La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón que acuerde la imputación como personas jurídicas de Iberdrola Renovables Energía, Repsol y CaixaBank por contratar las labores de espionaje del comisario jubilado José Manuel Villarejo que se investigan en el marco de la macrocausa 'Tándem'.
Los fiscales encargados de analizar las presuntas irregularidades de los negocios privados del expolicía han informado a favor de que incluya en la lista de investigados a las tres empresas del Ibex 35 por no seguir sus respectivos controles internos a la hora de pagar los servicios prestados por Villarejo, según ha adelantado 'El Español'. Fuentes fiscales consultadas por La Información han confirmado que los escritos interesando dichas imputaciones se han presentado ya ante el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6.
La responsabilidad penal de las personas jurídicas se introdujo en 2010 en el artículo 31 bis del Código Penal, por lo que las cotizadas sólo podrán ostentar la condición de investigadas por aquellos pagos al agente encubierto que se efectuaran después de dicha fecha. En el caso de Repsol y CaixaBank, los trabajos contratados con Villarejo tuvieron lugar en 2011 con el objetivo de frenar la alianza entre Sacyr Vallehermoso y Pemex para hacerse con el control de la energética española. Para ello, el ex policía desarrolló lo que denominó 'proyecto Wine' consistente en espiar al expresidente de la constructora Luis del Rivero y su entorno más cercano, y obtener información de la petrolera mexicana.
El magistrado lleva semanas estudiando si imputar a estas dos empresas por presuntamente eludir los controles internos a la hora de contratar al comisario jubilado. García Castellón puso encima de la mesa esta posibilidad tras escuchar a sus máximos representantes Antonio Brufau (presidente de la energética) e Isidro Fainé (presidente de La Fundación La Caixa), quienes comparecieron el pasado 7 de mayo como investigados en la pieza 21 del caso ‘Tándem’. Para profundizar en el asunto antes de tomar una decisión, el instructor citó después como testigos a los jefes de auditoría interna de ambas compañías, quienes aseguraron que no se cometió ninguna irregularidad, ya que, según su criterio, se siguieron todas las normas para el abono de las mismas y para la adjudicación directa de un servicio al proveedor, que en este caso era Villarejo, de acuerdo a fuentes jurídicas presentes en la declaración.
Anticorrupción sostiene la tesis de que se fraccionaron los pagos, ya que es el método que habría permitido al entonces jefe de Seguridad de Repsol Rafael Araujo -otro de los imputados- su autorización directa, según explicó en su escrito en el que solicitó las testificales de los auditores. Según consta en las diligencias, Villarejo y su socio Rafael Redondo se habrían hecho con información por medio de "la obtención y análisis de su tráfico de llamadas telefónicas" de los espiados sin autorización judicial para ello.
Un encargo realizado en dos partes
En cuanto a Iberdrola, los encargos a Villarejo se realizaron entre 2004 y 2017, por lo que Anticorrupción solicita que se impute a la matriz Iberdrola Renovables Energía, ya que fue la que contrató al espía en 2011 para un trabajo que se desarrolló en dos momentos diferentes ('proyecto Wind'). La primera parte se realizó al tiempo de su contratación y la finalidad era espiar a la sociedad suiza Eólica Dobrogea y a su accionista mayoritario Chrisopher Kaap, con quienes la compañía española se había aliado para poner en marcha una serie de proyectos en Rumanía y con quienes surgieron diferentes conflictos. El segundo periodo fue a partir de 2016, centrado en la localización de bienes de los anteriores objetivos para poder ejecutar el laudo arbitral que había sido favorable para la empresa española.
Se da la circunstancia de que la compañía eléctrica ha pedido al juez en varias ocasiones poder personarse en esta pieza separada número 17 de la macrocausa 'Tándem' para ejercer como acusación particular contra el que fuera su jefe de Control Corporativo José Antonio del Olmo. El ex 'controller' elaboró un informe en el que acusa directamente al presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, y a su equipo de estar al tanto de los encargos a Villarejo, unas afirmaciones que han servido de apoyo para imputar a la cúpula directiva de Iberdrola.
Así, ante los indicios de que la empresa habría obviado su propia normativa interna, a lo que se suma la petición de imputación de la misma por parte de unos de los perjudicados de los espionajes del comisario jubilado, el magistrado instructor ha solicitado al Ministerio Público que aclare si Iberdrola debe estar personada como acusación particular, tal y como solicita la compañía, o al contrario debe ser investigada como persona jurídica. Anticorrupción señala que tan sólo se pueden perseguir las facturas abonadas después de 2011, que corresponden a Iberdrola Renovables Energía.
Declaraciones aplazadas hasta resolver la situación procesal
El juez García Castellón ya apuntó en el auto de imputación de Sánchez Galán que solo la factura del año 2012 relacionada con el 'proyecto Wind' habría infringido las normas internas de tramitación, en cuanto a que no se encontraba amparada en ninguno de los cuatro supuestos que hasta el año 2013 justificaban las denominadas facturas sin pedido. No ocurre lo mismo con las dos facturas del año 2017, que sí están asociadas a un pedido y respetaron los procedimientos, según indica un informe de la unidad de cumplimiento de la eléctrica aportado a la causa.
Aún así, hasta que se resuelva cuál es la situación procesal de Iberdrola y para evitar su posible "indefensión", el magistrado instructor acordó aplazar las declaraciones como imputados de Sánchez Galán, su ‘número dos’, Francisco Martínez Córcoles, y los exdirectivos Fernando Becker y Rafael Obergozo, quienes estaban citados este martes y miércoles. Todo ello después de que la compañía eléctrica se quejara de que un año después de que se acumulara a la causa su querella contra Del Olmo no le haya dado acceso al sumario, por lo que planteó la nulidad de todas las actuaciones acordadas desde el pasado 27 de mayo, día en el que insistió sobre este aspecto.
Hemos bloqueado los comentarios de este contenido. Sólo se mostrarán los mensajes moderados hasta ahora, pero no se podrán redactar nuevos comentarios.
Consulta los casos en los que lainformacion.com restringirá la posibilidad de dejar comentarios