haya instado ya al juez que les impute sin haber escuchado antes al responsable de cumplimiento normativo de la compañía, Enrique Hernández, para que aclare en sede judicial las conclusiones de su trabajo sobre las contrataciones con el Grupo Cenyt y ponga de manifiesto que no hubo ninguna irregularidad. Cabe recordar que el que fuera jefe de Seguridad de la petrolera pidió la declaración del 'compliance' el pasado mes de abril para demostrar que los fiscales han hecho una interpretación errónea del documento de revisión de la regularidad con la que se contrató al comisario jubilado que elaboró y que además se aportó a la causa.
Distinto ánimo hay en Iberdrola, que, según fuentes empresariales consultadas, ven como una segunda victoria consecutiva el hecho de que Anticorrupción solo ponga bajo lupa los contratos con Villarejo de Iberdrola Energía Renovables, en cuyo Consejo de Administración no está Ignacio Sánchez Galán, imputado en la pieza 17 del caso 'Tándem'. Y es que hace menos de una semana el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 decidió aplazar las declaraciones como investigados de la cúpula directiva de Iberdrola, después de que la compañía planteara la nulidad de las actuaciones por no haberle dado traslado del sumario un año después de que se acumulara a la causa su querella contra el que fuera su director de Control Corporativo José Antonio del Olmo, que pasó de ser testigo a imputado.
Entre las resoluciones cuya validez cuestiona Iberdrola no sólo se encuentra las imputaciones acordadas el pasado 23 de junio del presidente de la energética, Ignacio Sánchez Galán, de su 'número dos', Francisco Martínez Córcoles, y de los exdirectivos Fernando Becker y Rafael Obergozo por el delito continuado de cohecho activo, contra la intimidad y falsedad en documento mercantil, sino también el auto dictado dos días después en el que el juez instructor pidió a Anticorrupción que informara sobre si la eléctrica debe estar personada como acusación particular -tal y como solicita- o si debe ser imputada como persona jurídica.
Facturas abonadas después de 2010
Los fiscales ya se han posicionado sobre Iberdrola, pero han hecho una importante precisión: aunque la contratación con las empresas de Villarejo se produjeron entre los años 2004 y 2017, tan solo se puede investigar por aquellos que tuvieron lugar después de 2010, año en el que se introdujo la responsabilidad penal de las personas jurídicas en el artículo 31 bis del Código Penal. Es decir, que la empresa que puede ser imputada es Iberdrola Renovables Energía, al ser la que encargó en 2011 al Grupo Cenyt espiar a la sociedad suiza Eólica Dobrogea y a su accionista mayoritario Chrisopher Kaap, y posteriormente, en 2016, localizar los bienes de estos objetivos para poder ejecutar un laudo arbitral. Por estos trabajos, que se enmarcaron en lo que se denominó 'proyecto Wind', se abonaron unos 120.000 euros.
El juez García Castellón concretó en el auto de imputación de la cúpula directiva de Iberdrola -que reproduce prácticamente el escrito de Fiscalía- que en total, entre entre 2004 y 2012, Iberdrola abonó 15 facturas por importe de 1.047.324 euros y que, tal y como reconoció el jefe de Seguridad de Iberdrola Antonio Asenjo, se manipularon los conceptos de las facturas para esconder los verdaderos trabajos de Villarejo, como los espionajes al presidente de ACS, Florentino Pérez, o al que fuera presidente de Endesa Manuel Pizarro. No obstante, sobre el 'proyecto Wind', el magistrado destaca en su resolución que solo la factura del año 2012 habría infringido las normas internas de tramitación, en cuanto a que no se encontraba amparada en ninguno de los cuatro supuestos que hasta el año 2013 justificaban las denominadas facturas sin pedido. En cambio, las dos facturas pagadas en 2017 -momento en el que Villarejo ya no era policía en activo- sí cumplen los protocolos internos, según el auto del juez.
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