El presidente de Adade: "Me vale más lo que Rajoy diga ante un juez"

  • La Asociación de Abogados Demócratas de Europa (Adade) lleva 25 años acusando en la sombra. Carlos Dívar, la AVT, magistrados de la Audiencia Nacional y Luis Bárcenas han estado en su punto de mira. Su última propuesta: que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, testifique ante el juez por los sobresueldos del PP.

Madrid, 28 jul.- La Asociación de Abogados Demócratas de Europa (Adade) lleva 25 años acusando en la sombra. Carlos Dívar, la AVT, magistrados de la Audiencia Nacional y Luis Bárcenas han estado en su punto de mira. Su última propuesta: que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, testifique ante el juez por los sobresueldos del PP.

Mariano Benítez de Lugo, uno de los fundadores y presidente de honor de esta asociación nacida en 1988 a la vera del PSOE europeo, lleva personalmente la acusación popular del caso Gürtel y su pieza sobre los papeles de Bárcenas, culpables de que se aplace su ya tardía jubilación, según relata en una entrevista a Efe.

Del castizo Chamberí, este abogado de 72 años invierte gran parte de sus horas en Gürtel y se ha atrevido a pedir la citación de Rajoy y su predecesor José María Aznar. Sobre el primero aún se tiene que pronunciar el juez Pablo Ruz, que ya ha rechazado llamar al segundo.

"En el Parlamento Rajoy puede contar lo que quiera, pero como testigo ante un juez no puede si no decir la verdad", afirma rotundo. Por ello le "vale más" lo que declare en el juzgado que lo que afirme en su comparecencia en el Congreso el próximo jueves.

Al PP, dice, "le da pánico" que testifique el presidente, quien podría hacerlo en su despacho o incluso por escrito, aunque esta última opción sería peor porque "reflejaría una postura huidiza".

Adade también pidió la declaración como testigos de otros cargos del PP que aparecen como receptores en los papeles de Bárcenas (María Dolores de Cospedal, Javier Arenas y Francisco Álvarez Cascos), para que, explica el letrado, digan si es cierta la versión del extesorero de que recibieron dinero negro.

Si lo niegan, añade, "la situación se aboca a un careo" entre los altos cargos populares y Bárcenas. "Nos tiene especial cariño", ironiza sobre este último, a quien denunció por amenazarle el pasado 27 de junio, cuando fue el primero en pedir al juez que le metiera en la cárcel bajo fianza. Finalmente, y ante su sorpresa, las fiscales de Gürtel elevaron la petición a prisión incondicional.

Ese día, ni Bárcenas ni su entonces abogado pensaban que iría a la cárcel tras declarar por sus cuentas en Suiza. "Fue una situación muy tensa, él pensaba que se iba a marchar a casa", reconoce Benítez de Lugo. Días después, el extesorero le pidió perdón siguiendo el consejo de su nuevo abogado, Javier Gómez de Liaño.

Para el presidente de Adade, la actuación de la Fiscalía en Gürtel y los papeles de Bárcenas (los llevan fiscales diferentes) tiene "luces y sombras", aunque reconoce que el Gobierno "se implica, pero no de forma minuciosa" de manera que los fiscales "tienen cierta autonomía".

El cambio de estrategia de defensa de Bárcenas, que siempre negó la autoría de los papeles y la contabilidad B hasta que hace dos semanas decidió reconocer ambas cosas, ha supuesto un giro "radical" a la instrucción.

En su opinión, el extesorero "ha dicho la verdad, pero no toda. Tiene munición en la recámara". Se refiere a las donaciones de empresarios, que si bien reconoció que existían, no las atribuyó a comisiones a cambio de adjudicaciones públicas, con lo que el cohecho es más difícil de demostrar.

"Bárcenas no era el gran urdidor, lo era Álvaro Lapuerta, que lo visaba todo", opina además respecto a la persona que ejercía de tesorero cuando Bárcenas era gerente del partido.

Para Pablo Ruz, tiene en general buenas palabras ("un juez sólido y muy trabajador, dicta de quince a veinte resoluciones diarias"), aunque cree que peca de "seguidismo" de las peticiones de los fiscales.

En su despacho color madera y olor a pipa, Benítez de Lugo defiende el papel de las acusaciones populares -en el caso Bárcenas hay cinco-. Desempeñan, dice, una "función básica en el Estado de Derecho", por lo que critica la reforma que plantea el Gobierno para limitarlas.

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