El juez del caso Tándem ha reactivado la pieza más internacional del procedimiento en la que se investiga el supuesto pago de 7,5 millones de euros de los hermanos Ángel y Álvaro Pérez-Maura al comisario jubilado José Manuel Villarejo. Manuel García Castellón ha dado luz verde a la petición formulada por los navieros y les interrogará en sede judicial toda vez recabe la información tributaria que ha solicitado sobre ambos y sobre su mercantil Pérez y Cía. Los cántabros se vieron salpicados en este caso al intentar recurrir al agente para que evitara la extradición de Ángel a Guatemala, donde se investiga la adjudicación irregular de la explotación de una terminal privada de contenedores en Puerto Quetzal.
El sumario de esta pieza concreta, bautizada como 'Pit', recoge cómo el entorno de Villarejo hizo creer a los dos hermanos que tenía capacidad de influencia en la Audiencia Nacional para frenar el proceso de extradición así como de obstaculizar la investigación en el país centroamericano. Según expusieron a sus clientes, el objetivo pasaba por provocar un cambio de Gobierno en dicho país impulsando la candidatura del exembajador guatemalteco en Estados Unidos, Julio Ligorría. Para su plan, contarían con el respaldo de Paul Manafort, exasesor de Donald Trump y con quien se reunieron en diversas ocasiones a lo largo de 2016, según consta en los audios grabados por el comisario. Con todo, las pesquisas incluían también un análisis de la información de inteligencia empresarial en España, Estados Unidos y Guatemala, de cara a enfrentar la crisis reputacional que atravesaba Pérez y Cía S.A, también imputada en el procedimiento.
Por todos estos hechos se pronunciaron los Pérez-Maura en su primera declaración en sede judicial en mayo de 2019. La misma se produjo de madrugada y tras su detención en el marco de un operativo dirigido por el Juzgado Central de Instrucción número 6, aunque quedaron en libertad bajo fianza tras comparecer ante el juez. Entonces negaron tener conocimiento alguno de la ilicitud de los hechos y apuntaron que pensaban que los pagos que canalizó el entramado empresarial de Villarejo eran legales asegurando que respondían a trabajos de inteligencia. No obstante, no han vuelto a pronunciarse sobre los pormenores de esta pieza en la que también se investigan presuntos sobornos al expresidente del país Otto Pérez Molina y su segunda Roxana Baldetti para hacerse con una adjudicación irregular en Puerto Quetzal.
Tras la pista de los sobornos
Por ese motivo, y tras solicitarlo las defensas, el magistrado da luz verde a la petición y acuerda escucharles primero a ellos y después al representante legal de su mercantil. Sin embargo, el instructor todavía no fija fecha concreta porque prefiere esperar a tener en sus manos el informe solicitado a la Agencia Tributaria sobre los dos imputados en el caso. Con todo, no son los únicos que volverán a la Audiencia Nacional. Igualmente se tomará declaración de nuevo al exCEO de Grup Marítim Terminal de Contenedores de Barcelona (TCB), Javier Soucheiron, y al abogado Enrique Maestre. Ambos fueron detenidos también en el operativo liderado por la Fiscalía Anticorrupción la cual les acusa de haber participado en la entrega de dádivas de hasta 30 millones de dólares a los exmandatarios guatemaltecos y otros altos funcionarios para que TCB fuera la adjudicataria del ambicioso proyecto de construcción y explotación de la terminal de Puerto Quetzal.
Precisamente, en el marco de estas investigaciones que se siguen en Guatemala, el magistrado accede a librar una comisión rogatoria que se centrará, entre otros aspectos, en la figura de Juan José Messeguer. Se trata del apoderado de TCB, el cual, según recuerda el magistrado en su auto, está siendo investigado en aquel país. Por ese motivo aclara que una de las finalidades de la comisión es recabar su declaración. La misma se hará en calidad de testigo "especial" puesto que ya está bajo la lupa de las autoridades guatemaltecas, según especifica el instructor en el auto al que ha tenido acceso La Información. A su declaración se le añade la que se tomará en España a su mujer María Alejandra Ochoa; una diligencia que considera "clave" para esclarecer el grado de implicación de Messeguer en este presunto sistema de sobornos.
Las donaciones, en el punto de mira
Con todo, la investigación también se abre hacia una nueva vía, tal y como recoge el auto. El magistrado accede a la petición formulada por los fiscales al frente del caso y ordena recabar cerca de una quincena de protocolos notariales sobre donaciones que los hermanos navieros hicieron a sus hijos y familiares más directos entre los años 2016 y 2019. Así, por ejemplo, Anticorrupción pone el foco en una donación de 2,5 millones de euros que Ángel Pérez-Maura hizo a su pareja siendo el objeto de la operación 'Fondos de Inversión' o tres donaciones a sus hijos por importe total superior a los 4,5 millones de euros. Igualmente se recogen operaciones de su hermano Álvaro hacia sus hijos así como una cesión de un millón de euros de Soucheiron a su esposa en el año 2016.
En lo que respecta a la parte más ligada al entramado de Villarejo, el instructor encarga a la Policía Judicial de la causa que complete un oficio del pasado mes de julio en relación con las posibles consultadas efectuadas desde bases de datos policiales sobre las personas implicadas en el proyecto Pit. Los investigadores actúan contra Villarejo y personas de su círculo más cercano dentro de la Policía al considerar que integraron toda una red y que se sirvieron de los medios policiales en calidad de funcionarios activos dentro del cuerpo para sacar adelante sus encargos de espionaje privado, lo que sería constitutivo de delitos de cohecho, corrupción en los negocios o revelación de secretos. En este caso concreto, pide que se centren las pesquisas en las búsquedas que giraron en torno a Ángel Pérez Maura, Súarez Messeguer y otras personas implicadas en la causa como Mauricio Garín y Jonathan Harry.
Esta nueva batería de diligencias llega incluso hasta el Banco Mundial puesto que García Castellón reclama a la Corporación Financiera Internacional (dependiente de dicho órgano) que entregue toda la documentación que tenga en su poder sobre los mecanismos de control y legalidad efectuados antes de intervenir en el accionariado de TCQ, toda vez que contaba aproximadamente con el 15% del capital social. Finalmente, acuerda también una serie de testificales de empleados vinculados a las mercantiles investigadas en la causa tal, dando luz verde a la petición de APM Terminals. La empresa es una filial del gigante danés Maersk y figura en la acusación particular en este procedimiento tras haber adquirido en el año 2015 el 61,3% de las participaciones del capital social de Grup Marítim TCB por 960 millones. De hecho, la compañía reclamó una fianza récord de 764 millones de euros a Pérez y Cía al denunciar que se les ocultó que la empresa era objeto de una investigación por un caso de corrupción si bien el instructor rechazó la petición.
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