El juez Ruz preguntará a Pujol Ferrusola por sus 32 millones en paraísos fiscales

El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz interrogará mañana lunes al hijo mayor del expresidente de la Generalitat de Cataluña, Jordi Pujol Ferrusola, para tratar de aclarar las operaciones que efectuó entre 2004 y 2012, para recibir o enviar más de 32 millones de euros a diferentes paraísos fiscales.
El hijo del expresidente catalán y su exesposa, Mercè Gironès Riera, están citados a declarar como imputados para explicar, entre otras cosas unas las supuestas comisiones ilegales que pagaron hasta 17 empresas privadas, todas ellas contratistas de administraciones públicas de Cataluña, a tres sociedades del hijo del ex presidente catalán por servicios falsos. En cuatro años, esas tres sociedades ingresaron de las 17 empresas privadas más de ocho millones de euros.
Según el auto del magistrado del pasado 9 de abril de 2013 durante esos años, Pujol realizó un total de 118 operaciones por un monto total de 32,4 millones de euros utilizando tres entidades financieras y cinco empresas.
Así constaba en un informe de la Agencia Tributaria que detalla los movimientos financieros del hijo mayor de los siete del expresidente de la Generalitat, Jordi Pujol. El juez sospecha que las operaciones de importación y exportación citadas pueden ser "indicativos de percepción de rentas en el exterior".
Las operaciones se realizaron a nombre del propio Jordi Pujol Ferrusola o de alguna de las empresas con las que tenía relación directa como "socio, administrador o autorizado en cuentas bancarias" en paraísos fiscales y otros países tales como Andorra, Suiza, Liechtenstein, Islas Caimán, Luxemburgo, Croacia, Argentina, Uruguay, Estados Unidos, México, Francia, Reino Unido y Gabón.
Las operaciones se realizaron a través del BBVA, el Banco Mediolanum y Credit Suisse. Las sociedades mercantiles citadas en el auto son Inter Rosario Port Services S.A; Iniciatives Marketing i Inversiones S.A.; Iberoamericana de Business and Marketing S.A.; Project Marketing Cat S.L., y Active Translation S.A..
Por la tarde, el juez instructor ha citado a declarar a la exesposa de Pujol, Mercè Gironès, también imputada en este caso. Ambos imputados comparten el mismo abogado. En el interrogatorio estarán presentes la fiscal, el abogado defensor y un representante de la Abogacía del Estado, cuya personación autorizó el pasado viernes el juez por entender que la Agencia Tributaria puede estar directamente perjudicada por un delito fiscal.
En la apertura de esta investigación fue decisiva la declaración de la antigua novia del político, María Victoria Álvarez quien afirmó ante el juez que había participado en el traslado de dinero en efectivo entre Andorra y Madrid con Pujol Ferrusola y que juntos realizaron desplazamientos a Andorra con una mochila llena de billetes de 500 euros.
La investigación sobre las transacciones financieras de los Pujol se está llevando en el Juzgado de Instrucción nº5 de la Audiencia Nacional, a cargo de Pablo Ruz, y también en un juzgado de Barcelona.
Ruz ha enviado una comisión rogatoria a las autoridades andorranas. La juez del principado pirenaico, en un auto firmado el pasado 28 de agosto y remitido a la Audiencia Nacional da un plazo de 30 días a la entidad donde el hijo del expresidente catalán tiene depositados sus fondos, para que le envíe la documentación solicitada por el juez Ruz a finales del pasado julio.
La jueza de Barcelona ya ha cursado también una comisión rogatoria a Suiza y Andorra para que bancos de ese país informen sobre fondos de todos los miembros de la familia, ha requerido el legado de Florenci Pujol, así como las declaraciones de IRPF y Patrimonio de todos los miembros de la familia.
El magistrado de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz remitió el pasado lunes un escrito al juez Pablo Ruz en el que le pide información sobre la causa que tiene abierta en su juzgado a Jordi Pujol Ferrusola y su exmujer, antes de decidir si le cede la querella de Podemos en contra de los Pujol.
Pedraz recibió la pasada semana, por reparto, la querella presentada por Podemos y otros colectivos contra Jordi Pujol, su familia y varios empresarios relacionados con la fortuna del ex presidente.