La Audiencia Nacional retoma, dentro del caso 'Tándem', la investigación internacional sobre el abono de una comisión de 30 millones de dólares que los navieros Pérez Maura realizaron al Gobierno de Guatemala entre 2012 y 2015 para garantizar ser los beneficiarios de una adjudicación pública. El juez instructor Manuel García Castellón ha puesto fecha para interrogar a dos de los últimos imputados en la pieza separada número 4 de la macrocausa sobre los negocios del comisario jubilado José Manuel Villarejo, denominada 'Pit', para avanzar en el rastreo de la mordida pagada por una de las empresas del Grupo Pérez y Cía al presidente Otto Pérez Molina y a su vicepresidenta Roxanna Baldetti para conseguir el contrato de la instalación y explotación de una terminal privada de contenedores en Puerto Quetzal.
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 interrogó en 2019 a los hermanos Pérez Maura y otros investigados -quienes quedaron en libertad sujeta al pago de una fianza- para esclarecer el pago de 7,5 millones de euros a Villarejo para que frenara la extradición de Ángel Pérez-Maura a Guatemala, reclamado en 2016 por el supuesto pago millonario irregular al Gobierno de Pérez Molina. El plan elaborado por el agente encubierto, bautizado como 'Pit' -de ahí el nombre que recibe la pieza separada de la macrocausa-, habría contado con la ayuda económica de otro de los imputados, el empresario Adrián de la Joya, para impulsar la candidatura a la Presidencia de Guatemala del exembajador en Estados Unidos Julio Logorría con el fin de que éste librase al naviero español de la causa por corrupción por la que estaba siendo investigado. Este 'negocio' se cerró en una reunión en Nueva York en febrero de 2017 , en la que habría participado Paul Manafort, exjefe de campaña del expresidente de Estados Unidos Donald Trump, según quedó registrado en un audio grabado por el propio comisario y que obra en el sumario de la causa.
Dos años más tarde de empezar a indagar en la intervención de Villarejo en el procedimiento abierto contra Pérez Maura, la investigación se complicó. El pasado mes de abril, el magistrado García Castellón asumió también las diligencias abiertas en el país centroamericano sobre las irregularidades presuntamente cometidas en relación a la adjudicación concedida a la mercantil Grup Maritim Terminal de Contenedores de Barcelona S.L, a través de su filial en Guatemala Terminal de Contenedores Quetzal S.A (TCQ). En este contexto, el juez ha citado el próximo 24 de noviembre a dos de los últimos imputados en esta pieza separada, según una providencia a la que ha tenido acceso La Información, para continuar con el rastreo de los 30 millones de euros 'perdidos' al otro lado del Atlántico.
Uno de los convocados es el empresario catalán Francesc Xavier Tauler -investigado también en otras causas que lleva la Audiencia Nacional como 'caso 3 por ciento', sobre la financiación irregular del partido extinto CDC, o en el 'caso Pujol'-, expresidente de la empresa Copisa Constructora Guatemala. El juez García Castellón detalló en el auto por el que acordó imputar a Tauler el 'modus operandi' de la canalización de los sobornos a Pérez Molina y la que fuera su mano derecha. Así, explicó que su participación para la obtención del contrato público portuario fue determinante, ya que su empresa fue contratada por TCQ en octubre de 2013 para que facturase a sociedades instrumentales, al menos 4,5 millones de dólares, a través de contratos de construcción que nunca llegaron a realizarse. El papel del empresario era firmar los "negocios jurídicos ficticios, esenciales para la articulación del pago ilícito de cantidades" al Gobierno guatemalteco, según la resolución adelantada por El Periódico de España.
Un pacto para guardar silencio
Para seguir indagando en las intrigas del supuesto pago millonario, el magistrado también ha citado el mismo día a José Jiménez Molina, como investigado por un delito de cohecho internacional, a quien se le atribuye la figura de intermediario en una donación al apoderado de TCQ, Juan José Suárez Messeguer, que estuvo en prisión provisional implicado en el pago de 30 millones de dólares. El magistrado ya libró una comisión rogatoria a finales de 2020 para recabar su declaración en calidad de testigo "especial", al igual que a su mujer Alejandra Ochoa. Tras su detención en 2016, el empresario español investigado por las autoridades guatemaltecas habría hecho llegar a los hermanos Pérez-Maura varios mensajes en los que subrayaba su "lealtad" y advirtió que estaba encarcelado por cumplir instrucciones sin cuestionarlas.
El juez apuntó en otra resolución dictada el pasado mes de mayo que los navieros llegaron a un "pacto de apoyo económico" con Suárez Messeguer para compensar los daños personales ocasionados, que consistiría en la transferencia de un millón de euros a una cuenta bancaria abierta en Bulgaria y a nombre de una sociedad constituida por la mujer del socio encarcelado. La persona que siguió la instrucción de Álvaro Pérez Maura para dar la orden de realizar los traspasos y poder así cumplir con el acuerdo fue Jiménez Molina, por lo que el magistrado quiere interrogarle sobre los detalles de esta dádiva. Suárez Messeguer no quedó conforme con dicha cantidad, ya que posteriormente escribió una carta a los hermanos navieros para chantajearles y exigirles una "justa indemnización" si no querían que les implicara en los hechos por los que se encuentra investigado.
Tanto Tauler como Jiménez Molina estaban citados en un principio el pasado 27 de octubre, si bien el Juzgado Central de Instrucción número 6 acordó cinco días antes aplazar las comparecencias para un mes después "visto el estado de las presentes actuaciones y por motivos de agenda", según señala la providencia, que ha podido ser consultada por este diario. El magistrado completará el 24 de noviembre con otras declaraciones de testigos-peritos previstas en el marco de otra pieza separada, la novena, sobre la contratación del comisario Villarejo durante una década por parte de BBVA.
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