Los Presupuestos Generales del Estado de 2023 ya están en marcha. Hacienda ha pedido a los ministerios que comiencen a elaborar las fichas, que son las peticiones que hacen a María Jesús Montero para incluir en el proyecto de ley. Las que podrían ser las últimas cuentas públicas de la legislatura arrancarán, de esta forma, con la ya tradicional negociación interna en el Gobierno, unas conversaciones que, de entrada, no serán sencillas. Unidas Podemos quiere dejar su impronta en la ley más importante del año, de forma que sea la carta de presentación para las elecciones generales. Pero desde la parte del PSOE ya avisan que la prioridad será la recuperación económica y que, aunque la intención es cumplir con la mayoría de los compromisos del pacto de coalición, no es de esperar una subida masiva de impuestos a grandes empresas y fortunas.
Hacienda guarda bajo llave las conclusiones del comité de expertos que montó 'ad hoc' y que sirvió para aplazar la subida fiscal a determinadas rentas y sectores tras lo peor de la pandemia. En este momento la ministra Montero no tiene intención de recuperar la mayoría de las propuestas mientras la guerra en Ucrania siga golpeando con fuerza a todos los países europeos y, por supuesto, a España. La invasión de Putin no va a parar o, al menos, en el Gobierno no tienen expectativa de que vaya a suceder a corto o medio plazo, de ahí que la prioridad absoluta para Moncloa y el área económica sea en este momento recuperar el PIB prepandemia. El propio ministro de Exteriores, José Manuel Albares, ha hablado de un conflicto que puede durar años y años.
Hacienda sigue insistiendo oficialmente en que reforma fiscal habrá esta legislatura pero con un matiz: será lo profunda que permita la coyuntura. Los plazos se agotan y las posibilidades ya son más bien escasas. Aprobar los PGE de 2023 no va a resultar sencillo en un escenario preelectoral y convalidar las cuentas públicas de 2024 se antoja aún más complicado coincidiendo con la convocatoria natural de las próximas generales, fecha que repite una y otra vez Pedro Sánchez: diciembre de 2023.
Para Unidas Podemos el momento actual es, por tanto, vital. Ven los Presupuestos del próximo año como la última gran oportunidad para intentar aprobar una reforma fiscal que se aproxime a los compromisos adquiridos en el pacto de coalición firmado por Sánchez y Pablo Iglesias. Quedan puntos por cumplir y prometen dar la batalla en esta negociación que se va a abrir entre Hacienda y el área que dirige Yolanda Díaz.
Hacienda insiste, sin embargo, en que la incertidumbre es máxima y que lo oportuno es pensar de trimestre en trimestre. Un alto cargo del ministerio advierte que el ciudadano no espere grandes anuncios tributarios en el próximo proyecto de ley. Algún gesto, probablemente, sí habrá. Pero no un planteamiento de máximos. El objetivo, repiten, sigue siendo la recuperación y el Gobierno va a seguir orientando la política fiscal hacia ello.
El informe de los expertos no fue fácil de consensuar. Hubo dimisiones, como la de Carlos Monasterio. Pero las conclusiones fueron claras: unificar el IVA, reducir beneficios en el IRPF, un mínimo común en Patrimonio, equiparar el diésel a la gasolina y una rebaja de los impuestos sobre la electricidad, ya en vigor por el incremento de los costes energéticos. La decisión de María Jesús Montero fue agradecer el trabajo del comité y, a continuación, guardar en un cajón su libro blanco. La propia vicepresidenta Tercera, Teresa Ribera, ha afirmado en los últimos días que la fiscalidad verde se encuentra en este momento en entredicho por la situación económica.
El PSOE, con esta actitud de perfil bajo, lanza un órdago a Unidas Podemos en plena tensión tras lo ocurrido esta semana en el Congreso con la Ley Audiovisual. Por primera vez los partidos de la coalición han votado diferente en una iniciativa legislativa que ha partido del Gobierno, algo que el PSOE espera que se trata de una "anécdota". Pero UP quiere ser contundente con la reforma fiscal y considera que hay figuras fiscales que deben revisarse de manera inmediata. Por ejemplo, la tasa rosa, que se ha quedado fuera de la reforma de la Ley del Aborto. O las dos medidas estrella de Ione Belarra: la prestación de 100 euros para todas las madres y la ampliación a seis meses de los permisos de maternidad y paternidad. Estas cuestiones ya fueron objeto de debate en los últimos PGE y quedaron fuera.
Los de Yolanda Díaz ponen el foco esencialmente en la tributación de las grandes empresas y de las grandes fortunas. En este sentido su estrategia pasa por negociar algunas de las medidas contempladas en el acuerdo de Gobierno: una tributación especial en Sociedades del 18% para las entidades financieras y empresas de hidrocarburos, así como intentar arañar al PSOE una reforma de la fiscalidad de las grandes fortunas. El famoso impuesto a los ricos de Podemos.
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